"Los estudios están por caducar, y también la justicia" (Protestan por trabas del Cuerpo de Ingenieros al dragado)

"Pero los estudios están por caducar, y también la justicia"-Efrén Arroyo, Noticentro 4.

Comparto el reportaje especial de Efrén Arroyo sobre la protesta que ayer hicieron residentes de las comunidades del Caño Martín Peña quienes exigen del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos el cese de poner escollos en la aprobación del Dragado.

Es un asunto de justicia ambiental y debe atenderse con prioridad. La gente ha hecho su parte, le corresponde al gobierno y a las autoridades hacer la suya.

Exclusión, Ciudad y Justicia ambiental en Conferencia Magistral de Planificación UPR

En ocasión del cincuentenario de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR, la Dra. Carmen M. Concepción, directora interina de la Escuela , nos invita a la Conferencia Magistral de la Dra. Isabelle Anguelovski.  

La actividad se llevará a cabo el martes, 14 de abril de 2015 a las 6:30pm. (Pulse para detalles)

Esta semana: en Mayagüez y en el RUM conversando sobre Ambigüedad y Derecho

Esta próxima semana estaré unos días en Mayagüez y en el RUM. Conversaremos sobre Ambigüedad y Derecho y en una actividad auspiciada por los y las estudiantes del Capítulo José Trías Monge de la Phi Alpha Law Fraternity, discutiremos algunos planteamientos en los capítulos del libro que aluden a los temas de justicia ambiental, el Derecho Ambiental y la justicia a partir de los entendidos de lo jurídico y los retos que estos entendidos nos plantean. Esta actividad está abierta al público en general.

En Diálogo UPR: Junta de Calidad Ambiental atenta contra la Constitución de Puerto Rico » Diálogo UPR

Por aquí comentamos sobre la negativa de la empresa Energy Answers y de la JCA de cumplir con el derecho a  la información pública que tienen los y las ciudadanas y mediante la cual mantienen en secreto el lugar en que la incineradora depositará las cenizas y desperdicios.

Diálogo UPR | Junta de Calidad Ambiental atenta contra la Constitución de Puerto Rico » Diálogo UPR

"[n]o es la primera vez que la JCA acoge como excepción a estos derechos fundamentales el mantener en secreto cierta información que se aduce es “secreto de negocios” o afectaría la “libre competencia”.

La licenciada Érika Fontánez, profesora de la Escuela de Derecho de la UPR, denunció la falta de transparencia e ilegalidad en la que incurre la JCA al prohibir a los ciudadanos el acceso a información pública y de relevancia social. (Ricardo Alcaraz)

“Resulta no solo ilegal e ilegítima tal abuso del derecho sino que además es perversa pues ni remotamente se compara el derecho de la ciudadanía en este caso de conocer el lugar, la cercanía, las implicaciones, de este negocio. Cualquier empresa o negocio que asuma como parte de su actividad empresarial una actividad como esta tiene la correspondiente responsabilidad social de divulgar la información que le compete a la sociedad y a la ciudadanía en la que opera”, recalcó la abogada.

La compañía Energy Answers comenzaría la construcción de la planta incineradora este año 2015 y al comienzo de sus operaciones utilizará 2,100 toneladas de desperdicios que, a su vez, generarán 399 toneladas de cenizas, cuyo destino final al momento es un misterio.

“Las empresas operan en estados de derecho, en sociedades cuyos miembros tienen derechos, y se supone que la JCA se creó para velar por ellos. El uso de esta excepción es un escándalo más de la falta de transparencia de nuestras instituciones”, denunció Fontánez.

10 años del Proyecto ENLACE- Caño Martín Peña

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10 años de ENLACE: Modelo de transformación social, ambiental y económica para el país

San Juan – Hace diez años, las comunidades del Caño Martín Peña impulsaron la firma de la Ley 489-2004, creando la Corporación del Proyecto ENLACE y el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, instrumentos cruciales para  rehabilitar el cuerpo de agua y transformar el Área Metropolitana de San Juan.

“La ley es un modelo para atajar la crisis que se vive en Puerto Rico.  Ha servido para aglutinar la comunidad y sus más de 100 aliados del sector público, privado y universitario en un proyecto común, participativo y de justicia social que tiene beneficios para el desarrollo económico de la Isla.  La implantación del Plan de Desarrollo Integral ha atraído incontables recursos de Puerto Rico y de fuera, y ha incluido el desarrollo de mecanismos innovadores, como el primer Fideicomiso de la Tierra en la Isla”, dijo José A. Barea, presidente de la junta de directores de la Corporación para el Proyecto ENLACE

La ley, resultado de dos años de participación ciudadana, se firmó el 24 de septiembre de 2004 y logró el apoyo de legisladores de los tres partidos puertorriqueños, muestra de un trascendental esfuerzo en conjunto para un proyecto que beneficia al país.

“Los logros de nuestro proyecto se ven en la comunidad y se viven.  A través de esta ley, se están cumpliendo los sueños de muchos en vivienda y desarrollo socioeconómico.  Tenemos un Fideicomiso para desarrollar estas tierras para beneficio de todos.,” dijo Evelyn Quiñones Ortiz, presidenta del G-8, Inc., la organización que une al liderato de las comunidades aledañas al Caño.  

Quiñones agradeció a quienes han creído en la comunidad y les han acompañado en el proceso.  Recalcó, además, que aún queda trabajo por delante, y que el dragado del Caño sólo se logrará con el apoyo de todos los sectores del País.  “Ahora nos toca obtener los fondos necesarios para dragar el Caño y convertir esta área en un lugar de oportunidad para nuestra comunidad, para San Juan, Puerto Rico y el Caribe”, sentenció.

