La Crisis y los Derechos (columna en El Nuevo Día)
Efrén Rivera Ramos
Catedrático UPR
15 Septiembre 2010
Las crisis y los derechos
Las respuestas gubernamentales a las crisis pueden tener efectos devastadores para los derechos de los ciudadanos. Abundan los ejemplos en los que los recortes fiscales, la disminución de los servicios, la privatización y medidas similares vienen acompañadas de reducciones en los derechos.
Ello es explicable. Los derechos, sobre todo los civiles y políticos, como los de expresión y asociación, que sirven para canalizar la protesta, constituyen una molestia para quienes interesan despacharse el bizcocho económico con la cuchara grande. De ahí la proliferación de prácticas y medidas represivas de toda índole.
También se ven menoscabados los derechos sociales y económicos, como el derecho al trabajo, a la salud y a la educación, que son los instrumentos normativos necesarios para articular los reclamos de los más necesitados.
El despido masivo de empleados públicos sin atención al principio del mérito, las reformas de las leyes laborales para desproteger a los empleados del sector privado y el empobrecimiento de la educación pública constituyen ejemplos recurrentes. La represión y la desigualdad hacen, pues, su aparición tomadas de la mano.
Cuando la crisis es política, la tentación de constreñir los derechos es todavía más patente. En algunas circunstancias, lo que pretenden los gobiernos es defender a toda costa el estado de cosas vigente, reprimiendo, a veces violentamente, los reclamos de cambio a favor de los más desfavorecidos. En otras, se hace todo lo contrario. Se intenta desmantelar las instituciones que sirven de garantías a los derechos con el fin de instaurar una nueva realidad política afín con los intereses de los que gobiernan.
Las crisis sociales, reinterpretadas oficialmente como crisis de seguridad en el sentido policiaco, pueden, por otra parte, constituir la excusa perfecta para proponer, a veces con respaldo popular, el abandono de derechos personales y colectivos que son el fruto de esforzadas luchas del pasado.
Cuando la crisis tiene como base la debilidad de las instituciones, el ataque contra los derechos se torna más ominoso aún. En esas situaciones, las personas afectadas por los atropellos no podrán contar con instituciones fuertes a las cuales acudir para que les ayuden a garantizar el disfrute efectivo de sus derechos.
Entre esas instituciones habría que contar a los sindicatos, las asociaciones profesionales, los tribunales, la prensa, las universidades, sobre todo las públicas, y los movimientos sociales de diversa índole.
De ahí que los gobiernos que ven cuestionadas seriamente sus políticas económicas y sociales cedan a la tentación fácil de intentar debilitar o desmantelar aquellas instituciones que puedan hacerles frente.
Pero más peligrosa que la violación de determinados derechos, es la amenaza que las situaciones de crisis le plantean a la idea misma de los derechos. Es común que los sectores gobernantes, al igual que los grupos dominantes económica y socialmente, comiencen a propalar un discurso cuyo objetivo es desvalorizar el concepto de los derechos como principio organizador de la comunidad política.
Los argumentos suelen girar en torno a privilegiar nociones como la seguridad pública, la estabilidad económica, la competitividad, la preservación de la moral o el apoyo a la familia tradicional como valores que deben tener primacía sobre los derechos de los ciudadanos, los trabajadores, los consumidores, las minorías sexuales o simplemente los diferentes.
Por eso vemos llenarse los registros legislativos de proyectos de ley de toda índole dirigidos a disminuir o sencillamente suprimir los derechos.
Una estrategia discursiva recurrente es intentar anular la idea de los derechos sustituyéndola con el paradigma conveniente del culto supremo a la voluntad electoral de las mayorías. Según ese criterio, basta haber obtenido un triunfo electoral abrumador para tumbar cabezas, es decir derechos, a troche y moche.
Puerto Rico, por supuesto, no está ajeno a estas realidades. De ahí la necesidad de la vigilancia y la lucha constante por defender no sólo los derechos ya ganados, sino los que nos falta por conquistar.
