21-ENERO-2010 | EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA
Por una coherente política ambiental
Cada paso rumbo a la desprotección, significa un obstáculo para el Puerto Rico que aspira a desarrollarse social y económicamente de la mano de la sustentabilidad. Por eso, esa mala tendencia que se acentuó en este último año, debe frenarse y revertirse.
En meses recientes hemos visto cómo se ciernen amenazas concretas sobre lugares emblemáticos anteriormente protegidos, quedando así a merced de la improvisación. La falta de una política ambiental rigurosa en ese periodo ha impedido una gestión de estado responsable.
El Plan de Uso de Terrenos, un documento en el que ya hubo una millonaria inversión y que necesita el País para aspirar a un desarrollo con parámetros claros y ordenados, sigue relegado al olvido. La recomendación de los científicos para desalentar la creación de comunidades costeras, también ha caído en oídos sordos. Nuestros derroteros van en dirección contraria a los mejores intereses de una isla que en el futuro dependerá sólo de las zonas que hayan podido quedar protegidas.
A partir de octubre pasado, la Junta de Planificación derogó la resolución que había sido emitida en febrero de 2008 y que declaraba el área del Corredor Ecológico del Noreste como reserva natural. Son 3,000 cuerdas de terreno de gran valor ecológico que quedan en una especie de limbo, clasificado de ahora en adelante con el eufemismo “de planificación especial”.
Poco después, se presentaba en la Cámara de Representantes un proyecto para dejar sin efecto la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico. En otras palabras, para entregar a la especulación y la explotación indiscriminada una zona como el Karso, tesoro ecológico que alberga el mayor número de especies de árboles por unidad de área en toda la Isla; refugio de más de 200 especies de aves, así como otros animales y plantas en peligro de extinción, y de cuyo subsuelo se extraen alrededor de 52 millones de galones de agua para el consumo, aunque su capacidad de producción puede llegar hasta 200 millones de galones diarios, de acuerdo al Plan Integral del Recurso Agua de abril del 2008. El proyecto no alcanzó los votos suficientes, pero el solo hecho de su impulso revela la existencia de una visión equivocada, de una intención oscura y de una amenaza que subyace.
La Ley de Permisos, recientemente firmada por el Gobernador, y que apoyamos porque entendemos que tiende a eliminar escollos y simplificar muchos procesos, contiene sin embargo trabas que obstaculizan gravemente los procesos de impugnación por parte de los grupos ambientales o los ciudadanos en su carácter privado. Esto privilegia un solo lado de la balanza, favoreciendo incluso los proyectos que amenazan los recursos naturales o la integridad de las comunidades.
Por último, nada se ha dicho sobre el Plan de Manejo de Zonas Costeras, siendo la Isla un lugar propenso a las marejadas ciclónicas. La falta de mapas actualizados sobre las zonas inundables y la indolencia con que se afrontan los potenciales eventos derivados del cambio climático, constituyen un elemento de zozobra que puede llevarnos a dolorosos traumas en el futuro.
Le queda todo por hacer al Gobierno en materia de políticas de protección del medio ambiente. Pero aún está a tiempo de rectificar.
