El Colegio de Abogados presentó en el día de hoy una demanda en el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, en la cual solicita que se detenga la implantación de las leyes 121 y 135 aprobadas por la Legislatura y que enmiendan la Ley 43 que rige a dicha institución.
En dicha demanda, además de los argumentos planteados previamente en los recursos radicados en el Tribunal Supremo, aparece como demandada, en su carácter oficial, la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) y su directora, la jueza Sonia Vélez Colón, y se añade un nuevo reclamo relativo a la ilegalidad de leyes impugnadas por ser estas violatorias del principio de que una ley no podrá condenar sin la celebración de juicio.
El presidente de los abogados, el Lic. Arturo Hernández, informó que “recurrimos al TPI porque el Tribunal Supremo, en opinión dividida, no aceptó ver el caso en jurisdicción primaria. Los jueces Rivera Pérez y Pabón Charneco”, recordó Hernández, “emitieron voto para desestimar el recurso en sus méritos; los jueces Hernández Denton, Koltoff y Martínez decidieron no asumir jurisdicción original, pero que no desestimarían ya que entendieron que se necesita prueba y el proceso en el TPI; y las juezas Rodríguez y Fiol disintieron. La posición de estas últimas es cónsona con los planteamientos legales que está haciendo el Colegio en cuanto a la jurisdicción del Tribunal Supremo. Ellas hubieran asumido jurisdicción para ver el caso en sus méritos en dicho tribunal”.
Hernández aclaró que el Colegio de Abogados recurrió primero al Supremo “porque es el tribunal creado por nuestra Constitución para ello y el que tiene la obligación y la facultad para regir la profesión legal. El poder legislativo está interviniendo ilegal e inconstitucionalmente con el poder judicial e infringiendo la separación entre las ramas de gobierno que mandata la Constitución. Hay que enfatizar”, expresó, “que este litigio es un litigio de derecho, no de hechos, y considerábamos improcedente acudir al TPI ante la gravedad de la controversia, la urgencia de radicar y porque es un asunto que compete al Supremo por tratarse de la profesión legal”.
El presidente de los togados explicó que “le estamos pidiendo al TPI que, como parte del proceso de Injunction, emita un entredicho provisional para dejar en suspenso la implantación de las dos leyes mientras se ventila el caso. Esperamos”, insistió, “que el TPI falle a nuestro favor porque tenemos un caso sólido desde el punto de vista jurídico a base de los reclamos de inconstitucionalidad que estamos haciendo en torno a las dos leyes mencionadas y el proceso mediante el cual se aprobaron: violación de la separación de poderes, usurpación del poder inherente del Supremo para regir la profesión legal, violación del derecho a la libre expresión y asociación —tanto del Colegio como de sus integrantes— y violación de la sección 17 del artículo III de la Constitución (por violar los requisitos de redacción y trámite en legislación aprobada)”.
Por su parte, el Lic. Harry Anduze, presidente de la comisión especial del Colegio de Abogados que ha estado lidiando con las estrategias contra las leyes que pretenden la descolegiación de la abogacía, informó que “hay dos asuntos nuevos que se han incluido en la demanda radicada ante el TPI: en primer lugar, se incorporó como parte demandada a la OAT y a su directora, la jueza Sonia Vélez Colón, estrictamente en su carácter oficial, para que el Tribunal pueda poner en efecto la sentencia que emita porque es la OAT, brazo ejecutivo del Tribunal Supremo, la que está implantando las disposiciones de las leyes impugnadas”.
“En segundo lugar”, indicó Anduze, “se añadió otro reclamo constitucional: que las leyes 121 y 135 violan la Constitución de Puerto Rico, Artículo II, sección 12 y la Constitución de EEUU (secciones 9 y 10 del Artículo I) al constituir ´bills of attainder´. Estas secciones se refieren,” explicó el abogado, “a legislación que determina la presunta culpabilidad de una persona o entidad jurídica, como es el Colegio, porque hay desacuerdo con sus actuaciones y se aprueba una ley para castigarlo sin la celebración de un juicio. En el caso del Colegio, a pesar de que las vistas públicas reflejaron otra cosa —recordemos las cerca de 90 ponencias y documentos a favor del Colegio en las dos sesiones de vistas y sólo 8 en contra—, los legisladores nos juzgaron partiendo de su ideología política y el castigo, como ya se ha visto, fue legislar para eliminar la colegiación de la abogacía y continuar aprobando otras leyes para ahogarnos e intentar que no sobrevivamos como organización”.
El presidente del Colegio retomó la palabra para afirmar que “los abogados y abogadas han sido solidarios, defensores de su Colegio y han estado respaldando mediante el pago de cuotas y de otras formas. Continuamos realizando nuestro trabajo porque, a partir del análisis que hemos estado haciendo y de la radicación en el Supremo, decidimos que continuaremos funcionando sustentándonos en la ley que nos rige, la Ley 43. En ese sentido”, agregó, “hacemos una exhortación a los compañeros abogados y abogadas que sabemos que están comprometidos con esta institución y que todavía no han venido a pagar su cuota a que lo hagan lo antes posible”.
Organizaciones de la comunidad también han estado dando respaldo. Varias de ellas, según el presidente del Colegio, han confirmado que le solicitarán al TPI intervenir como amigos y amigas de las Corte. Algunas son: Coordinadora Paz para la Mujer, Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales, Comisión de Derechos Civiles, Red de Esperanza y Solidaridad, Diócesis Católica de Caguas (REDES), American Civil Liberties Union de Puerto Rico (ACLU) y la Unión de Abogados de Asistencia Legal; y, de Estados Unidos, la Society of American Law Teachers.
Hernández terminó afirmando que “es la intención del Colegio llevar el caso hasta las últimas consecuencias y foros porque la razón, el derecho y la justicia están de nuestra parte”.
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