02-NOVIEMBRE-2009 | EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA
Pasmoso giro en el Tribunal Supremo
Para entender en toda su peligrosa extensión el activismo electoral que defiende el Juez Asociado, vale que pongamos en contexto la parte correspondiente de su opinión emitida tan recientemente como el pasado 14 de octubre.
Sostuvo el juez Torres Martínez:
“En verdad estamos ante dos visiones distintas de la función de la Rama Judicial y en particular, de este Tribunal… La independencia judicial no está en juego aquí. Es tiempo que aceptemos que el cambio en visión y filosofía jurídica por el que atraviesa este tribunal no significa el fin del mundo ni la hecatombe jurídica. Se trata del flujo normal de la marea judicial en una democracia, producto indirecto del mandato del pueblo expresado donde corresponde, en las urnas. Ese es nuestro sistema constitucional. Desmerecer ese proceso democrático no le hace bien a Puerto Rico”.
Para decirlo en sus acostumbrados términos, señor Juez: disentimos.
La independencia judicial -una garantía de que los procesos en los tribunales se llevarán a cabo con arreglo al Derecho sin miramientos a condiciones sociales, económicas y políticas- es tan vital para la supervivencia de la democracia, y digámoslo de una vez, de la Justicia (con letra mayúscula), que cubre más allá del derecho de un juez: es una obligación sine qua non de una judicatura libre e independiente que no puede estar a merced del escrutinio de los votos depositados en una elección general.
En esa independencia judicial se asienta la credibilidad del sistema de justicia y en consecuencia la legitimidad de las decisiones de los jueces, que tienen que estar revestidas de la majestuosidad de la imparcialidad y la igualdad al momento de la emisión de todo dictamen desde un estrado judicial.
Lo que plantea ahora el juez Martínez Torres -con evidente apoyo de los señores jueces asociados Rivera Pérez, Pabón Charneco y Kolthoff Caraballo, a tenor con sus votaciones en determinaciones medulares ante su consideración- es que las decisiones judiciales han de regirse, y evidentemente así se están rigiendo por ellos- a base de la “marea judicial”, esto es, de la resaca que deje el mar contencioso de las campañas políticas.
La peregrina doctrina judicial que implanta la opinión del juez asociado Martínez Torres derrota, para todos los efectos jurídicos, la sabiduría de nuestros Padres Constituyentes de 1951-52 quienes derrotaron la sugerencia de uno de sus Delegados para que los jueces fueran seleccionados mediante elecciones cada doce años. “¿Por qué meter a los jueces, para llegar al cargo, en contiendas políticas? Dicen las autoridades y dice la historia y el sentido común, compañeros, que es mucho más perjudicial a la dignidad, a la personalidad, a la integridad y a la capacidad del juez, que la ligera o no ligera intervención política que pueda tener en su nombramiento la intervención del Ejecutivo para su designación…”, planteó en contra de la propuesta el delegado Ernesto Ramos Antonini.
Si la opinión del juez Martínez Torres se mantiene como la nueva doctrina judicial en el País, nada más se estaría reviviendo, a la inversa, pero igualmente fatal para nuestro sistema judicial, lo que con gran sabiduría se quiso evitar por los autores de nuestra Carta Magna.
La vestidura de la toga no debe encubrir ropaje propio de políticos.
