24.3.12

Sobre el debate entre universalismo y focalización (matrícula ajustada y subsidiada por el Estado)


Sobre el debate entre universalismo y focalización (matrícula ajustada y subsidiada) compartimos un fragmento del escrito Fernando Atria, "Las cosas cambian cuando les pones un tú: Universalización, Focalización y Regresividad" y su libro Mercado y Ciudadanía, en los que ampliamente discute una propuesta igualitaria para la educación primaria, secundaria y universitaria, impugnando a su vez muchas de las falcias comunes en este debate que se toman por ciertas y no se debaten.).
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Valparaiso, Chile, octubre 2012.
Como consecuencia empíricamente inevitable de la segregación (en el pago) luego vendrá la diferencia de calidad del servicio, desde el mínimo que reciben los que son enteramente subsidiados hasta el máximo que reciben los más ricos. Pretender que un sistema segregado podrá ofrecer un servicio de calidad para todos es evidentemente falso. Es como decir,
como lo hacían algunos norteamericanos en la década de los años 50, que no es racista tener escuelas segregadas de acuerdo a la raza en la medida en que ambas son de igualcalidad ( “separados pero iguales”). Esto es así porque lo que está mal distribuido no es solo el dinero, sino también la influencia y el poder. En un sistema segregado, la “calidad” de los servicios públicos será una cuestión que interese sólo a “los pobres”, y será para mejorarlos a ellos que habrá que aumentar el gasto público y los impuestos. Pero “los pobres” son precisamente quienes tienen déficit de poder e influencia, por lo que sus problemas no tendrán la urgencia que tienen los problemas cuando afectan a los que tienen más poder e influencia (eso es lo que significa tener un superávit de poder e influencia). Por consiguiente cuando las cosas afectan a los más ricos es más fácil que reciban la atención política necesaria tanto para intervenir con ellas como para reunir los recursos (materiales y políticos) necesarios para mantenerlas y mejorarlas: como la segregación es la consecuencia inevitable de la focalización, los servicios públicamente financiados serán recibidos sólo por los más pobres. La “calidad” de los servicios públicos será una cuestión que interese sólo a “los pobres”, y será para mejorarlos a ellos que habrá que aumentar el gasto público y los impuestos, enfrentarse a intereses particulares poderosos que se benefician del mal funcionamiento del servicio, etc. Esto, curiosamente, es notado con más facilidad por las agencias de publicidad que por los “expertos” en políticas públicas: “Las cosas cambian cuando le pones un TU”, como dice la campaña de alguna agencia de seguros. Sólo un experto puede pensar que si la subvención estatal fuera la que paga la educación de los ricos y de los pobres, ella sería hoy de 45 mil pesos. Por eso segregación implica educación de mala calidad para “los pobres”16.

Dicho de otro modo, la segregación hace que los intereses de quienes tienen poder e influencia se independicen de los intereses de los que no tienen ni uno ni la otra. La integración, por el contrario, unifica esos intereses. En la medida en que el servicio de salud o de educación es provisto universalmente para todos, hay un interés de todos en la forma en la que dicho servicio se provee. Si la provisión es común, entonces, el que tiene influencia y poder los usará para mejorar el servicio que atiende su necesidad, pero al hacerlo, como el servicio es integrado, estará mejorando el servicio que atiende a quienes no tienen poder. De esta manera el principio de universalización entiende la idea de comunidad que da contenido a la noción de ciudadanía: como una delimitación de las esferas en que las instituciones (educacionales, de salud, etc) dan cuenta del hecho de que nuestros intereses son comunes.

La integración del sistema escolar (mediante la Universalización) crea comunidad de intereses, de modo que los que tienen poder e influencia tengan los mismos problemas que los que no la tienen. Si eso así, cuando los primeros usen su poder e influencia para mejorar su situación las soluciones serán para todos. Es algo que hemos podido observar con las movilizaciones de los estudiantes: los que protestan son los que son más visibles, porque provienen de liceos que la prensa denomina “emblemáticos” o de las universidades más tradicionales del consejo de rectores etc. Ni el movimiento de “los pingüinos” ni el de este año han sido iniciado por los establecimientos más deficitarios, porque ellos en los hechos no tienen una voz que se pueda oír. Han sido los que tienen algo más de voz los que han reclamado, y ese reclamo ha sido entonces escuchado. integrado, estará mejorando el servicio que atiende a quienes no tienen poder. De esta manera el principio de universalización entiende la idea de comunidad que da contenido a la noción de ciudadanía: como una delimitación de las esferas en que las instituciones (educacionales, de salud, etc) dan cuenta del hecho de que nuestros intereses son comunes.

