25.6.10

Editorial de El Nuevo Día: Abuso de poder contra la UPR

25 Junio 2010

ABUSO DE PODER CONTRA LA UPR

http://www.elnuevodia.com/columna-abusodepodercontralaupr-729921.html

La aprobación legislativa y la firma “fast track” por parte del Gobernador de la disposición que aumenta el número de miembros de la Junta de Síndicos de la UPR, revela un preocupante afán de control gubernamental puro y duro y un esfuerzo por garantizarle a la intransigencia gerencial un espacio hegemónico en la Universidad.

La aprobación legislativa y la firma “fast track” por parte del Gobernador de la disposición que aumenta el número de miembros de la Junta de Síndicos de la UPR, revela un preocupante afán de control gubernamental puro y duro y un esfuerzo por garantizarle a la intransigencia gerencial un espacio hegemónico en la Universidad.Gobernar es misión harto difícil que ha de realizarse con cautela y pudor, ejercicio al que estuvieron ajenos la mayoría parlamentaria y el Gobernador al aprobar esta festinada ley. De hecho, la aprobación de la medida y la confirmación de los cuatro síndicos adicionales -hechas a una velocidad que ya quisiera ver el País en la atención de los asuntos medulares de su adelanto económico y social- confirma la manera en que un Gobierno hace trizas del ideal de establecer una saludable diferencia en las relaciones entre la política partidista y la administración pública.

Es ésa una virtud que está llamado a observar todo gobierno surgido de las urnas. A mayor respaldo en esas urnas, mayor la prudencia que se espera de él. Si bien la presente Administración está revestida con el poder de implantar su programa, también lo es que su implantación no ha de hacerse únicamente en beneficio de la mayoría que lo votó, sino que en beneficio de todos los puertorriqueños. Sin mezquindades, sin excesos, sin venganzas.

Así también tiene que ocurrir con la composición de juntas, comités y comisiones de organismos que han de deliberar y establecer política pública sobre aspectos de vital importancia económica, cultural, educativa, social y política.

Fue esa norma, sustancial al sistema democrático, la que se pisoteó con la ley aprobada por la vía rápida por la mayoría del PNP en Cámara y Senado y firmada con más prisa aún por el Gobernador, aumentando de 13 a 17 los miembros de la Junta de Síndicos.

La prisa, dice el sabio refranero boricua, es mala consejera. Lo acabamos de ver. A lo mejor haya sido la prisa lo que impidió que al proponente intelectual de la medida, el senador Roberto Arango, como a sus cómplices -los que tiraron la piedra y escondieron la mano- se les hubiera podido zafar una sola razón válida para el aumento, que el senador quería originalmente que fuera mayor.

Firmada la ley, el propio Gobernador se encargó de dar la medida del burdo asalto a la Junta de Síndicos. Dijo él que era necesario el aumento porque “la Junta de Síndicos ha estado partida a la mitad; ha estado dividida y (se) necesita una junta que dé una dirección clara”.

El mismo lenguaje utilizó la presidenta cameral, Jenniffer González, al afirmar que “era necesario darle dirección” a la Junta. ¿Dirección u órdenes? ¿Dirección por quién o quiénes? ¿Para que hicieran qué? ¿Para que votaran cómo?

Cuando dice el Gobernador que la Junta “está partida por la misma mitad”, ¿qué quiere decir? ¿Que al examinar su composición contó seis “enemigos”, incluyendo los tres designados por gobernadores populares y los otros tres nombrados por estudiantes o profesores? ¿Esto es, seis “no correligionarios” frente a “sólo siete” que lo son?

Todo tiene que ver, no hay duda, con un deshonroso juego de poder en la UPR.

Utilizar la Junta de Síndicos para el imparable juego partidista electorero que ha sumido al País en una jungla en la que se trivializa hasta lo más preciado de nuestra sociedad, como la educación superior, constituye una ignominia que el Gobernador debiera rectificar.

Debe hacerlo, porque el País no puede conciliarse en nada con un patrón de conducta que da a entender que es parte de un plan preconcebido para adulterar sus más preciadas instituciones.

22.6.10

'Un nuevo contrato verbal' (columna Página 12)

Siempre es riesgoso sacar citas de columnas cuyos contextos y propósitos son más amplios (o simplemente otros) que los que una tiene en su radar, pero estos pasajes de esta columna me gustan para compartir y quizá ubicarlos para discusión en nuestro contexto. Creo que nos representan un reto....

Es una columna de Diego Taitán, profesor de filosofía en la Univ. de Córdova, publicada en Página 12, diario argentino. (gracias a RG por colgarla en su blog).


Algunos puntos que me interesan:

-"La política es conflicto y el conflicto, cuando encuentra su institución política, no es guerra ni anarquía sino la vida misma de la república en cuanto forma de irrupción de derechos nuevos y autoinstitución ininterrumpida de los –nunca definitivamente– conquistados antes. Esa conquista de derechos, además, puede tener por sujeto al Estado mismo. La república es un hecho de lenguaje, una deliberación común, pero también lo que se nutre de huelgas, cortes de ruta, tomas de universidades, manifestaciones populares, es decir la vida republicana se constituye de capas conflictivas de distinto orden, simbólico, lingüístico, material. Republicano es también el ejercicio del poder público orientado a revertir la desigualdad (económica, cultural, social, educativa...), sin por ello atentar contra sus propias instituciones. En su acepción más interesante y más estable, república no equivale a Estado de derecho, lo incluye pero es un concepto más amplio y por ello lo desborda, lo renueva y lo perfecciona".

