poder-derecho-justicia
30.6.12
29.6.12
"El acto de reflexión es un acto de liberación" (Humberto Maturana)
Comparto esta excelente entrevista a Humberto Maturana en la que entre otras cosas habla sobre lo que él llama "la tentación de la certidumbre". En la entrevista, Maturana explica la diferencia entre saber y conocer y los riesgos e implicaciones del "saber". Aludir a que "se sabe" o se posee un "saber", dice, implica certidumbre y la certidumbre niega la reflexión: "en tanto sabes, no reflexionas".
Más adelante, nos dice Maturana:
"Si tú te preguntas sobre los fundamentos de tu hacer, por supuesto que cambias el hacer, entonces, no puedes reflexionar. El acto de reflexión, de preguntarse qué fundamentos tengo para pensar(lo) (mi hacer), es un acto de liberación."
"¿Cómo sé yo lo que digo que sé?. ¿Qué es lo que lo valida? ¿Cuál es el criterio de validación?"....
Seguimos. (Gracias a Libros Colgados por la entrevista).
Más adelante, nos dice Maturana:
"Si tú te preguntas sobre los fundamentos de tu hacer, por supuesto que cambias el hacer, entonces, no puedes reflexionar. El acto de reflexión, de preguntarse qué fundamentos tengo para pensar(lo) (mi hacer), es un acto de liberación."
"¿Cómo sé yo lo que digo que sé?. ¿Qué es lo que lo valida? ¿Cuál es el criterio de validación?"....
Seguimos. (Gracias a Libros Colgados por la entrevista).
columna: La pregunta equivocada (Érika Fontánez Torres)
Comparto mi columna de hoy en:
La pregunta equivocada - El Nuevo Día
Éste es el caso del referéndum que propone socavar nuestro derecho a la fianza. Los candidatos principales, faltos de ideas, llanos en sus propuestas, fracasados en sus quehaceres, nos piden sin más que aceptemos renunciar a un derecho que tiene en sus entrañas el “todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario”. La pregunta será: ¿favorece la enmienda a la Constitución de Puerto Rico sobre la fianza? Habría que preguntarse si es esa la pregunta que necesitamos contestar y cuáles otras quedan opacadas.
A esta altura podemos afirmar que el derecho a la fianza no tiene implicaciones sobre los niveles de criminalidad y violencia que vivimos. Entonces, ¿por qué los candidatos a la gobernación que apoyan esa enmienda concentran ahí el problema? ¿Por qué nos piden que renunciemos a la garantía de que no se nos encarcele antes del juicio sin derecho a la fianza? Y esto precisamente en un estado de corrupción en la fuerza policial, sin unidades de investigación eficaces ni confiables y sin propuestas serias sobre cómo atajar la violencia y el narcotráfico que nos acecha. Se trata pues de una pregunta falaz, chantajista y prejuiciada contra gran parte de la población.
Peor, se trata de una forma de evitar dar cuenta del descalabro y de explicitar -en año eleccionario- propuestas para atender los problemas de raíz: la desigualdad y la criminalidad, la violencia entendida ampliamente, la desigualdad en el acceso y calidad de la educación, el desempleo, un sistema de justicia criminal pésimo bajo la premisa fallida de “mano dura”, la corrupción de los políticos y de la Policía, y el egoísmo burdo de individuos y familias que se benefician a costa de la miseria y bancarrota del país.
Luego de décadas con la misma receta ante el alza en la criminalidad y el tráfico de drogas, seguimos con el mismo tratamiento fallido, vivimos un deterioro vertiginoso en nuestra calidad de vida y aumenta la criminalización y discriminación de los mismos sectores sociales. Se echan a pérdida generaciones de jóvenes que cuentan con pocas opciones de vida, mientras se le da un tratamiento privilegiado a quienes tienen suficiente poder.