El argumento, entonces, es simple: al adoptar el principio de focalización, el Estado lo que hace es crear las condiciones para que sea en los hechos inevitable una progresiva segregación en la provisión de esos bienes. La segregación, por su parte, implica que lo que recibirán quienes están más abajo (es decir, quienes reciben la subvención estatal) será una provisión mínima que no tiene ni siquiera la pretensión de equipararse a lo que recibe el que la puede comprar. Un Estado focalizado, así, es un Estado que se preocupa de aliviar las consecuencias peores de la pobreza, pero que es indiferente ante el hecho de que su acción contra la pobreza mantiene y aumenta la desigualdad. Y lo primero que debería llamarnos la atención llegado este punto es que esto es precisamente lo que ha ocurrido en [Chile] en los últimos 20 años: una notoria disminución de la pobreza, y una agudización de la desigualdad.

Es por esto que es un error grave sostener que de lo que se trata es de que la educación sea “gratuita”. No se trata de gratuidad, sino de descomodificación. En la discusión actual, suele decirse que el problema de la “gratuidad” o no es un problema para la educación superior, porque al no ser gratuita los estudiantes deben pagar por sus carreras y eso implica que el que no puede pagar no puede recibir educación y que hoy para recibir educación los estudiantes y sus familias tienen que asumir deudas exageradas. El problema, se dice, no aparece en la educación básica y media, porque ahí si hay gratuidad efectiva en el sentido de que hay educación disponible para quien no puede pagar (la municipal y, en
menor medida, la particular subvencionada). Pero esto es no entender el sentido de la demanda por “gratuidad”.

De lo que se trata no es de que haya educación “gratis” para  quien no pueda pagarla, sino que la educación recibida no esté mediada por la capacidad de pago del estudiante o su familia. No es, entonces, que el problema esté “solucionado” en la educación básica y media y que sólo exista en la educación superior. El problema es mucho más grave en la educación básica y media, porque esa es una educación que pretende una cobertura del 100%. Que el sentido de la demanda por gratuidad no sea permitir el acceso a quien no puede pagar sino descomodificar la educación significa que, si la educación es enteramente financiada por el Estado, los que tienen recursos no pueden usarlos para recibir una educación de mejor calidad que los que no tienen; quiere decir, en otras palabras, que el sistema educacional no está disponible para que el privilegiado lo use para asegurar que el privilegio de que goza será transmisible a su hijo”. Páginas 36-40.

23.3.12

» Podcast “Pensando el Derecho”: Episodio Introductorio

» Podcast “Pensando el Derecho”: Episodio Introductorio


En el mismo espíritu de reflexión jurídica crítica y ponderada que anima este espacio, hoy inauguramos una nueva dimensión de este proyecto con la idea de contribuir un poco más a la discusión pública en torno a la justicia y la democracia.
Desde Puerto Rico, hoy presentamos el nuevo Podcast del blog derechoalderecho, “Pensando el Derecho”. Esperamos, de este modo, ampliar el alcance de este esfuerzo. ¡Esperamos sus comentarios! Pronto nos encontrarán en iTunes, donde podrán suscribirse.
En este episodio introductorio, Hiram Meléndez Juarbe y Érika Fontánez Torres, profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico,  conversan sobre la legitimidad del poder judicial y la crítica a las instituciones judiciales.
“Pensando el Derecho” es producido por Alberto Meléndez y está disponible bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Puerto Rico (CC BY-NC-SA 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pr/. Música por Revolution Void, “Effects of Elevation”, disponible en http://www.jamendo.com/en/album/2225
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Violencía de género: una y múltiples (Rita Laura Segato en la UPR, martes 27)


22.3.12

columna: 48 horas (Hiram Meléndez Juarbe)

48 horas
HIRAM MELÉNDEZ JUARBE 

A estas alturas parece tonto enfatizar que deliberar sobre asuntos de interés público es importante para una democracia. Pero, resulta que una de las transformaciones constitucionales más trascendentales de los últimos años en Puerto Rico, la recomposición del Tribunal Supremo, no ha sido objeto de la discusión pública mínima que es de esperar.

No hablo exclusivamente del aumento en composición de 7 a 9 jueces, aunque lo incluye. La transformación constitucional que indico no tiene nada que ver con que el partido azul logró nombrar la mayoría de jueces (ello puede ser bueno si son competentes). Me refiero a la transformación radical en torno al lugar del Tribunal Supremo en el imaginario social puertorriqueño.

En sólo un par de años, se ha desmoronado lo que tomó generaciones construir: la confianza pública en que las controversias del País serán dirimidas por personas que, como mínimo, harán un esfuerzo por resolverlas conforme al derecho. Digan lo que digan del Tribunal antes del 2008, de sus jueces o de su afiliación política, esta percepción existía. Pero ya no. La percepción es decididamente otra y es producto de procesos atropellados de confirmación, del agrandamiento goloso de la institución sin justificación, de reconocerle un “derecho adquirido” a exgobernadores pero negándoselo a empleados públicos sin explicar, y de la complacencia interna en una marea política, entre otras cosas.

Entonces, la pregunta huelga: ¿qué discusión hemos tenido sobre este cambio? Las esferas institucionales que encausan esta transformación tienen la responsabilidad de plantearse las consecuencias de sus actos explícitamente; ¿qué significa esta revolución en el Tribunal, ahora, y para su estabilidad futura? ¿Qué respeto derivarán las opiniones del Tribunal por parte de ciudadanos, o por parte de administraciones futuras que claramente le visualicen como retrancas políticas?

