Argentina comenzó a capacitar a los magistrados y funcionarios de la justicia en equidad de género y derechos de las mujeres, en un programa que por su amplitud podría ser la guía de iniciativas similares en el resto de América Latina. El plan tuvo su inicio este martes 21 y sensibilizará y formará en la perspectiva de género a los jueces, funcionarios de los tribunales y empleados administrativos del Poder Judicial, mediante la capacitación de promotores especiales.
La magistrada Carmen Argibay se dirige a un grupo de juristas argetinas (AmecoPress)
“Elegimos a 100 personas del Poder Judicial en todo el país para que capaciten en asuntos de género porque detectamos serias inequidades”, explicó a IPS Carmen Argibay, la primera mujer en ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Las inequidades se registran en la atención discriminatoria hacia las víctimas o en juicios y sentencias que no contemplan las desventajas que padecen muchas mujeres por vivir en un sistema patriarcal y machista, señaló la magistrada.
Un ejemplo de sentencia discriminatoria es la que permitió este año condenar a una mujer a requerir la autorización de su cónyuge para someterse a una ligadura de trompas. Sin embargo, hay también jueces que sí van incorporando esa perspectiva, a partir de herramientas jurídicas que están al alcance de todos, pero que no terminan de ser aplicadas en el quehacer cotidiano de la llamada “familia judicial”.
Un fallo con perspectiva de género, por ejemplo, fue el que condenó a los médicos que se negaron a brindar quimioterapia a una mujer que padecía cáncer porque estaba embarazada, pese a su manifiesta voluntad de interrumpir la gestación. También hay jueces que se colocan a la vanguardia en temas de género y establecen precedentes a través de sus sentencias, que impulsan leyes específicas para ampliar los derechos a colectivos marginados de ellos.
Es el caso de los jueces que ordenaron que se uniese en matrimonio a parejas del mismo sexo que reclamaban ese derecho. Las sucesivas sentencias en este sentido fueron corroboradas finalmente este año con una ley de matrimonio igualitario. Argibay se convirtió en 2004 en la primera mujer en integrar el máximo tribunal argentino. A ella se unió ese mismo año Elena Highton, actual vicepresidenta de una CSJ de siete magistrados.
Highton impulsó el establecimiento en 2009 de la Oficina de la Mujer de la CSJ, para capacitación e investigación sobre género, y de una Oficina de Violencia Doméstica, que brinda atención todos los días del año, durante las 24 horas. Como parte de la labor de la Oficina de la Mujer, Argibay presentó este mes una serie de talleres de formación de capacitadores en perspectiva de género dentro del Poder Judicial, en una iniciativa avalada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los participantes reciben un Protocolo de Trabajo en Talleres para una Justicia con Perspectiva de Género, con diferentes módulos de formación teórica y práctica, en cuya elaboración participaron expertos en asuntos de justicia y género. El coordinador residente del Sistema de la ONU en Argentina, Martín Santiago, dijo a IPS que el programa tiene todo lo necesario para “convertirse en una buena práctica para todos los poderes judiciales de la región”.
“Otros poderes judiciales brindan capacitación (en género), pero aquí se armó una arquitectura institucional con dos oficinas que muestran claramente una determinación de avanzar en la equidad de género”, añadió el funcionario. En la apertura de los talleres de formadores, que se brindan en Buenos Aires, participan integrantes de la Oficina de la Mujer, así como las propias Argibay y Highton, para subrayar el respaldo de la máxima instancia del Poder Judicial al programa.
“Primero seleccionamos a los que serán capacitadores por sus antecedentes, les damos una capacitación aquí y les brindamos material de lectura y audiovisual para que repliquen estos temas en talleres en sus provincias”, explicó la jueza. Según Argibay, son muchos los compromisos firmados por el Estado argentino que colocaron a los derechos de la mujer en el más alto nivel jurídico. Sin embargo, consideró que ello no es suficiente para que esos derechos se hagan efectivos.
“Se sigue observando que hay maltrato a las mujeres que vienen en busca de justicia. Parece naturalizado considerarlas mentirosas si acusan a un hombre de ser violento o de una violación”, ejemplificó la magistrada. “Detectar esas múltiples situaciones en las que la mujer está en desventaja requiere de un esfuerzo intelectual para comprender algo que no fue parte de nuestra formación, y agudeza de sentidos para descubrir estereotipos culturales”, indicó.
En los talleres, los participantes repasan las herramientas que ofrece el derecho sobre igualdad ante la ley y derechos de las mujeres, realizan ejercicios que les permiten reflexionar sobre la asignación de roles sociales y laborales según los géneros. También hay en los cursos un análisis sobre el lenguaje sexista, y se proponen fórmulas para incluir a las mujeres en el discurso jurídico y para evitar el uso de términos discriminatorios.
“La violencia contra la mujer es consecuencia de ver el mundo desde un patrón absolutamente machista”, dijo a IPS la jueza María Laura Garrigós, una de las seleccionadas como promotoras de género dentro del Poder Judicial. “El Poder Judicial todavía no tiene incorporada esta perspectiva, es algo que tenemos que lograr, un cambio de paradigma que nos permita ver el delito en todo ese contexto”, reflexionó Garrigós.