En ciudades con altísimos niveles de violencia en el pasado, como en Medellín, han atendido exitosamente el tema mediante políticas innovadoras reconocidas internacionalmente: participación ciudadana, políticas educativas incisivas, presupuestos participativos, entre otras. En eventos traumáticos como el año pasado en Noruega, el primer ministro reaccionó al asesinato de 77 jóvenes afirmando que ante esa atrocidad la respuesta sería aún más democracia y mayor participación, no menos derechos o estados de excepción. Hay ejemplos que demuestran que hay otras formas de hacer las cosas.
El diseño constitucional debe atender la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al Estado, debe ser un contrato político que salvaguarde a los más débiles, pensando en que todos podemos ser víctimas de la violencia estatal. Es en la crisis cuando más celosos debemos ser con nuestros derechos y más reflexivos antes de renunciarlos. En el colapso, sólo nos queda el derecho a tener derechos. Un gobierno fallido es precisamente ese del cual deberíamos protegernos y tener la más aguda sospecha.
A los políticos, devolvámosle su pregunta. A la pregunta de si le daremos a un gobierno en ruinas -o a un partido opositor igualmente fracasado y falto de propuestas- otra carta en blanco que incide sobre nuestra libertad y presunción de inocencia, respondamos “no”. Que no nos subestimen, que contesten ellos las preguntas.
La pregunta equivocada - El Nuevo Día
29 de junio de 2012
La pregunta equivocada
ÉRIKA FONTÁNEZ TORRES
Apunta Slavoj Zizek, famoso filósofo contemporáneo que “no sólo hay respuestas equivocadas, sino que también hay preguntas equivocadas”. Y es que para problemas complejos no sólo hay que analizar las alternativas, sino que también hay que fijarse en cómo definimos el problema. Los problemas que enfrenta el país son caricaturizados por los políticos y candidatos a la gobernación a su conveniencia, con el resultado perverso de nunca llegar a la discusión y adopción de las políticas públicas que necesitamos.Éste es el caso del referéndum que propone socavar nuestro derecho a la fianza. Los candidatos principales, faltos de ideas, llanos en sus propuestas, fracasados en sus quehaceres, nos piden sin más que aceptemos renunciar a un derecho que tiene en sus entrañas el “todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario”. La pregunta será: ¿favorece la enmienda a la Constitución de Puerto Rico sobre la fianza? Habría que preguntarse si es esa la pregunta que necesitamos contestar y cuáles otras quedan opacadas.
A esta altura podemos afirmar que el derecho a la fianza no tiene implicaciones sobre los niveles de criminalidad y violencia que vivimos. Entonces, ¿por qué los candidatos a la gobernación que apoyan esa enmienda concentran ahí el problema? ¿Por qué nos piden que renunciemos a la garantía de que no se nos encarcele antes del juicio sin derecho a la fianza? Y esto precisamente en un estado de corrupción en la fuerza policial, sin unidades de investigación eficaces ni confiables y sin propuestas serias sobre cómo atajar la violencia y el narcotráfico que nos acecha. Se trata pues de una pregunta falaz, chantajista y prejuiciada contra gran parte de la población.
Peor, se trata de una forma de evitar dar cuenta del descalabro y de explicitar -en año eleccionario- propuestas para atender los problemas de raíz: la desigualdad y la criminalidad, la violencia entendida ampliamente, la desigualdad en el acceso y calidad de la educación, el desempleo, un sistema de justicia criminal pésimo bajo la premisa fallida de “mano dura”, la corrupción de los políticos y de la Policía, y el egoísmo burdo de individuos y familias que se benefician a costa de la miseria y bancarrota del país.
Luego de décadas con la misma receta ante el alza en la criminalidad y el tráfico de drogas, seguimos con el mismo tratamiento fallido, vivimos un deterioro vertiginoso en nuestra calidad de vida y aumenta la criminalización y discriminación de los mismos sectores sociales. Se echan a pérdida generaciones de jóvenes que cuentan con pocas opciones de vida, mientras se le da un tratamiento privilegiado a quienes tienen suficiente poder.
En ciudades con altísimos niveles de violencia en el pasado, como en Medellín, han atendido exitosamente el tema mediante políticas innovadoras reconocidas internacionalmente: participación ciudadana, políticas educativas incisivas, presupuestos participativos, entre otras. En eventos traumáticos como el año pasado en Noruega, el primer ministro reaccionó al asesinato de 77 jóvenes afirmando que ante esa atrocidad la respuesta sería aún más democracia y mayor participación, no menos derechos o estados de excepción. Hay ejemplos que demuestran que hay otras formas de hacer las cosas.
