01 Mayo 2010
Reto para el caño en la adversidad
http://www.elnuevodia.com/columna-retoparaelcanoenlaadversidad-696302.html
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, desestimando la demanda del Fideicomiso de la Tierra en contra de la Ley 32, que entrega los terrenos del Caño Martín Peña a las agencias públicas, es un golpe a un proyecto ejemplar y lanza a un escenario desfavorable la autogestión comunitaria en Puerto Rico.
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, desestimando la demanda del Fideicomiso de la Tierra en contra de la Ley 32, que entrega los terrenos del Caño Martín Peña a las agencias públicas, es un golpe a un proyecto ejemplar y lanza a un escenario desfavorable la autogestión comunitaria en Puerto Rico.Se ha consumado lo que se venía temiendo desde hace varios años. Ya durante la campaña electoral de 2008, alertados por los intentos previos de desmantelar el Fideicomiso de la Tierra, sus portavoces pidieron al entonces candidato Luis Fortuño que hiciera claro su compromiso con las ocho comunidades, organizadas bajo el Proyecto Enlace, en el monumental proyecto de rehabilitación del Caño.
Eran -todavía son- unas 30,000 familias, incluyendo las de la Península de Cantera, que por primera vez tenían la oportunidad de superarse y salir adelante, social y económicamente, mediante una plataforma de principios cooperativos y ambientales nunca antes vista en el País.
No obstante, apenas iniciado el año 2009, desde la Cámara y el Senado arreciaron los intentos por enmendar la Ley 489. Esa ley, conocida como Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, es la que da soporte al Fideicomiso de la Tierra, garantizando el pleno disfrute de los terrenos por parte de sus verdaderos propietarios, y protegiendo a la vez a esas comunidades para que no sean pasto de la especulación o la codicia.
Pocos meses después, el 23 de junio de 2009, el gobernador Fortuño firmaba la Ley 32, producto del Proyecto de la Cámara 1403, que prácticamente echaba una losa sobre la aspiraciones comunitarias de los residentes del Caño.
De inmediato, el Fideicomiso solicitaba al Tribunal federal que declarara inconstitucional la Ley 32. La respuesta a esa demanda, que se conoció el pasado miércoles, ha sido obviamente adversa al Fideicomiso. Un gran golpe y una difícil situación a la que ahora deben enfrentarse las comunidades afectadas, que tienen el gran reto de enfrentar con realismo y determinación el retroceso que marca esta validación de la Ley 32.
Los representantes legales del Fideicomiso han anticipado que buscarán otras alternativas para salvaguardar la continuidad del proyecto, mediante reclamos de compensación económica para las comunidades y otras vías que ayuden a mantener, y reforzar si es posible, las formidables iniciativas que ya están en marcha.
Sin embargo, hay otro ángulo importante aquí. El Gobierno ha obtenido un éxito legal, algo que nadie le discute, pero por un elemental sentido de responsabilidad institucional y de conciencia ética, tendría que poner en una balanza lo que significa ese triunfo versus lo que puede llegar a ser el lastre de dinamitar un proyecto que es orgullo de Puerto Rico, reconocido en foros internacionales.
El Nuevo Día, consciente de los méritos del proyecto del Caño Martín Peña, sigue respaldando su preservación y su desarrollo plenos.
Pero ahora, además, instamos al Gobierno a que, en un gesto de buena voluntad y de renuncia al indigno recurso del mollero político, tienda la mano a esas ocho comunidades para que su pujante esfuerzo de autogestión se mantenga vivo.
