Más criminalización de la protesta, más desdén y oídos sordos a los argumentos de los ciudadanos sobre los temas sustantivos que merecen atenderse, como la corrupción y el fraude en las agencias en la otorgación de permisos, los problemas provocados por el desparrame, la mala planificación y la des-regulación de la propiedad, el incumplimiento con la legislación de protección ambiental y la injusticia ambiental: se aprueba nefasta ley para criminalizar actos de protesta (enmienda 'Tito Kayak').
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Agresión a los derechos civiles la enmienda Tito Kayak
Crece la oposición a proyecto que penalizaría con cárcel las protestas que obstaculicen obras de construcción
Por Daniel Rivera Vargas/ drivera2@elnuevodia.com
Diferentes líderes del sector ambientalista y comunitario lamentaron la aprobación en la Cámara de Representantes de la llamada “enmienda Tito Kayak”, el proyecto que penaliza con cárcel las protestas que obstaculizan obras de construcción.
“Entiendo por el camino que van. Esa legislación que se está aprobando minimiza la participación de la ciudadanía para fiscalizar estos proyectos que se están aprobando sin consulta, atropellando la naturaleza”, dijo el líder comunitario, Jorge Oyola.
Entre esas medidas atropellantes está el Fideicomiso de la Tierra, el Corredor del Noreste y la eliminación de la Ley 232 que protege a las comunidades, expresó Oyola. “Esto va dirigido a que no haya oposición”, indicó.
Mientras, el abogado ambientalista Pedro Saadé, dijo que era “una ficha más” para beneficiar sectores económicos, como los desarrolladores, y que se busca un “chilling efect” o que se cause miedo en los que quieran expresarse.
“Lo categorizaría como un acto de agresión al ejercicio de los derechos civiles y constitucionales de la ciudadanía. Esta medida hay que entenderla en su contexto del impacto negativo del cambio en la legislación que se viene dando en Puerto Rico y que responde a beneficiar a un sector específico de la economía”, dijo Sosa.
Advirtió que la ley es “atacable constitucionalmente” y no cumple con restricción de "tiempo, lugar y manera" -que se alegó ayer en el Capitolio- porque el proyecto de ley es ambiguo. "Si causa un retraso en el tráfico y no pudo entrar un obrero, ¿me pueden acusar? esto es un área de ambigüedad que es inconstitucional", afirnó Saade.
Mientras, el presidente del Sierra Club de Puerto Rico, Ángel Sosa, dijo que se trata de una medida de coacción para frenar las protestas en el País.
“Esta es otra medida más para coartar la libertad de expresión de la gente. Esto tiene implicaciones desde un piquete que haya frente a cualquier empresa porque entonces estaría violando la ley, tiene implicaciones muy violentas para la libertad de expresión de las personas”, expresó Sosa.
Por su parte, el asesor ambientalista de la organización Amigos del Karso, Luis Jorge Rivera, dijo que “se suma a otras instancias en la que las agencias del gobierno de restarle derechos a los ciudadanos, tal y como tempos visto con la ley de permisos de construcción”.
Ayer el presidente de la comisión de Derechos Constitucionales del Colegio de Abogados, Osvaldro Burgos y la abogada ambientalista Erika Fontánez expresaron su oposición a la medida. “Esto no es otra cosa que una de muchas acciones para criminalizar la protesta en este país”, indicó Fontánez.
La letrada agregó que el proyecto también responde a la efectividad de ciertos grupos en sus protestas ciudadanas, como dijo ha sido Tito Kayak. “Es ser criminalmente selectivos”, dijo Fontánez.
