Fideicomiso de la Tierra radica demanda por violación de derechos civiles
en el Tribunal Federal
San Juan – En la tarde de hoy, el Fideicomiso de la Tierra el Caño Martín Peña, representado por las licenciadas Judith Berkan y Mary Jo Méndez, y por el licenciado Pedro Saadé Llorens de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, radicó una demanda de sentencia declaratoria e injunction en el Tribunal Federal.
“Hemos radicado electrónicamente un recurso solicitando al Tribunal que declare inconstitucional la Ley 32 de 23 de junio de 2009 al amparo de la Constitución de los Estados Unidos y de Puerto Rico y de Ley Federal de Derechos Civiles,” anunció la licenciada Berkan. “En este caso, el Gobierno de Puerto Rico violó los derechos civiles del Fideicomiso de la Tierra al incurrir en una incautación arbitraria y unilateral, violentando la protección constitucional de sus derechos propietarios y contractuales y aplicando retroactivamente una ley en menoscabo de derechos adquiridos.”
“Con esta acción, la Junta de Fiduciarios está cumpliendo con su deber de fiducia de defender las tierras que constituyen el Fideicomiso para beneficio de los residentes de las comunidades del Caño. La determinación se tomó luego de una amplia consulta con el liderato de las organizaciones de base comunitaria que componen el G-8, Inc,” recalcó la licenciada María E. Hernández Torrales.
Por su parte, Mario Núñez Mercado, presidente del G-8, expresó: “No vamos a desistir en nuestro reclamo. Respaldamos la acción que está tomando el Fideicomiso en defensa de nuestros barrios, que nuestros padres y abuelos construyeron. Confiamos en que la comunidad va a prevalecer, a pesar de la campaña de desinformación que se está llevando a cabo con la intención de confundir a la gente.”
Los abogados que llevan el caso están ofreciendo sus servicios gratuitamente. Se estima que los costos de traducción de documentos, radicación de casos, deposiciones y otros ascenderán a $10,000. El Fideicomiso de la Tierra estará aceptando donativos y llevando a cabo actividades de recaudación de fondos para cubrir los gastos incidentales a llevar este caso. Próximamente, se darán a conocer más detalles.
La licenciada Berkan cursó Derecho en la Universidad de Harvard, y tiene estudios Pre legales en la Universidad de Yale y la Universidad Brandeis. Es profesora de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Tiene un impresionante récord de litigación exitosa de casos relacionados con violación a los derechos civiles en el foro federal, tanto en San Juan como en Boston.
El G-8, Inc. junto al Fideicomiso de la Tierra y personalidades como Silverio Pérez citaron hoy a todas las personas que se solidaricen con nuestras comunidades ante el abuso de poder del que estamos siendo objeto, a que vengan a la caminata Abrazo al Fideicomiso, este domingo 28 de junio a las 2:00 pm. El punto de encuentro será el Puente Martín Peña.”
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| Viernes 26 de Junio de 2009 / EL NUEVO DÍA |
DOMINGO 28 de junio a las 2:00 PMLugar de encuentro: PUENTE MARTIN PEÑATerminamos en la Parada 27, con la obra de teatro Nuestra Tierra, por los Líderes Jóvenes en Acción, bajo la dirección de Maritza Pérez
Los amigos y amigas del proyecto comunitario y empresarial de Río Piedras nos alertan que les llegó el turno. Ya comenzó oficialmente su desmantelamiento que da al traste también con el trabajo comunitario y de participación ciudadana que lleva años en Río Piedras. La legislatura aprobó el proyecto que practicamente elimina a CAUCE y le quita a la universidad la coordinación del proyecto para ponerlo todo en manos del Municipio de San Juan y su alcalde. Aquí les dejo el mensaje. Hay que mirar estas acciones como son, un plan orquestado para desarticular los movimientos comunitarios y concentrar el poder.
Saludos a tod@s
Este título se inspira en varios pensamientos. Primero, la pobreza, de por sí, es una injusticia social. En el contexto de las comunidades del Caño Martín Peña, desterrar la pobreza requiere muchos recursos y trabajo, combinados con grandes dosis de buena fe, amor y respeto al prójimo, creatividad y exclusión de los especuladores de terrenos. Segundo, el tacto político de un gobernante se mide por su humanismo y sensibilidad hacia las causas nobles. Tercero, en nuestra democracia rige el principio de la irretroactividad; las leyes miran hacia el porvenir, no hacia el pasado. El respeto legislativo de este principio es esencial, pues promueve la confianza y la seguridad ciudadana, evita las arbitrariedades y robustece la más amplia libertad individual al autorizar toda conducta que no esté prohibida ni sea perjudicial a otros. Cuarto, ninguna ley puede ordenar expresa o implícitamente cómo resolver un caso ya adjudicado o cambiar sus resultados.