El trabajo del Proyecto ENLACE ha sido premiado y reconocido por la Asociación Americana de Planificación, la Agencia Federal de Protección Ambiental, la Universidad de Harvard, entre otros.

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ALGUNOS LOGROS

Salud y ambiente

El Caño es el conducto que conecta una de las grandes maravillas naturales del área metropolitana, el Estuario de la Bahía de San Juan, un tesoro natural que tiene un alto potencial recreativo, educativo, pesquero, turístico y para deportes acuáticos.  Los logros incluyen:

·         Estudio de viabilidad y declaración de impacto ambiental del dragado, que está en la quinta de siete etapas de revisión por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos.

·         Documentación de como la degradación del Caño afecta la salud: estudios de la Escuela de Medicina de Ponce y la Universidad de Puerto Rico han encontrado que la degradación ambiental del caño y las frecuentes inundaciones son la causa principal para elevadas cifras de condiciones respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas entre los 26,000 habitantes del área.  Además, la Icahn School of Medicine de Mount Sinai de Nueva York realizó la primera Evaluación sobre el Impacto de la Salud en la isla.

·         Proyectos de concienciación ambiental: miles de niños y jóvenes de las comunidades del Caño han participado de las iniciativas de concienciación ambiental, y muchos son líderes de esfuerzos en pro del ambiente. El Caño Reggaeton Contest, De Teatro por el Caño, la red de huertos escolares y comunitarios, Patrulleros del Ambiente,  Estudiantes Dispuestos a la Rehabilitación Ambiental, entre otros.

Urbanismo e Infraestructura

·         Mejoras a la Troncal San José, proyecto crítico para el dragado (AAA).

·         Sistema sanitario en Barrio Obrero Marina (ACT) y, además, se han trabajado talleres para desarrollar una vivienda multifamiliar.

·         Diseño, adquisición y realojo para la realineación

·         Diseño del Paseo del Caño (calle que bordeará el Caño en el futuro).

·         Rescate de espacios públicos mediante el arte, huertos, y procesos de organización comunitaria.

Vivienda y Realojo

·         ENLACE ha adquirido 133 inmuebles y ha realojado a 99 familias en viviendas seguras, la mayoría en su comunidad.  Junto a los esfuerzos de otras entidades (Proyecto Península de Cantera, CHDO Israel Bitumul, ACT), se han hecho 500 realojos.  El proyecto hizo los primeros realojos bajo un Fideicomiso de Tierras, en EEUU y sus territorios.   

·         Se han rehabilitado 20 estructuras para vivienda, muchas por empresas comunitarias.

·         El Comité de Realojo, compuesto por líderes comunitarios, ha garantizado que los realojos sean justos y sensibles a las necesidades de las familias.

Social  y económico

ENLACE apoya al G-8, Inc, que es la organización que representa a las ocho comunidades que conforman el Caño. En adición, miles participan de los programas escolares y  de desarrollo social, que abarcan temas como la prevención de violencia,  educación, desarrollo de microempresas, vivienda, artes y deportes.

Algunos de estos programas son:

·         Programa de Alfabetización de Adultos del Caño Martín Peña

·         Proyectos de prevención de la violencia: Técnicos Deportivos, junto al Municipio de San Juan, ocho jóvenes de la comunidad son contratados para trabajar un deporte con treinta niños de lunes a jueves en cada una de las canchas de las comunidades.

·         Torneos de voleibol, baloncesto y balonmano incluyen talleres sobre temas pertinentes a los participantes antes de cada partido.

·         Guardianes de la Prevención en las escuelas de nivel elemental, con 32 niños en 8 escuelas que facilitan talleres con sus pares para discutir temas que son de su interés.

·         Curso Clemente de las Humanidades, auspiciado por Chocolates Cortés y la Universidad Interamericana,  provee créditos universitarios a sus participantes.

·         Universidad del Barrio

·         Líderes Jóvenes en Acción, organización juvenil que refuerza las destrezas de liderazgo de 60 jóvenes.  Los participantes reciben apoyo educativo, con miras a entrar a las universidades del País.

·         Renovando mi Entorno: Proyecto de organización comunitaria para el rescate de los espacios públicos.

Fideicomiso de las Tierras

Las comunidades junto a ENLACE, sentaron un precedente, al lograr establecer el Fideicomiso de las Tierras del Caño Martín Peña, primero en la historia del país. Esto permite la tenencia colectiva de las tierras, asegura la permanencia de las comunidades, aumenta el valor de las tierras y ayuda a reducir los costos de redesarrollo de toda la zona.   El Fideicomiso ha enfrentado muchos retos.  Quizás su logro principal es estar, finalmente, en la etapa de ejecución.    

Recuperemos lo que nos conecta (Únete a la campaña por el dragado del Caño)

Beneficios del Proyecto ENLACE y dragado del Caño

Reducción en el gasto público: Generará ahorros estimados en $38M en 50 años en la atención de algunos problemas de salud que resultan de las inundaciones con aguas contaminadas.  Reducirá los costos asociados a pérdidas y al manejo de emergencias y seguros que paga el gobierno, estimados en $5.3M por evento.  El Fideicomiso de la Tierra reduce el costo de cada realojo en $20,000 a $30,000 al no requerir la compra de la tierra.

Mejoras a las condiciones de salud pública: Al atender la degradación ambiental y evitar las inundaciones con aguas contaminadas, se elimina una de las principales causas de enfermedades gastrointestinales, alérgicas y de la piel entre los residentes del Caño. 

Recuperación ambiental: Mejorará significativamente la calidad de agua y aumenta la biodiversidad en el Estuario de la Bahía de San Juan, mejorando 6,600 cuerdas del único estuario tropical en el Programa Nacional de Estuarios de la EPA al restaurar la conexión hidráulica del sistema.  Se protegerán especies amenazadas, y mejorará el hábitat de mangle como vivero, lo que enriquecerá los corales al norte de Puerto Rico y potenciará la pesca en el Caribe.

