Ayer, en el Ateneo Puertorriqueño, el Tribunal del Pueblo, constituido para pasar juicio sobre la legalidad del proyecto Paseo Caribe, emitió su laudo final: el proyecto es ilegal, los terrenos donde ubican son de dominio público, por lo tanto, las transacciones gubernamentales sobre el predio son nulas y hubo serias irregularidades en la emisión de permisos en violación a leyes de planificación, ambientales y de protección arqueológica.
También, allí, mientras el Tribunal del Pueblo emitía su laudo, Tito Kayak compareció y se entregó a la policía tras el Juez haber emitido una orden de arresto en su contra por desacato. Posteriormente, Tito prestó fianza y la vista se señaló para el 28 de noviembre. Tito hizo un llamado a la desobediencia civil: “El proyecto hay que tumbarlo. Se tiene que detener, se tiene que derrumbar”, dijo enfáticamente. “Vamos a hacer lo que el gobierno no querido hacer. El pueblo, a través del Tribunal del Pueblo, llegó a una decisión y el gobierno tiene que respetar esa decisión”.
Los detalles son detalles, pero son importantes para ver lo que hay detrás. Lo importante, desde mi punto de vista, es que los sucesos han servido para traer a la atención pública, una vez más, el reclamo de la ciudadanía hacia el gobierno, de actuar verdaderamente en protección del interés público, de hacer cumplir las leyes y no hacerse de la vista larga cuando las violaciones de ley son de los más poderosos. La inacción del gobierno en este tipo de casos ha hecho que cada vez -de manera más frecuente- se haga un llamado a "tomar la justicia en las manos", a la desobediencia civil y a acciones que ponen en jaque a nuestras instituciones, desprestigiadas ante los ojos de la ciudadanía.