A la luz de estos principios, ¿cuán desafortunada puede ser la actividad legislativa cuando vulnera derechos adquiridos de miles de ciudadanos e, incidentalmente, intenta asegurar el resultado final de unos casos, inclinando la balanza hacia el litigante perdidoso, el Municipio de San Juan? Nos referimos a la aprobación del P. de la C. 1403 dirigido a revertir la titularidad de las tierras en las comunidades del Caño. Ese craso error ha sido profundizado por el el Gobernador, al estampar la firma que lo convierte en ley.
Repasemos sucintamente la historia. En el 2004 la Ley 489 creó el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña y transfirió las tierras que pertenecían a entidades públicas a la Corporación del Proyecto Enlace para que ésta las pasara al “Fideicomiso de la Tierra”. Lo novedoso de esta fórmula es que la titularidad pertenece colectivamente a todos los residentes de las ocho comunidades mientras cada uno de ellos disfruta de lo que se conoce como un “derecho de superficie”. Se trata de un modelo de urbanismo utilizado exitosamente tanto en Estados Unidos como en otros países para que sean las comunidades deterioradas quienes dirijan un proceso de renovación urbana, de dotación de vivienda y de creación de empleo, y que encaja perfectamente con la idea de este Gobierno de estimular iniciativas público-privadas.
Conforme al estado de derecho de la Ley 489, se han consumado numerosos hechos y la titularidad de los terrenos consta inscrita en el Registro de la Propiedad a favor del Fideicomiso de la Tierra. Pero resulta que ahora, por iniciativa del Municipio de San Juan, una mayoría legislativa ha aprobado el P. de la C. 1403 para revertir la titularidad de las tierras al Estado o a dicho municipio, según sea el caso. Los efectos de la ley “se retrotraerán al día 24 de septiembre de 2004”, precisamente cuando ya los tribunales han resuelto un reclamo idéntico en contra del municipio por ser improcedente en Derecho.
El problema principal es que esta propuesta legislación trasciende lo que es constitucionalmente permisible: lesionaría derechos adquiridos en virtud de unos hechos consumados, su aplicación configuraría una incautación de propiedad sin el debido proceso de ley y sin justa compensación y menoscabaría obligaciones contractuales. Todo ello en violación del Artículo II, Secciones 7 y 9 de la Constitución y del Código Civil.
Por imperativo constitucional, sólo por excepción las leyes pueden tener ese efecto retroactivo. En armonía con ese principio, el Artículo 3 del Código Civil dispone: “Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario. En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior”.
A la insatisfacción de miles de conciudadanos unimos nuestra conciencia y criterio jurídico. Con el mayor de los respetos, el P. de la C. 1403 es cuestionable desde el punto de vista constitucional. Además de violar el principio de irretroactividad vulnera las facultades adjudicativas de los tribunales al determinar un resultado específico. Tras convertirse en ley, confiamos que los tribunales decreten su nulidad y restablezcan la seguridad jurídica y la tranquilidad en las calles de las comunidades del Caño. De lo contrario, como decía monseñor Romero, “la mala justicia, como la víbora, siempre morderá al pie descalzo”.
Califica de absurdo el intento del Gobierno de desmantelar el Fideicomiso de Tierras
SAN JUAN - El dúo Calle 13 calificó de contraproducente y absurda la pretensión del gobierno de desarticular el Fideicomiso de Tierras, entidad que garantiza a residentes de ocho comunidades la tenencia colectiva de las 200 cuerdas de terrenos aledañas al Caño Martín Peña.
“No podemos permitir que puertorriqueños con prioridades tan vacías como el dinero le quiten el poder de sus tierras y de su comunidad, el poder que se han sudado con tanto esfuerzo y trabajo a la gente del Caño Martín Peña”, sostuvo en un comunicado el cantautor René Pérez.
A su juicio, al quitarle a la comunidad 200 cuerdas de terreno localizadas al lado de la Milla de Oro, de las que son propietarios mediante el Fideicomiso, se abren las puertas al eventual desplazamiento de esas comunidades mediante procesos especulativos y se pone en riesgo la posibilidad de desarrollo integral de esa importante zona del área metropolitana.
“Tenemos que estar claros, seguros, a fuego, con que eso no va a pasar, porque los que queremos a nuestro país, que espero que seamos los más, no lo vamos a permitir”, añadió Pérez.
Y aludiendo al cuento “En el fondo del caño hay un negrito”, de José Luis González, manifestó que “quizás ya hay suficiente crisis como para tirarnos con el niñito del Caño a confrontar lo que somos, todos los problemas que estamos teniendo, y de los que todos aquí, si de verdad queremos a nuestro país, y queremos no tener que escapar de él, como hacen muchos, tenemos que hacernos responsables”.
La Cámara y el Senado aprobaron la semana pasada un proyecto de ley que desarticula el Fideicomiso de Tierras, entidad que garantiza a los residentes de la zona la tenencia colectiva de las 200 cuerdas de terrenos aledañas al caño.