Reducción del riesgo a inundaciones: Reducirá inundaciones en las comunidades aledañas, que llega al 70% de calles y casas, y en sectores de Carolina y contribuirá a manejar el aumento en nivel del mar por cambio climático.  Ayudará a proteger las instalaciones del aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Nuevo ofrecimiento de recreación y turismo: Permitirá la navegación de bajo impacto conectando Piñones, el aeropuerto, las comunidades del Caño, la Milla de Oro, las zonas turísticas del Condado, el Viejo San Juan, Cataño, Guaynabo, Isla Verde y el Distrito del Centro de Convenciones, así como centros comerciales.

Generación de riqueza: Promoverá la revalorización de los terrenos urbanos en la zona, capturada parcialmente por el Fideicomiso de la Tierra como mecanismo de superación de la pobreza, y generará oportunidades de desarrollo económico comunitario, pesca, recreación y turismo. 

Creación de empleos: Estimados indican la creación de un promedio de 1,400 empleos directos e indirectos al año. 

Urbanismo: Creará un nueva forma de disfrutar la ciudad desde el agua, un sistema de plazas y espacios públicos en las comunidades del Caño, e infraestructura adecuada. 

Vivienda: Se desarrollarán más de 900 unidades de vivienda asequible y adecuada, se rehabilitarán viviendas existentes y se garantizará la permanencia de la comunidad con realojos in situ y mediante el Fideicomiso de la Tierra.

Transformación social: ENLACE fomenta nuevos estilos de liderazgo y participación ciudadana.  Pone la toma de decisiones en manos de la comunidad, quienes ejercen su responsabilidad ciudadana mediante acciones concretas.  Fortalece las alianzas entre la ciudadanía, el gobierno, la empresa privada y las universidades.  Cada aporte al proyecto es magnificado por medio de una red de 400 voluntarios y 100 empresas y organizaciones aliadas.  Se han desarrollado más de 30 programas, abordando la alfabetización de adultos, la prevención de la violencia, fomentar el pensamiento crítico, la concienciación ambiental, el rescate de espacios públicos, el liderazgo juvenil, los huertos comunitarios y escolares.

Carmen Guerrero, para un "deber ser" gubernamental

A partir de enero de 2013 el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales contará con una nueva Secretaria: Carmen Guerrero Pérez. No hay forma de hacer un buen análisis si no se mira atrás unas cuantas décadas y se examina la trayectoria tanto de Carmen como del contexto de controversias y movimientos sociales en el eje medioambiental en Puerto Rico. El asunto puramente partidista me interesa menos, los grupos de interés que han dictado la agenda mucho más. Digamos esto por ahora: Además del mérito y la respectiva preparación y experiencia, ocupar una secretaría de gabinete implica, entre otras cosas, implantar y fomentar la política pública de la agencia y velar por que su Ley Orgánica se cumpla, ser la voz de esa política pública en la Rama Ejecutiva y ante el Gobernador, reconocer a los sectores y grupos de interés y saber aglutinar fuerzas y energías en la agencia para que funcione. 

Para esto  se necesita tener claro lo que significa hoy día ser una funcionaria pública (el deber ser del servicio público) saber escuchar, tener liderato -sin que eso implique arbitrariedad- y tener un compromiso genuino con el bienestar común y el interés público, todos conceptos muy maltrechos y que necesitan reivindicación. Quizás lo más que necesita reivindicación en estos momentos es el sentido de confianza, la sensación de que al mando de esa institución gubernamental, hay alguien verdaderamente íntegro, capaz de apalabrar con firmeza las necesidades del país y que pueda sentirse que esa persona nos representa. Y ese sentido de confianza no se busca en aras de descansar en el ejercer ciudadanía, sino para la posibilidad de ejercerla aún mejor y más efectivamente.

Carmen Guerrero Pérez para mí reúne estas características y puedo decir desde este blog, que siento que ella, su voz allí, representa un nos del cual me siento parte. Pero mejor aún, sus oídos allí, representan la posibilidad de disentir y ella cuenta con la inteligencia y sensibilidad de saber escuchar. Tanto lo primero, como lo segundo son importantes. Carmen, voz y oídos, corazón e inteligencia, marcan un nuevo ciclo de quehaceres intensos, al menos en la política pública ambiental. No hay que dejarla sola, al contrario, hay que ejercer la ciudadanía aún más intensamente.

Piñones al 2012

Piñones luchará por la conservación de terrenos - El Nuevo Día


Piñones luchará por la conservación de terrenos
18 de abril de 2012
Las luchas por la permanencia de la comunidad en la que nació, se crió y en la que aún reside han marcado la vida de la loiceña Yolanda Pizarro.Su hogar, enclavado en la comunidad Monte Grande, en la zona de Piñones, se ha visto amenazado durante las últimas cuatro décadas por la posibilidad de que se construyan allí grandes proyectos hoteleros y turísticos.

“Mi abuela luchó por Piñones, mi madre luchó y ahora yo estoy en estas. Estamos preparados para lo que sea. Piñones ni se da, ni se regala ni se vende”, expresó Pizarro.

La mujer fue parte de un grupo de residentes de varias comunidades de Loíza que expresaron ayer su rechazo a la posibilidad de que las 1,348 cuerdas en las que se pretendía construir el proyecto Costa Serena regresen a manos de PFZ Properties.

Por esto, la planificadora ambiental Carmen Guerrero anunció que los miembros de la Coalición Piñones-Loíza y residentes de Piñones presentarán un recurso ante el tribunal para expresar sus argumentos a favor de que el gobierno continúe el proceso para expropiar los terrenos, que inició en 2008.
La posibilidad de que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) desista de la expropiación depende del dinero que el gobierno le tendría que pagar a PFZ Properties como “justa compensación”. En el 2008, el monto era de $4.9 millones, pero la cifra ahora ronda los $32 millones.

