Charlie Hey Maestre, director ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico, nos recuerda hoy el importantísimo debate de la falta de representación legal de la mitad de la población para casos de lo civil. Sobre el tema y la urgencia de que se reconozca ese derecho, nos expone:"En nuestro ordenamiento no existe un derecho constitucional reconocido que garantice que una persona pobre cuente con la representación legal para proteger, por ejemplo, su empleo o su acceso a la educación, a pesar de que la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico consigna tanto “el derecho de toda persona (a) recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria” como el derecho “a recibir igual paga por igual trabajo, a protección contra riesgo para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo”.
No reconocer el derecho a un abogado en casos civiles fundamentales deja huecos aquellos derechos que con tanto orgullo proclama nuestra Constitución. Peor aún, hace inoperante la aspiración de que todos somos iguales ante la justicia.
En Puerto Rico hay apenas un abogado por cada 12,000 indigentes."Nos recuerda que las organizaciones como Servicios Legales y los programas pro bono no logran satisfacer esta necesidad urgente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo atender esta necesidad real? Vea la columna aquí.
