Redactamos este texto en momentos de terribles violencias y de peligrosas consecuencias. La Universidad de Puerto Rico y el proyecto universitario se acercan a un trágico fin, pero no dejaremos que se materialice. Nuestra querida Universidad necesita urgentemente que todas y todos hagamos una profesión de amor.
El amor no puede tener condiciones para que sea amor real, pero tampoco puede predicarse sobre el cuerpo maltrecho del estudiantado y de la Universidad. Por ello, condenamos la violencia en todas sus manifestaciones, sobre todo porque atentan contra el espíritu universitario del diálogo y el debate de ideas. El serio intercambio de ideas, como fundamento ético-político, requiere de la apertura y el respeto a las diferencias. Es por esto que condenamos la ocupación policial de los variados recintos.
Sin embargo, la Universidad está secuestrada por un grupo autoritario y anti-intelectual, un grupo que ha hecho de ésta un campo de batalla donde los perdigones cargados de fanatismo se disparan a mansalva. A ese grupo anti-universitario, encarnado por la administración, lo invitamos a que desista de sus estilos antidemocráticos y que, si realmente ama a nuestra preciada Universidad, se siente a dialogar con la comunidad universitaria para auscultar salidas justas a los problemas que enfrentamos.
La administración violenta los señalamientos de la Middle States al no consultar e incluir las posiciones de aquellos y aquellas que componemos la Universidad. Ignoró, por ejemplo, el rechazo comunitario a varios nombramientos de rectores y rectoras y se niega constantemente a entablar el diálogo y la negociación – tan esenciales para la vida democrática- con cada uno de los sectores universitarios. La participación no se hace realidad aprobando certificaciones abstractas, la participación se concretiza con verdaderos y honestos actos de apertura.
La violación de dichos señalamientos han puesto en serio riesgo la acreditación de nuestra institución de educación superior y la posibilidad de esta pérdida nos sume en la incertidumbre y el desasosiego. Es por ello que se vuelve imprescindible que Puerto Rico entienda que es, precisamente, la Administración quien está dirigiendo a nuestra UPR a un inaceptable cierre a través de una política del estrangulamiento.
Alzamos nuestras voces y denunciamos que ese grupo no representa a la comunidad universitaria sino que responde al partido de gobierno. Partido que, de igual manera, ha atacado consistentemente a todas las instituciones del país. La administración, en contubernio con el gobierno central, ha recurrido a fomentar en la sociedad el odio por el estudiantado y la Universidad de nuestro país.
Ha sido la Universidad de Puerto Rico, por medio de sus estudiantes, profesores y profesoras, trabajadores y trabajadoras, el dínamo principal de la modernización del país. Así como la UPR no podría existir sin el país que la ha creado y apoyado, Puerto Rico tampoco podría ser ni tener lo que hoy posee sin la Universidad. Durante el proceso de modernización, la UPR fue cuna de las primeras trabajadoras y primeros trabajadores sociales, de las primeras maestras y primeros maestros; de los y las principales intelectuales, científicos y científicas, abogados y abogadas, ingenieros e ingenieras, arquitectos y arquitectas, agricultores y agricultoras, entre tantas otras profesiones.
De forma consistente, la UPR ha contribuido al desarrollo sociocultural a través de las artes y el humanismo, ha colaborado en la lucha contra la pobreza desde sus aulas, sus proyectos comunitarios y mediante la formación de cientos de miles de hombres y mujeres que han visto en ésta y en sus salones una puerta de salida de la pobreza. Son estas razones, entre tantas otras que no caben en esta breve declaración, por las cuales no podemos dejar que cierren la Universidad.
No es el tiempo de huelgas ni cierres patronales, es tiempo de defender al proyecto universitario y su razón de ser. Aún cuando reconocemos el potencial de la huelga como herramienta democrática para avanzar reclamos, exigencias y lograr nuevos derechos, también entendemos que en la actual coyuntura su potencial político es nulo principalmente por el carácter ideológico y anti-universitario del gobierno de turno. Éste apuesta a utilizar la violencia y a convertir la UPR en un estado policial para erradicar el proyecto universitario; la administración quiere y necesita la huelga para facilitar el cierre de la institución y su posterior transformación siguiendo el modelo de mercado: se educa quien tenga el dinero y quien se mantenga callado.
No se puede hablar de la Universidad sin reflexionar sobre lo político y lo institucional. La Universidad no existe en el aire sino, más bien, está condicionada por las diferentes relaciones de poder que ocurren en su seno y en su entorno social. En algunas instancias, estas relaciones de poder contribuyen en deteriorar el proyecto universitario y a la Universidad como espacio de quehacer académico e intelectual, como motor del pensamiento crítico y pilar fundamental del desarrollo social-democrático. Mientras la UPR continúe bajo un estado de sitio y sus espacios estén paramilitarizados, no puede haber universidad.
Por tal razón, como miembros de una compleja comunidad, reconocemos nuestro rol político en el desarrollo del proyecto universitario. Un estudiante o una estudiante no se forma con sólo asistir a un salón de clases a que le depositen el conocimiento cual si fuera una cuenta bancaria. Quien se llame estudiante sabe que el conocimiento depende del desarrollo de nuestra experiencia, de poner a prueba aquel saber práctico y de retar aquel saber teórico. En fin, se aprende aquello que se cuestiona y no lo que se cree a ciegas.
Nosotros apoyamos las gestiones de negociación que el Comité de Representación Estudiantil ha impulsado, así como los esfuerzos de cabildeo que varios estudiantes llevan a cabo en la Legislatura. Exhortamos al resto de la comunidad universitaria y a todo el país a que apoyen todo intento de diálogo sincero y todo esfuerzo por mantener corriendo al proyecto universitario. Asimismo, como universitarios y universitarias, apoyamos todo acto que propicie espacios de debate en los que se ausculten opciones fiscales responsables como la propuesta “Sumando ganamos todos”.
Entendemos, además, que los problemas fiscales de la UPR son el fruto de un pobre desempeño administrativo. Para sacar a la Universidad del terreno deficitario es importante que el gobierno le restituya los fondos que le retiró y que todos los sectores, con una profunda vocación de amor, aportemos, de acuerdo a nuestros recursos, algo más a las arcas. Los y las estudiantes podríamos, por ejemplo, hacer nuestra aportación con una cuota sustancialmente reducida. Lo anterior implicaría también comprometernos en identificar fondos a través del cabildeo para sufragar la cuota de aquellos y aquellas para quienes ésta sigue siendo un impedimento para estudiar.
Entendiendo que la UPR está sumida en una crisis fiscal y académica por los estilos anti-intelectuales de la administración, está de nuestra parte transformar el acto político de la confrontación en el reclamo de lo justo por medio de la desobediencia civil. Nuestro actuar debe desvelar las injusticias de la ley del Estado, de los reglamentos de la Universidad y de su cierre fiscal y policial. Comprometidos a cargar con nuestra responsabilidad ciudadana, utilizaremos la desobediencia cuando ésta sea necesaria para la consecución de nuestros reclamos y el adelanto del bien común.
Una profesión de amor por nuestra Universidad nos lleva a declararnos de forma incondicional y a estar comprometidos con retar la injusticia.
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