El secretario del DRNA, Daniel Galán Kercadó, señaló que existen diferentes tasaciones debido a que no todas evalúan la misma cantidad de terreno. De acuerdo con el funcionario, una de las evaluaciones -que comprende la totalidad de las 1,348 cuerdas- establece el precio en $70 millones. Agregó que el acuerdo de los $4.9 millones se basó en una tasación que no tomó en cuenta toda la propiedad.

“El Tribunal (de Expropiaciones) está ahora revisando toda esa información, cuadrando las tasaciones. Tenemos que ultimar muchos detalles y tenemos muchas incongruencias en todo este proceso”, sostuvo Galán Kercadó.

El secretario indicó que si el tribunal avala el pago de los $32 millones, el DRNA no completaría la transacción ya que tiene menos de $10 millones para adquirir esas tierras.

Si el gobierno desiste de expropiar los terrenos, quedarán en manos de PFZ Properties, que podría retomar el proceso para el desarrollo de Costa Serena.
Guerrero tronó contra el DRNA por presuntamente permitir que se inflara el valor de los terrenos y no luchar para lograr la conservación de esos suelos.

“No puedo hacer comentarios”, indicó al ser contactado vía telefónica.
Para los residentes de Loíza, el pago a la firma constructora no debe ser mayor de $4.9 millones, ya que los terrenos son inundables.
“Esos $32 millones, en vez de dárselos a un millonario, deberían dárselos al municipio de Loíza como compensación por los años que llevamos en el abandono y luchando contra los desarrollos que nos quieren desplazar”, dijo la directora ejecutiva de la Corporación Piñones se Integra (Copi) y candidata popular a alcaldesa de ese municipio, Maricruz Rivera.
El propietario de PFZ Properties, Joel Katz, declinó emitir declaraciones sobre la controversia.

“Esa justa compensación que se le quiere dar a Joel Katz es la misma justa compensación que se le debió dar a Adolfina Villanueva, quien fue asesinada por las fuerzas del gobierno”, añadió Rivera, en referencia a la mujer que en 1980 recibió un disparo de la Policía en momentos en que intentaban desalojarla de su residencia en el sector Tocones de Loíza.

Comunidades exigen más poderes - El Nuevo Día

Comunidades exigen más poderes - El Nuevo Día

Por Aurora Rivera Arguinzoni / arivera@elnuevodia.com

13 de mayo de 2012.

La justicia ambiental en Puerto Rico está minada por el excesivo poder del que gozan algunos sectores del Gobierno, que viven de espaldas a las necesidades y los deseos del ciudadano de escasos recursos económicos.

Para cambiar este escenario, que históricamente ha forzado a sectores con menos poder a luchar por los recursos y por el ambiente, las comunidades tienen que ampliar y fortalecer sus alianzas de modo que puedan reclamar contundentemente al Gobierno hacer lo que le toca y distribuir mejor el poder.

Estas ideas fueron la constante ayer durante las presentaciones y los diálogos de la conferencia “Justicia ambiental y el derecho a la tierra: Construyendo una agenda de futuro para Puerto Rico”. El evento, organizado por la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, se realizó en el Museo de Arte de Puerto Rico.

“Veo esto hoy como una nueva era de colaboración y de más agresividad. El Gobierno está ahí para ayudarnos, está ahí por nosotros, lo que hay es que ser más agresivo con el Gobierno, exigirle al Gobierno, y estas alianzas de las que estamos hablando es la forma de hacerlo”, declaró el director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, Ariel Lugo.

Lugo participó junto a Harold Toro, director de investigaciones del Centro para la Nueva Economía, al planificador José Rivera Santana y a Josen Rossi, presidente de la empresa de servicios de construcción Aireko, en un panel intersectorial moderado por el periodista José Javier Pérez, editor de El Nuevo Día.

“Tenemos que exigirle al Estado que cumpla su función en rigor de lo que a nuestro juicio debe ser una agenda y un proyecto de país que responda a los intereses de la mayoría del país”, coincidió Rivera Santana.

“Pero por otro lado, tenemos que fortalecer la capacidad de los ciudadanos y de las comunidades para poder tener el poder y los instrumentos políticos para hacer ese reclamo. Sin fuerza política y ciudadana organizada, es cuesta arriba lograr esas transformaciones”, agregó el planificador.

Se considera justicia ambiental la distribución equitativa de las cargas y los beneficios ambientales entre todas las personas de la sociedad, tomando en cuenta las situaciones de cada comunidad, las capacidades de sus ciudadanos y la participación en la toma de decisiones que les afecten.

De acuerdo con una catedrática en planificación de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el concepto de justicia ambiental aún no se ha adoptado del todo en la Isla. “Aquí la gente no le reclama al Gobierno de Puerto Rico que el desarrollo de tal proyecto constituye un problema de injusticia ambiental para unas comunidades. Sin embargo van al Gobierno federal, a la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos)”, afirmó la profesora Carmen Concepción.

No obstante, esto no deslegitimiza las luchas de justicia ambiental que se han dado en Puerto Rico. Lo que ocurre, según Concepción, es que muchas se han dado en el marco de luchas sociales, como las del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña y el Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño (G-8).

El caso del caño
La desigualdad social que amenaza, margina o provoca el desplazamiento de comunidades (sobre todo pobres) y que ha generado esas luchas, fue un factor que muchos de los deponentes coincidieron en destacar durante la conferencia de justicia ambiental. También hubo consenso sobre la necesidad de que las comunidades se organicen, se fortalezcan y compitan con las actuales estructuras de poder.