El diseño constitucional debe atender la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al Estado, debe ser un contrato político que salvaguarde a los más débiles, pensando en que todos podemos ser víctimas de la violencia estatal. Es en la crisis cuando más celosos debemos ser con nuestros derechos y más reflexivos antes de renunciarlos. En el colapso, sólo nos queda el derecho a tener derechos. Un gobierno fallido es precisamente ese del cual deberíamos protegernos y tener la más aguda sospecha.
A los políticos, devolvámosle su pregunta. A la pregunta de si le daremos a un gobierno en ruinas -o a un partido opositor igualmente fracasado y falto de propuestas- otra carta en blanco que incide sobre nuestra libertad y presunción de inocencia, respondamos “no”. Que no nos subestimen, que contesten ellos las preguntas.
24.6.12
¿Quienes son "los criminales"? ¿Dónde está "lo criminal"?
Proponer una enmienda constitucional que limita el derecho a la fianza requiere, como mínimo, una conversación pública en la que se ofrezcan detalles sobre cómo la imposición de la fianza es un óbice para la seguridad de los y las ciudadanas, cómo ésta incide en la comisión y reincidencia de delitos y más generalmente, cómo este derecho implica un alza o un escollo para atender el problema de la criminalidad.
Mucho de esto ha sido discutido por la Sociedad para la Asistencia Legal, entidad que ofrece representación legal a quienes no cuentan con los medios para estar representados por abogados o abogadas en los procesos criminales que enfrentan. Los datos que ofrece la SAL son inequívocos y afirman que en efecto, el derecho a la fianza no está de ninguna manera relacionado ni a la reincidencia de delitos, ni a la no presentación a juicio de aquel o aquella que fue citado bajo fianza, o al alza en la criminalidad.
Mucho de esto ha sido discutido por la Sociedad para la Asistencia Legal, entidad que ofrece representación legal a quienes no cuentan con los medios para estar representados por abogados o abogadas en los procesos criminales que enfrentan. Los datos que ofrece la SAL son inequívocos y afirman que en efecto, el derecho a la fianza no está de ninguna manera relacionado ni a la reincidencia de delitos, ni a la no presentación a juicio de aquel o aquella que fue citado bajo fianza, o al alza en la criminalidad.
Pero además de esto, es importante retomar una discusión más amplia: aquella sobre el fenómeno de la criminalidad, la construcción del sujeto criminal, ese que delinque, que está sujeto al encierro y algunos y algunas inarticuladamente catalogan como residuos o excedentes de una sociedad que bien pudiera prescindir de ellos. Hago referencia a una entrada anterior en la que problematizaba ese binomio ellos/nosotros, presente en esta discusión sobre la fianza aunque de maneras conspicuas.
Retomo la pregunta: ¿Quienes son los y las sujetos criminales en el Puerto Rico de hoy? ¿Cómo y por qué estos sujetos delinquen? ¿Cuál es el imaginario del criminal, de lo criminal, que activan quienes una vez más proponen como remedio la limitación del derecho a la fianza?
Retomo la pregunta: ¿Quienes son los y las sujetos criminales en el Puerto Rico de hoy? ¿Cómo y por qué estos sujetos delinquen? ¿Cuál es el imaginario del criminal, de lo criminal, que activan quienes una vez más proponen como remedio la limitación del derecho a la fianza?