La discusión no existe pues el espacio discursivo institucional está restringido; es decir, el contexto material y temporal donde la reflexión ha de ocurrir, está clausurado. Los eventos recientes son elocuentes.

El 5 de noviembre de 2010 la mayoría del Tribunal solicitó un aumento de dos jueces. Cinco meses después, el lunes 9 de mayo de 2011, el gobernador anunció los dos nuevos nombramientos. Dos días después, el Senado celebró una “vista pública” para “considerar” a los nominados, e inmediatamente les confirmó. 48 horas para debatir el futuro de la Rama Judicial. 48 horas para considerar y deliberar la magnitud del momento constitucional en que nos encontramos. 48 horas para discutir la idoneidad de estas personas. Y eso es en el caso de los dos más recientes; pero similar es la experiencia con los cuatro jueces anteriores nombrados.

Para tomar perspectiva, consideremos el proceso de confirmación en Estados Unidos: entre los años 1981 y 2009, la mediana del término entre el nombramiento por el presidente y la confirmación por el Senado fue de 80.5 días. En Puerto Rico sólo son necesarias 48 horas. A la vez, la mediana del término entre el momento en que el presidente conoció de la vacante en el Tribunal y el día en que presentó el nombramiento fue 18 días. En Puerto Rico, en el caso más reciente, fue de 185 días.

Nótese la relación invertida. Mientras que el proceso interno y secreto del presidente es corto, el proceso público de escrutinio severo es extenso y permite que reflexionemos sobre el rumbo de la institución. Pero en Puerto Rico es al revés: el proceso secreto e interno del Ejecutivo gozó de espacio, pero el proceso público tomó 2.7% del tiempo que tomó confirmar a Sotomayor en el Senado federal.

Ahí tenemos a la democracia boricua. No cuenta decir que porque los votos están todo vale. Los actos públicos deben estar respaldados por razones, argumentos y discusión para que los aceptemos como legítimos aunque no estemos de acuerdo. Es lo que distingue a una “decisión de la mayoría” de la “tiranía de la mayoría”.

21.3.12

Justicia Ambiental y Derecho a la Tierra (Separa la fecha!).

ProBono y Vieques en Derecho-UPR

Otro día especial para el ProBono UPR y para la Escuela de Derecho. Hoy recibimos estudiantes de la Escuela Superior German Rieckehoff de Vieques. Los proyectos ProBono para la Democracia y Participación Ciudadana y el ProBono ENLACE con escuelas públicas recibieron desde temprano a 23 estudiantes quienes vinieron con su consejera escolar hasta la UPR a recibir dos talleres y un recorrido por el Recinto de Río Piedras de la UPR. Los y las estudiantes de Derecho, les presentaron los temas de libertad de expresión y los requisitos de admisión para la Escuela de Derecho y cómo prepararse en sus estudios universitarios si les interesa estudiar Derecho. 

Demás está decir que tanto estudiantes viequenses como estudiantes de Derecho tuvieron un día extraordinario y aprendieron intensamente. En el recorrido por el Recinto fueron al cuadrángulo y a la Torre de la Universidad, a diversas facultades y a las bibliotecas de Derecho y la José M. Lázaro. Incluso tuvieron tiempo para compartir con la Sociedad Eco-Ambiental en una exhibición sobre el recurso agua en el vestíbulo de la Lázaro.

Felicitamos a los y las estudiantes de Vieques que desde temprano estuvieron en la UPR con mucho entusiasmo para compartir con nosotros en la Escuela de Derecho, a la maestra consejera que los acompaña y les ofrece muchas oportunidades para que se informen sobre sus alternativas, y a los y las estudiantes de Derecho, que se prepararon para los talleres, la orientación, el recorrido y quienes organizaron las meriendas, el almuerzo y la coordinación desde Fajardo. 

A Camilo y a Josué, estudiantes de Derecho viequenses que propusieron y materializaron la actividad, gracias por darnos esta gran oportunidad. A Rossana, Noeli, Lynmarie, Christian (los dos), Ángel, César, Yashira, Mayra, Andrés, Hiram, Isimar, Stefanie y todos y todas las que sirvieron de apoyo para la logística y la solidaridad para que esta actividad fuera posible. También gracias directamente por su trabajo a la Directora de la Clínica, María L. Jiménez y a la Lcda. Garay.

Esta actividad forma parte de la experiencia académica formativa que desde hace varios años realiza el Programa ProBono como parte intrínseca del currículo disponible en Derecho. Se trata de la oportunidad de que nuestros estudiantes sirvan formándose y se formen sirviendo, a los demás, al país. Además, estos dos proyectos probono tienen el propósito llevar a cabo talleres diseñados y ofrecidos por estudiantes para la ciudadanía y así democratizar el Derecho y de dar pasos firmes hacia un mayor acceso igualitario a la educación universitaria y a la profesión legal.  Siguen algunas fotos!. salud!.

 








 

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