“Solo el que accede a la riqueza será respetado en la propiedad (el pobre suele ser el desplazado)... La clave en el caso del Caño Martín Peña ha sido esa nueva relación de poder”, destacó la abogada Erika Fontánez, catedrática asociada de la Escuela de Derecho de la UPR. Se refirió al modo cómo se organizaron las comunidades del G-8, colindantes con el centro económico de la zona metropolitana, la Milla de Oro, hasta crear el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña.

Explicó que este esquema hace que el suelo y las propiedades estén en manos del colectivo, lo que les da poder para usarlas como garantía en préstamos o inversiones que también sean para el bien colectivo. El actual gobierno estatal, tanto como el municipal, han atentado contra este sistema, que se ha distinguido por ser democrático en la medida en que los residentes han participado en la toma de decisiones desde el principio.

“Exigimos que nos dejen trabajar y defender nuestros derechos, que el Gobierno se una a nuestros intereses y no que los quiera acomodar a los intereses privados. Exigimos, en fin, que nos devuelvan nuestras tierras y que vean como estas comunidades pueden establecer un precedente de la verdadera autogestión comunitaria en pro de la verdadera justicia ambiental”, reclamó Melba Ayala, líder comunitaria en el G-8, empresaria y presidenta de Excursiones ECO.

Durante la jornada, Judith Enck, administradora de la Región 2 de la EPA, reclamó solucionar el problema de inundaciones en comunidades del Caño.

“Estamos muy preocupados porque el agua de inundaciones suele estar contaminada con desperdicios y químicos, y absolutamente tenemos que detener eso”, afirmó.

“Nunca había visto comunidades urbanas tan densamente pobladas carentes de un sistema de alcantarillado moderno funcional”, destacó Enck.

El jueves: Justicia ambiental y derecho a la tierra

5 historias puertorriqueñas: propiedad, medioambiente y justicia

Hace unos años publiqué un artículo presentado en Argentina en ocasión del Seminario Latinoamericano en Teoría Política y Constitucional (SELA), auspiciado entre otras universidades, por uno de los programas intelectuales de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale. El ensayo presentado y publicado en el libro Derecho y Propiedad (Libraria; ver carátula al lado), se convirtió en el artículo de título La contingencia de las políticas propietarias: un examen de los supuestos de la teoría política propietaria en los contextos de justicia social y medioambientales puertorriqueños. 
 

Mediante cinco historias de controversias propietarias y de justicia ambiental, intenté ejemplificar cómo la atención a los problemas de propiedad, justicia ambiental y justicia social deben atenderse holísticamente y cómo los supuestos teórico-políticos y filosófico-políticos que subyacen muchos de los problemas, hay que develarlos para proponer premisas y diseños institucionales más justos y con mayor atención a las relaciones de poder que casos como estos encierran. Aquí reproduzco la introducción al artículo que seguirá con una mirada a la línea del tiempo filosófico-política propietaria en Puerto Rico, una discusión sobre las alternativas filosófico-políticas que existen y cómo muchas de estas premisas convergen en la quinta y reciente historia: el proyecto del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martin Peña. 

De esto estaré hablando en la actividad del 12 de abril cuyos detalles puede encontrar en esta entrada.

 ***

I.         Introducción: Cuatro historias contemporáneas de propiedad, justicia social y medioambiente[1]

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piñones/loíza

Doña Demetria Escalera pertenecía a una de las muchas familias descendientes de esclavos libertos en Piñones-Loíza, costa norte de Puerto Rico y una de las áreas de mayor valor ecológico y cultural afro-puertorriqueño en el país. Para principios de los años ochenta, el Derecho no las reconocía como propietarias, a pesar de que su familia llevaba allí casi un siglo, trabajando la tierra y haciéndose cargo de ésta. A principios de esa década, la familia Katz, compradores sucesivos de las tierras, pidieron su desahucio para construir lo que sería el proyecto turístico-hotelero más grande del país. En 1990, Doña Demetria logró el pronunciamiento oficial que la mantuvo en el lugar: el tiempo la hizo propietaria de ese pedazo de tierra. Pero el señor Katz mantuvo el resto de las tierras y en el 2006 logró que el gobierno le aprobara el proyecto hotelero, aún con las restricciones legales de protección medioambiental. Yolanda, nieta de Doña Demetria, pese a ser propietaria heredera, estaba en riesgo de que una carretera para viabilizar el hotel la desplazara. La prerrogativa propietaria de Katz, a su vez, significaría el desplazamiento del resto de la comunidad centenaria de Piñones. La cultura afro- puertorriqueña quedaría desplazada para dar paso al hotel cinco estrellas, y a su vez, el bosque de mangle más importante de Puerto Rico sería sólo un recuerdo. Los piñoneros exigieron del gobierno la revocación del proyecto y la expropiación de las tierras de Katz, lo que al día de hoy se discute con timidez gubernamental. Hay quienes señalan que si el área es ecológicamente importante, ni Katz ni los piñoneros deberían permanecer ahí.

-2-

cangrejos

A pocos kilómetros, el gobierno implanta la “revitalización” del barrio Cangrejos, conocido también por Santurce. Para revitalizar la ciudad, dice el Departamento de Vivienda, hay que expropiar a los residentes de barrios populares legendarios como el de “Alto del Cabro”. Las costosas modificaciones y las nuevas viviendas millonarias que se planifican requieren que los propietarios actuales cedan su interés propietario a favor del “interés público”. Así, Mary Ann perdió su casita en el barrio Cangrejos.  Lo compensado no le permitió un espacio en la ciudad. A pocas calles hay otros propietarios, éstos con residencias de millones de dólares que colindan con la playa, pero el bullicio y el paso de otros para acceder a la playa, los motivaron a poner portones para cerrar su urbanización. La Coalición Playas Pal Pueblo denunció el cierre y reclama el acceso a la playa. Los propietarios aluden a su derecho a salvaguardar su propiedad. 