Como mínimo, habría que retomar aquel análisis que en diferentes momentos hizo la profesora Madeline Román sobre "lo criminal", la criminalidad y el Estado en Puerto Rico. Dos referencias son obligadas en este deja vu de la fianza: Lo criminal y otros relatos de ingobernabilidad (1998) y Estado y Criminalidad (1993). Entre otras cosas, Román nos lanzaba preguntas como:
"¿Qué tal si lo criminal es ese significante a través del cual se administran los desechos contemporáneos, "el control racional de los residuos", los desperdicios de la "fábrica del orden"?.* *Como cuando, en el contexto de las ejecuciones y los asesinatos vinculados al narcotráfico y consumo de drogas, algunos señalan "déjenlos que se maten entre ellos mismos". Subjetividad que se expresa en la indiferencia de (la) Policía de Puerto Rico a la hora de investigar aquellos casos de muertes entre sectores que se presumen "son parte del problema" del narcotráfico y de manera general, en las formas en que el sistema de justicia criminal parecería ser la única instancia a ocuparse de las poblaciones excedentes contemporáneas."
(En Lo criminal y otros relatos....página 11 y nota 31. Citas omitidas).
¿Quienes son esos y esas que constituyen "lo criminal" ante lo cual se nos invita a reaccionar? ¿Son acaso los excedentes de una sociedad que se hace cada vez más ingobernable, incontrolable y autoexcluyente desde sus propias entrañas? ¿Acaso esos y esas, ellos, son aquellos para los que los y las gobernantes y candidatos principales no tienen propuestas educativas, de empleo, de inclusión social, esos y esas que los gobernantes y candidatos principales echaron a pérdida y para los cuáles no habría que pensar la Constitución, según la lógica de una columna reciente?.
Para hablar de la fianza y antes de renunciar derechos, es imperativo echarle un vistazo a la población y demografía en las cárceles del país, la sentenciada y la sumariada. ¿Cuál es su perfil? ¿Qué tienen en común? ¿Cuáles son sus historias de vida? ¿Con qué contaron y con qué cuentan?. Estoy segura que hay muchas personas y expertos/as que pueden aportar a esta discusión. Por lo pronto, me aventuré a buscar estadísticas en la Internet e Informes de las agencias correccionales. Lo que encontré es muy poco consistente, muchas veces está incompleto y casi nunca analizado.
Dejo por aquí unos datos de la población penal a julio de 2008 que arroja luz sobre asuntos como el género, nivel educativo, el porciento de desempleo al momento de delinquir, el nivel de ingreso formal y la reincidencia. Además, los tipos de delitos de mayor frecuencia. Con este cuadro habría que hacer algunos vínculos y propiciar una buena discusión, unir los puntos y armar el rompecabezas. No hay que ser muy empírico para atisbar algunas conclusiones.
Siguen los datos que seleccioné y habría que encontrar los más recientes. Entonces, ¿Qué hacemos con estas "verdades"? ¿Nos sirven para tener alguna discusión sobre propuestas en este año eleccionario?
Siguen los datos que seleccioné y habría que encontrar los más recientes. Entonces, ¿Qué hacemos con estas "verdades"? ¿Nos sirven para tener alguna discusión sobre propuestas en este año eleccionario?
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Perfil de la Población Correccional Total Sentenciada al 30 de junio (Anual; 2008) Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Oficina de Desarrollo Programático
-Datos
de un total de 10,550 (A mayo de 2012 son 13,640) confinados sentenciados. La información se logró
de la base de datos de la Agencia, denominada Control de Población y
corresponde a la población activa dentro de las instituciones correccionales al
1ro de julio de 2008. El trabajo
contiene un análisis estadístico descriptivo de aspectos, tales como: delito,
sentencia, fianza, institución correccional, género, veces de reincidencia,
edad, grado escolar, alfabetismo, ocupación, características sociales, entre
otros.
-Género: El 97.38% de los confinados estudiados pertenecen al género masculino y un 2.62% corresponde al femenino.
-Edad: La población correccional total sentenciada, al 1 de julio de 2008, contaba con una mediana de edad de 32 años. Entre las edades de 16 a 19 años había 30 casos, lo que representa un .28% del total de convictos que informaron. El 11.69% (1,232) de los confinados se ubicaban en el intervalo de 20 a 24 años, mientras que un 25.55% estaba entre los 25 a 29 años de edad. Un total de 6,582 (62.46%) casos se hallaban en la categoría de 30 años o más.
