20.12.11

columna: Llamado urgente (Efrén Rivera Ramos).


EFRÉN RIVERA RAMOS

Los pobres del País acaban de recibir otro duro golpe. El Congreso de Estados Unidos ha decidido disminuir sustancialmente la asignación de fondos a la Corporación de Servicios Legales, organismo que distribuye los dineros disponibles para los programas que prestan dichos servicios a las personas de escasos recursos.



En Puerto Rico eso significa una reducción del 14.8 por ciento del presupuesto del Programa de Servicios Legales de Puerto Rico, la Oficina Legal de la Comunidad y el Programa Pro-Bono del Colegio de Abogados. El recorte implica una merma de $2.8 millones para esas entidades efectiva desde enero de 2012. A ello se sumarán disminuciones anticipadas para el año 2013 como parte de la negociación sobre el presupuesto entre republicanos y demócratas en el Congreso.

Servicios Legales de Puerto Rico, la Oficina Legal de la Comunidad y ProBono Inc. son corporaciones privadas sin fines de lucro que por décadas han representado a miles de personas, familias y comunidades de escasos recursos en el ámbito civil del derecho.



Según sus directivos, una reducción de fondos de la magnitud anunciada obligará a una disminución inmediata de los servicios que se ofrecen en áreas tales como derecho de familia, vivienda, salud, educación y derechos de los consumidores. 

Además pone en peligro la seguridad de empleo de abogados, personal de apoyo y empleados gerenciales de los programas en momentos en que el país atraviesa una de sus peores crisis de desempleo.



Para que nos hagamos una idea más precisa, estas organizaciones atienden anualmente cerca de 40,000 casos. En sus cuarenta y cinco años de existencia, el Programa de Servicios Legales de Puerto Rico ha atendido más de 2.8 millones de asuntos de la más diversa índole que han afectado las condiciones de vida y los derechos de individuos, grupos y comunidades en todo el país.

Estos programas constituyen también una oportunidad para que cientos de abogados contribuyan a que la profesión jurídica cumpla, en alguna medida, con su deber de facilitar el acceso a la justicia de los menos favorecidos.



Los recortes que se avecinan tendrán un impacto severo sobre la comunidad indigente. En tiempos de crisis las personas de menos recursos tienden a ser las más afectadas. El desempleo, la congelación de salarios, la reducción de beneficios marginales, el encarecimiento de la vida y la disminución de servicios de todo tipo les afectan más que a nadie. 

Ello les crea necesidades mayores que muchas veces requieren asistencia jurídica de algún tipo. Si encima se les corta el acceso a los servicios legales necesarios para resolver sus asuntos y reivindicar sus derechos, el efecto perjudicial se multiplica. 



La urgencia de la situación ha impelido a los programas mencionados, a los decanos de las escuelas de Derecho, a numerosos abogados y académicos y a portavoces de las comunidades servidas a solicitar al gobernador de Puerto Rico y a los presidentes de las cámaras legislativas que autoricen “la asignación inmediata de los $2.8 millones para detener el efecto devastador de este nuevo recorte”.

Se trata, afirman los peticionarios, “de un servicio que resulta ser la única alternativa que tienen miles de puertorriqueños y puertorriqueñas para reclamar derechos esenciales en protección de su dignidad humana”.

Durante los pasados ocho años las ramas Ejecutiva y Legislativa han asignado dinero para Servicios Legales, la Oficina de la Comunidad y el Programa Pro-Bono. Sin embargo, a la luz de los recortes dispuestos por el Congreso, hoy esas aportaciones resultan insuficientes. 


El País necesita hacerse cargo de esta realidad. No se puede seguir dependiendo de que las necesidades legales de los pobres de nuestro país las resuelva el Congreso de Estados Unidos. 

De hecho, Puerto Rico está entre las jurisdicciones que más dependen de esas asignaciones federales. Si allá merma la voluntad para destinar los recursos disponibles a las poblaciones más necesitadas, acá tenemos que compensar con mayores asignaciones para esos fines.

En lo inmediato se trata de menos de tres millones de dólares.


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