-3-

san isidro

Janet, residente del barrio San Isidro en el municipio de Canóvanas, recibió una carta de la agencia federal de protección ambiental indicándole que sería multada por haber rellenado un humedal sin permiso. La ley federal protege los humedales. Janet y los residentes de San Isidro están ahí pese a que es una zona inundable pues no tenían otro lugar para hacer sus viviendas. Ahora, por violación a leyes ambientales están en riesgo de ser multados y desalojados. A pasos de San Isidro, otro propietario, esta vez Walmart, solicita permisos para rellenar parte del mismo humedal para construir la famosa megatienda. Walmart consiguió los permisos para el proyecto. Janet busca asesoría.

-4-

adjuntas

En 1942, mientras se llevaba a cabo la reforma agraria y se repartían parcelas a los campesinos agregados, se designaban ciertas tierras en el centro de la isla como reserva forestal: esto pasó a ser el Bosque Guilarte. La designación no tomó en cuenta a las familias de agregados que vivían en esas tierras. A 2008, Don Adrián, descendiente de los campesinos agregados recibió una carta para que en seis meses desalojara el pedazo de tierra donde vive. El gobierno reclama hacer valer la Ley de Bosques. Don Adrián se aferra a su tierra y dice que lleva casi medio siglo cultivándola. El bosque, dice, no le arrebatará lo único que tiene.

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Estas historias ilustran el escenario y la complejidad de controversias en Puerto Rico que tienen elementos de justicia social, propietarios, y medioambientales. En cada controversia, estos tres conceptos se escenifican de diversas formas, es decir, contingentemente. No es lo mismo el bosque de mangle que está bajo acecho de un propietario millonario en Piñones, que el bosque que justifica el desalojo de Don Adrián en Adjuntas. Tampoco es lo mismo el propietario Katz al que no se le quiere expropiar, que  la propietaria Mary Ann que vivía en Santurce pero fue expropiada. La contingencia de estos conceptos hace necesario analizar las políticas y sus presupuestos teóricos para buscar respuestas y remedios.

Todas estas historias tienen como antecedentes -directos y fácilmente palpables- las políticas públicas adoptadas en Puerto Rico en momentos clave de nuestra historia. Sus protagonistas también parecen ser los mismos a través de décadas. También, las historias están hilvanadas, de manera diversa y contingente por concepciones particulares sobre la justicia, la propiedad y el medioambiente. En la mayoría de los casos sobresalen políticas utilitaristas o liberales conservadoras, en lo que a los elementos de justicia y propiedad se refiere, y una noción conservacionista o ecologista en lo que a lo medioambiental concierne. Tampoco las alternativas parecen integrar estos elementos. De manera que, urge develar los supuestos teóricos de lo que antecede y analizarlos a la luz de cada uno de estos conceptos en el contexto puertorriqueño, para de esta forma, atajar mejor estos problemas.

En tanto la mayoría de las controversias medioambientales, como las ejemplificadas en las historias introductorias, tienen como protagonistas más afectados a quienes ya tienen serias desventajas socio-económicas, ya es muy difícil cuestionar que las controversias de política medioambiental están vinculadas con las de justicia social. Se habla de la posibilidad de aludir a derechos medioambientales para atender a las inequidades en la distribución de los recursos, pero a su vez, cualquier propuesta en esta dirección tendrá además que enfrentarse a la teoría y la aplicación de la justicia en relación con los derechos propietarios. Por lo tanto, la atención sobre los asuntos medioambientales tiene que incluir el tema y el debate de la distribución de los recursos y el tema de la propiedad.[2]

Las premisas y los abordajes filosóficos sobre las cuales analizaré críticamente estos temas en el contexto puertorriqueño son: (1) la convicción de que para que estas controversias encuentren remedios cónsonos con la justicia sólo pueden ser atendidas mediante supuestos igualitarios; (2) las políticas de justicia distributiva del igualitarismo rawlsiano deben ser capaces de incorporar los elementos medioambientales en los valores de distribución; (3) los reclamos a favor del medioambiente deben inexorablemente incluir los elementos de justicia social y el respeto a las comunidades como parte intrínseca del medioambiente (de lo contrario están abocados al fracaso); (4) las normas y concepciones propietarias deben reflejar una función social y no deben concebir derechos propietarios originales que se interpreten de formas tan amplias y abarcadoras como lo plantea el liberalismo conservador (5) las medidas de justicia distributiva no deben circunscribirse a remediar la falta de acceso a los recursos materiales y naturales sino que deben ser capaces de propiciar nuevas relaciones sociales de poder.

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[1] Las historias que aquí se reseñan son casos atendidos por la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, secciones de Derecho ambiental y Desarrollo comunitario y el Programa Pro-Bono de la Escuela.

[2] Justice, Property and the Environment: Social and Legal Perspectives  (Tim Hayward & John O’Neill eds., 1997).

Justicia Ambiental y Derecho a la Tierra (Separa la fecha!).

La Corte Constitucional Sudafricana: tensiones entre la justicia ambiental y la justicia social

En el mismo seminario al que aludía en el post anterior, la estudiante de Derecho, Aura Colón, analizó las tensiones constitucionales que se generan cuando se enfrenta el derecho a la protección del medioambiente con asuntos relativos a la justicia social, como el derecho a la vivienda y la reparación a los ciudadanos víctimas por años de la opresión, discriminación y pobreza. Seleccionó el contexto Sudafricano. Su trabajo expone las formas en que la Corte Sudafricana aborda -con interesantes retos y grandes complejidades- las premisas del desarrollo sustentable y la justicia ambiental vis a vis la necesidad de hacer valer derechos sociales y económicos contextualizados en un historial de profundas huellas dejadas por el apartheid. En el abordaje a las sentencias de la Corte se deja ver además las concepciones que tiene esta famosa Corte constitucional sobre el rol de los jueces y los tribunales.