En lo que respecta a las confinadas sentenciadas, de las 277 observadas, 27 (9.74%) casos se encontraban en el grupo de edad de 20 a 24 años. En la categoría de 25 a 29 años había 71 casos para un 25.63%. El subconjunto de 30 a 34, sumó 59 (21.29%) y un total de 120 tenían 35 años o más, lo que representa un 43.32% de las confinadas incluidas en el informe.
-Edad: La población correccional total sentenciada, al 1 de julio de 2008, contaba con una mediana de edad de 32 años. Entre las edades de 16 a 19 años había 30 casos, lo que representa un .28% del total de convictos que informaron. El 11.69% (1,232) de los confinados se ubicaban en el intervalo de 20 a 24 años, mientras que un 25.55% estaba entre los 25 a 29 años de edad. Un total de 6,582 (62.46%) casos se hallaban en la categoría de 30 años o más.
En lo que respecta a las confinadas sentenciadas, de las 277 observadas, 27 (9.74%) casos se encontraban en el grupo de edad de 20 a 24 años. En la categoría de 25 a 29 años había 71 casos para un 25.63%. El subconjunto de 30 a 34, sumó 59 (21.29%) y un total de 120 tenían 35 años o más, lo que representa un 43.32% de las confinadas incluidas en el informe.
-Ingreso Económico: Los confinados que reportaron que no recibían ingreso anual agrupan el 86.83% (8,883) del total de 10,231 casos que informaron. En cuanto a la población femenina, el 97.06% (265) indicó que no recibía ingresos.
-Adicción A Drogas: El total de casos que manifestó tener problemas con el consumo de sustancia controladas alcanzó los 3,975 (53.88%). Estos se distribuyen como sigue: 67.72% usuario, 17.63% abusador y 14.64% dependiente. El 30.07% de los confinados no proveyó datos sobre este aspecto.
-Educación y grado escolar: La mediana de grado escolar para la población correccional sentenciada, al 1ro. de julio de 2008, fue de 10mo. grado.
-El 11.93% de 8,826 confinados que informaron, había completado entre el 1ro. y 6to. grado de escuela elemental, el 30.78% finalizó entre el 7mo. y 9no. grado y el 48.67% concluyó entre el 10mo. y 12mo. grado. Un 6.13% alcanzó un grado asociado o créditos universitarios. Otro 1.08% (95) ostenta el grado de bachillerato, maestría o doctorado y .74% cursos vocacionales u otros. Hubo además, 59 (.67%) convictos que no habían logrado ningún grado escolar.
Con una educación de entre 7mo. y 9no. grado se hallaba el 58.62% (17) de los casos con edades de 19 a 20 años que informaron. Solamente el 26.21% de los 1,126 confinados cuyas edades fluctúan entre 20 y 24 años había completado 12mo. grado o más. (Tabla 4) De los 2,305 que se ubicaban en el intervalo de edad de 25-29 años, el 69.89% había obtenido el entre 10mo. y 12mo. grado. Con 12mo. grado o más finalizado se encontraba el 46.83% de los 5,353 casos mayores 29 años.
-Grado escolar y género: La mediana de grado escolar para los 8,575 casos del sector masculino en la población sentenciada se ubicó en el 11mo. grado. En cuanto a la población femenina, ésta alcanzó el 10mo. grado, lo que representa un grado por debajo de los varones. (Tabla 5, Gráfica 5)
-Status de empleo: De los 10,550 confinados sentenciados, el 15.92% tenía empleo al momento de cometer los hechos y el 84.08% estaba desempleado. El 93.60% de los 8,870 desempleados no indicó la profesión u oficio que poseía. (Tabla 6, Gráfica 6)
La categorías ocupacionales que congregaron el mayor número de personas empleadas fueron la de construcción, con 504 (31.25%); empleados de servicio, con 240 (14.88%); mecánico, con 120 (7.44%) y barbero con 63 (3.91%).
-Delitos
a. Delitos contra la Vida 17.16 %
b. Delitos contra la Propiedad 31.47 %
c. Infracción a la Ley Sustancias Controladas 19.82 %
d. Otros No Enumerados 13.48
- Tentativa y otros delitos 65.59
- Violencia Doméstica 34.41
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