-"Aunque no puede prescindir de ella, la construcción de una democracia republicana nunca se reduce a una coyuntura electoral; asume la vida social como un sistema de conflictos inconmensurables y no como conflicto único, ni como reducción de toda esa diversidad a una presunta matriz fundamental del conflicto que determinaría a todos los otros “en última instancia”. Resulta más acorde con los hechos la noción de democracia como “pluralidad irrepresentable”; la idea de un litigio continuo, complejo y diverso que no condena a nadie –como modo de saldar una discusión– a ser “gorila”, “antipopular”, “antipatria” o “enemigo del pueblo” –categorías que no sirven para pensar ni para discutir, y más bien denotan una pereza o una captura del lenguaje por un código de muerte.

Una autoexigencia en la argumentación en este sentido debería resistir la tentación de ese catálogo binario, por más que siga siendo eficaz desde un punto de vista pragmático, y más bien reclama un contrato intelectual diferente, capaz de sustraerse de las dicotomías mediáticas y como resistencia al habla que acuñan las rutinas comunicativas y de opinión, asumiendo un tiempo y un lenguaje desviados de la realidad inmediata, sin dejar de hacer de ella su propio objeto de trabajo".

Que renuncien (editorial END)

Editorial de El Nuevo Día
22 Junio 2010

Que renuncien los líderes de la UPR

http://www.elnuevodia.com/columna-querenuncienloslideresdelaupr-727707.html

Los retos de altura que enfrenta la Universidad de Puerto Rico en el campo académico, en el ámbito administrativo y como tal en la protección de su futuro, requieren de la renuncia inmediata de su presidente y de la presidenta de su Junta de Síndicos, una salida que sería para la UPR una defensa preventiva de su integridad.

Los retos de altura que enfrenta la Universidad de Puerto Rico en el campo académico, en el ámbito administrativo y como tal en la protección de su futuro, requieren de la renuncia inmediata de su presidente y de la presidenta de su Junta de Síndicos, una salida que sería para la UPR una defensa preventiva de su integridad. La huelga que mantuvo cerrada la UPR por 60 días ha llegado oficialmente a su fin por decisión del estudiantado reunido ayer en Ponce bajo la dirección del Comité Estudiantil Nacional. Los estudiantes han evaluado el proceso y ratificado los acuerdos para dejar atrás una huelga histórica. La limpieza general iniciada por ellos era ya una metáfora de un tiempo nuevo que comenzaba a asomarse y que debe aflorar del todo.

Los estudiantes han hecho su parte con honor y rigor; toca ahora a la Administración asumir la suya, como primer paso, con la renuncia de sus principales directivos, José Ramón de la Torre e Ygrí Rivera, por el bien de la Universidad.

Como política editorial, durante el proceso huelgario nos mantuvimos siempre escuchando a las partes, brindando alternativas de consenso, de mediación, de diálogo, es decir, de protección de la Universidad más allá de toda otra consideración. Nos negamos a posiciones maniqueas de buenos y malos, que suelen ensombrecer más que aclarar los caminos. Tampoco quisimos caer en la rápida y superficial personalización de los conflictos.

Pero acabada la huelga, planteamos nuestra convicción de que el proceder del presidente de la Universidad y de la presidenta de la Junta de Síndicos, tanto en el interior de las negociaciones como en el ámbito de exposición publica, estuvieron dramáticamente distantes de lo que se espera de figuras en puestos de tan alta responsabilidad.

Si de algo dieron cátedra, en forma clara, antes de estallar y durante toda la huelga, fue de incompetencia.

Faltó algo tan básico como el ejercicio de la autoridad sin arrogancia, que sabe reconocer y tratar al otro como a un auténtico interlocutor; faltó visión para crear mecanismos garantizadores de mayor inclusión en el proceso de discusión; faltó el convencimiento básico de la autonomía universitaria frente a los tentáculos partidistas de todo tipo; faltó un talante natural para el diálogo que está basado en un apego innegociable a la verdad por encima de todo; faltó real aspiración al consenso, que implica la capacidad de ceder en lo secundario para asegurar lo fundamental; faltó un acatamiento elegante de los acuerdos finales como zapata necesaria para garantizar etapas y avances posteriores.

Faltó demasiado.

Sin duda alguna, tenemos que repartir responsabilidades dentro de este amplio reglón de ausencias, pero no es un secreto que el mayor peso recae sobre quienes presiden la Universidad y la Junta de Síndicos.

Es hora, igualmente, de que el gobernador Luis Fortuño aprenda la lección: el mejor servicio que puede dar un gobernante a esta magna institución, es garantizar creativamente los fondos para que crezca y madure en el tiempo; y mantener escrupulosamente, él y todo el Gobierno, una distancia consciente del acontecer cotidiano de la Universidad.

Es un imperativo que José Ramón de la Torre e Ygrí Rivera renuncien cuanto antes a sus puestos. El Gobernador debe, por su parte, devolverle la UPR a los universitarios para que tracen un nuevo rumbo desde sus propias fuerzas.

Sólo así la ratificación de los acuerdos y el fin de la huelga se convertirán realmente en el comienzo de un nuevo tiempo para la Universidad y en herramientas para evitar en el futuro nuevos conflictos.

La oportunidad está servida.

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