Para beneficio de los lectores y lectoras de nuestro blog, Aura nos autorizó a reseñar de su paper algunos casos que ilustran estas tensiones (cito del trabajo de Aura todavía en borrador (Favor no citar), los acápites son míos). Gracias Aura!.

1. Acceso a la Justicia

-Trustees for the time being of the Biowatch Trust v. Registrar Genetic Resources (Biowatch)[1]

Este caso define la política de los tribunales sudafricanos sobre el pago de costas. Sin embargo, tiene un efecto significativo sobre el tema de acceso a los tribunales, a información y justicia ambiental, pues “un instrumento tan poderoso como el artículo 24 de la Constitución sudafricana sirve muy poco si las personas que se supone son protegidas por éste se ven impedidas de usarlo por falta de dinero”.[2]

Biowatch es una organización ambiental sin fines de lucro que solicitó al gobierno información sobre la modificación genética de material orgánico en diversos alimentos que se ofrecían al público. Para marcar la importancia de manejar correctamente esta tecnología, una de las representantes de Biowatch sostuvo que “GMOs [Genetically Modified Organisms] is a new technology which might threaten our food security and biodiversity. Transparency with regard to decision making is important. Access to information is a key element of transparency.”[3]

La agencia gubernamental negó dicha información y la organización demandó por violentar su derecho a información en relación con los intereses medioambientales protegidos constitucionalmente. Aunque la Corte Superior encontró que el derecho a información de Biowatch fue vulnerado, desaprobó la manera en que la organización hizo la reclamación en corte. Como represalia no ordenó al gobierno pagar las costas de Biowatch. Más aún, ordenó a Biowatch a pagar las costas de la compañía privada que manejaba el material orgánico, Monsanto, pues ésta se vio obligada, según la Corte, a intervenir en el litigio para mantener confidencial la información solicitada. Biowatch apeló al TCSA.

Como regla general, si la parte promovente es victoriosa, sus costas deben ser pagadas por el Estado. Si no lo es, cada parte debe sufragar las propias. Al enfrentarse a este caso, el TCSA abordó el tema tomando en consideración el chilling effect que pudiera tener en litigios constitucionales.

The rationale for this rule is that an award of costs might have a chilling effect on the litigants who might wish to vindicate their constitutional rights. But this is not an inflexible rule. There may be circumstances that justify departure from this rule such as where the litigation is frivolous or vexatious.[4]

No obstante, el TCSA no se limitó a resolver el asunto de las costas, sino que expresó la importancia de este tema para el acceso a la justicia y derechos medioambientales.

[I]t is necessary to attempt to delineate the proper starting point for deciding costs in a case involving constitutionally protected rights to information and environmental justice. . . . [T]he protection of environmental rights will not only depend on the diligence of public officials, but on the existence of a lively civil society willing to litigate in the public interest.[5]

Asimismo, sostuvo que la manera en la cual las cortes inferiores manejaron el asunto de las costas fue “manifestly wrong”, “demonstrably inappropriate” y “unduly chilling to constitutional litigation”.[6] De manera que el TCSA no sólo aclara la norma en cuanto a costas, sino que enfatiza la importancia que tiene garantizar el acceso a tribunales en controversias medioambientales y las posibles consecuencias de imponer cargas onerosas a organizaciones que velan por el bienestar público. (énfasis mío).

There are elements within the conservation constituency who are using environmental test cases as new measures for excluding the poor. [..] [U]se of environmental provisions of rich and in most cases white people to block low cost housing development, have squatters removed, or simply create buffers and conservancies to increase property prices and impose security cordons in certain areas under the pretext of environmental protection. [..] There is a double layer of environmentalism that is beginning to unfold in South Africa, laced with racial undertones and new forms of economic exclusion.[7]

2. Medioambiente y derechos sociales

-Fuel Retailers Association of Southern Africa v. Director General Environmental Management, Department of Agriculture, Conservation and Environment Mpumalanga Province (Fuel Retailers)[8]

En esta opinión el TCSA se expresó por primera vez, y de manera clara, sobre el propósito del artículo 24 de la Constitución y el desarrollo sustentable:

What is immediately apparent from section 24 is the explicit recognition of the obligation to promote justifiable “economic and social development.” Economic and social development is essential to the well-being of humans. This Court has recognised that socio-economic rights that are set out in the Constitution are indeed vital to the enjoyment of other human rights guaranteed in the Constitution but development cannot subsist upon a deteriorating environmental base. Unlimited development is detrimental to the environment and the destruction of the environment is detrimental to development. . . . The environment and development are thus inextricably linked.[9]

Además, el TCSA expuso en esta opinión cuál es la guía al momento de resolver las tensiones constitucionales que se presentan en litigios ambientales: desarrollo sustentable.

It offers an important principle for the resolution of tensions between the need to protect the environment on the one hand, and the need for socio-economic development on the other hand. In this sense, the concept of sustainable development provides a framework for reconciling socio-economic development and environmental protection.[10]

El profesor de derecho de la Universidad de Witwatersrand, Tumai Murombo, reseñó este caso en la Revista Jurídica Sudafricana y expuso que el análisis del TCSA fortalece los derechos medioambientales:

[T]he Fuel Retailers decision is a landmark development in the implementation of sustainable development in South African law. More importantly, it is the first decision by the Constitutional Court to affirm that the notion of sustainable development underpins the environmental rights enshrined in section 24 of the Constitution.[11]

En fin, esta decisión define el contenido del derecho en el artículo 24 de la Constitución. Ya no cabe duda de que el espíritu del derecho medioambiental sudafricano es uno que busca el balance y reconoce la realidad socio-económica del país. Así, con el “cambio en el clima ideológico” se destruye la visión conservacionista que dio paso a la discriminación y se establece la norma de desarrollo sustentable.