El gobernador Luis Fortuño dejó entrever durante una rueda de prensa reciente que favorece el proyecto de ley, que propone que se revierta al gobierno municipal y estatal la titularidad de los terrenos traspasados al Fideicomiso de Tierras, que es administrado por la Corporación del Proyecto Enlace.
Comunidades aledañas al Caño Martín Peña se harán sentir en manifestación en contra de la eliminación del Fideicomiso de Tierras
SAN JUAN — Una concentración ciudadana tendrá lugar hoy lunes en apoyo a las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña en Hato Rey.
La manifestación, pautada para las 4:00 de la tarde en el Puente Martín Peña, es en respuesta a la pretensión del gobierno de desarticular el Fideicomiso de Tierras, entidad que garantiza a residentes de esas comunidades la tenencia colectiva de las 200 cuerdas de terreno aledañas al Caño.
“Se trata de proteger las tierras que ya están en manos de las comunidades mediante el Fideicomiso de la Tierra y que representan la única salida para mejorar la condiciones de vida de miles de puertorriqueños en ese sector, lograr su permanencia en el medio de la ciudad y proveer mecanismos reales para la superación de la pobreza”, señala la convocatoria a la concentración.
La Cámara y el Senado aprobaron la semana pasada un proyecto de ley que desarticula el Fideicomiso de Tierras, entidad que garantiza a los residentes de la zona la tenencia colectiva de las 200 cuerdas de terrenos aledañas al caño.
El gobernador Luis Fortuño dejó entrever durante una rueda de prensa reciente que favorece el proyecto de ley, que propone que se revierta al gobierno municipal y estatal la titularidad de los terrenos traspasados al Fideicomiso de Tierras, que es administrado por la Corporación del Proyecto Enlace.
Está en vías de consumarse uno de los peores asaltos a la esperanza de miles de puertorriqueños, tras la aprobación la noche del jueves en la Cámara y el viernes en el Senado, del proyecto que desarticula el Fideicomiso de Tierras y la gran iniciativa del Caño Martín Peña.
Resultan inverosímiles las alegaciones del representante José “Nuno” López, autor del proyecto, de que todo lo que se pretende al enmendar la Ley 489 -que dispone la tenencia colectiva de los terrenos- es devolver autoridad al Estado y al Municipio de San Juan para que puedan “ayudar” a los residentes de la zona y dar servicio a parques, calles y hospitales.
Nunca habían perdido esa autoridad. Lo que pasa es que no la han ejercido, en cuestiones básicas de servicio a la ciudadanía. Es más, cualquier incursión del Estado o del municipio en lo referente a la limpieza y rehabilitación de aceras, áreas verdes o edificios sigue siendo un deber en el marco del Fideicomiso.
Pero ni el Gobierno estatal ni el municipal se han ocupado jamás, como es debido, de las comunidades aledañas al Caño, incluyendo la Península de Cantera. Fue cuando los vecinos se organizaron y exploraron las excelentes posibilidades de la zona y poner su destino en sus propias manos, que algunos políticos vislumbraron también ese filón y empezaron a buscar la manera de arrancarles a las comunidades aquello por lo que por tanto tiempo habían luchado.
El proyecto que desarticula el Fideicomiso de la Tierra otorgaría título de propiedad por la suma de un dólar a los residentes que así lo deseen. Hasta el presente, con la ley en vigor, los residentes son igualmente propietarios, sólo que en el marco de un proyecto colectivo cuya estructura y filosofía son inmunes a la manipulación política.
Esta institucionalidad de la autogestión protege la integridad de un plan de desarrollo comunitario, cuyos beneficios -que se anticipan cuantiosos- se quedarían allí mismo, para el mejoramiento de las comunidades, para el disfrute de los residentes y con un escudo protector frente los intentos de desintegración.
En resumen, el proyecto de ley que acaban de aprobar la Cámara y el Senado mina la unidad de la gente que allí vive y la de sus futuros herederos, puesto que no tardarían en aparecer compradores para las parcelas. Sería cuestión de tiempo que el inteligente proyecto que se levanta ahora, quedaría, en su esencia, definitivamente destruido.
El alcalde de San Juan, que debió convertirse en defensor y abanderado de esa histórica iniciativa orgullo de su municipio, ha sido, lamentablemente, su principal adversario. Poco ha parecido importarle la trayectoria de superación colectiva que representa ese sueño para 30,000 familias de su municipio. Y en un plano más práctico, el ejemplo de cooperación entre el sector privado y el sector comunitario, que también se ha producido allí y que se supone sea parte de la filosofía del actual Gobierno.
Coherente con esa misma filosofía, y con sus promesas de campaña, el gobernador Fortuño tiene el deber de vetar esa pieza -ya aprobada por Cámara y Senado- que va camino a La Fortaleza. Y una vez vetada, hay que advertir seriamente que sería la más grande afrenta social y moral de esos legisladores, revertir el veto del Gobernador y consumar esa traición a las comunidades del Caño.