3. Derechos socio-económicos v. derecho de propiedad y derecho al medioambiente

-Minister of Public Works v. Kyalami Ridge Environmental Association (Kyalami)[12]

 En este caso las tensiones constitucionales se manifiestan de manera clara, al enfrentarse los derechos socio-económicos de una comunidad pobre al derecho de propiedad y conservación del medioambiente de otra comunidad.

Los hechos de este caso son los siguientes: unas fuertes lluvias causaron inundaciones y destruyeron las casas de trecientas familias en las riberas del río Jukskei. El gobierno reubicó a las víctimas en un solar, propiedad del Estado, aledaño a una urbanización (Kyalami). Los residentes de Kyalami sostuvieron que el establecimiento de un campamento temporal para las víctimas provocaría erosión del terreno, contaminación del aire, impactaría la flora y fauna, y afectaría el ambiente socio-cultural y el valor de sus viviendas.

Asimismo, alegaron que sus derechos constitucionales a un procedimiento administrativo justo fueron violentados. La Corte Superior sostuvo que el gobierno no podía reubicar a las víctimas en ese predio sin antes realizar análisis de impacto ambiental, entre otros análisis.

No obstante, el TCSA sostuvo unánimemente que el derecho de las víctimas a un nivel de vida adecuado, a la vida y a su seguridad rebasaba el derecho propietario y de conservación de los residentes de Kyalami. “Although the interests of the Kyalami Residents may be affected, consideration is also to be given to the interests of the flood victims. The flood victims have a constitutional right to be given access to housing.”[13]

3. Derecho a un procedimiento administrativo justo

Además, (en Kyalami) (La Corte) expresó que el derecho a un procedimiento administrativo justo (Artículo 33 de la Constitución) depende del balance de varios factores, tales como: a) la naturaleza de la decisión; b) los derechos infringidos; c) los hechos; y d) las consecuencias de la decisión. La corte aceptó que el valor de la propiedad se podía ver afectado –aunque expuso que la evidencia para sostenerlo era poca (“skimpy”)– pero, en este caso, la necesidad de tomar una acción rápida para proteger a las víctimas iba por encima de cualquier derecho propietario. “The provision of relief to the victims of natural disasters is an essential role of government in a democratic state, and government would have failed in its duty to the victims of the floods, if it had done nothing.”[14]

El juez Chaskalson no concluyó sin antes denunciar que a pesar de este litigio y el compromiso hecho a las víctimas para buscarles vivienda apropiada, el Estado ha fallado en cumplir con sus obligaciones:

This has been a most unfortunate case. When the proceedings were commenced the government contemplated that the flood victims would be accommodated on the prison farm temporarily and that they would be allocated permanent accommodation elsewhere within 6 to 12 months. Later it was said that the time would at most be 12 to 24 months. Nearly a year has passed since then. In the meantime the flood victims have been living in deplorable circumstances, and there is no word as to when permanent accommodation will become available. It is time that attention be paid to their needs.[15]

Nos dice Aura que “se puede concluir que el análisis constitucional del TCSA es uno contextual. “The implication is that a pure textual approach has been replaced by a contextual approach that requires courts on all levels to make value judgments by considering issues of a political, socio-economic and cultural nature.”[16]

…

4. Rol de los tribunales

“Por último, el hecho que el TCSA haya enfrentado el reto ambiental en una sociedad que apenas comienza a desarrollarse lo hace líder en la transformación social del país. Así lo consideran muchísimos juristas.

I am of the considered view, however that the foundations laid by developments in our environmental jurisprudence in the past decade provide a vibrant and fertile ground for this country’s judiciary to take a lead in achieving sustainable development in South Africa, and beyond our borders. In fact, I would go further and venture that our courts already play a leading role, certainly in the African context, in the development of a legal milieu that reflects our country’s constitutional imperatives.[17]

…

The role of the courts is especially important in the context of the protection of the environment and giving effect to the principle of sustainable development. The importance of the protection of the environment cannot be gainsaid. Its protection is vital to the enjoyment of the other rights contained in the Bill of Rights; indeed, it is vital to life itself. It must therefore be protected for the benefit of the present and future generations. . . . Courts therefore have a crucial role to play in the protection of the environment. When the need arises to intervene in order to protect the environment, they should not hesitate to do so.[18]

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[1] Biowatch, supra.

[2] Jones, en la pág. 30. (“A powerful instrument like § 24 of the South African Constitution is of little use if the very people who are supposed to be protected by it are barred from using it by lack of money”.)

[3] Algotsson, en la pág. 32.

[4] Biowatch, en la pág. 14.

[5] Id., en la pág. 12.

[6] Id., en la pág. 34.

[7] Id., en la pág. 40.

[8]Fuel Retailers Association of Southern Africa v. Director General Environmental Management, Department of Agriculture, Conservation and Environment Mpumalanga Province 2007 (67) SA (C.Ct.).

[9] Fuel Retailers, en la pág. 25.

[10] Id., en la pág. 32.

[11] Smith, en la pág. 4.

[12] Minister of Public Works v. Kyalami Ridge Environmental Association 2001 (3) SA 1151 (C.Ct.).

[13] Kyalami, en la pág. 61.

[14] Id., en la pág. 32.

[15] Id., en la pág. 63.

[16] Kotze. en la pág. 83.

[17] Smith, en la pág. 10.

[18] Fuel Retailers, en la pág. 56-8.