Hace unos años publiqué un artículo presentado en Argentina en ocasión del Seminario Latinoamericano en Teoría Política y Constitucional (SELA), auspiciado entre otras universidades, por uno de los programas intelectuales de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale. El ensayo presentado y publicado en el libro Derecho y Propiedad (Libraria; ver carátula al lado), se convirtió en el artículo de título La contingencia de las políticas propietarias: un examen de los supuestos de la teoría política propietaria en los contextos de justicia social y medioambientales puertorriqueños.
Mediante cinco historias de controversias propietarias y de justicia ambiental, intenté ejemplificar cómo la atención a los problemas de propiedad, justicia ambiental y justicia social deben atenderse holísticamente y cómo los supuestos teórico-políticos y filosófico-políticos que subyacen muchos de los problemas, hay que develarlos para proponer premisas y diseños institucionales más justos y con mayor atención a las relaciones de poder que casos como estos encierran. Aquí reproduzco la introducción al artículo que seguirá con una mirada a la línea del tiempo filosófico-política propietaria en Puerto Rico, una discusión sobre las alternativas filosófico-políticas que existen y cómo muchas de estas premisas convergen en la quinta y reciente historia: el proyecto del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martin Peña.
De esto estaré hablando en la actividad del 12 de abril cuyos detalles puede encontrar en esta entrada.
***
I.
Introducción: Cuatro historias contemporáneas de propiedad, justicia social y
medioambiente[1]
-1-
piñones/loíza
Doña
Demetria Escalera pertenecía a una de las muchas familias descendientes de
esclavos libertos en Piñones-Loíza,
costa norte de Puerto Rico y una de las áreas de mayor valor ecológico y
cultural afro-puertorriqueño en el país. Para principios de los años ochenta,
el Derecho no las reconocía como propietarias, a pesar de que su familia
llevaba allí casi un siglo, trabajando la tierra y haciéndose cargo de ésta. A
principios de esa década, la familia Katz, compradores sucesivos de las
tierras, pidieron su desahucio para construir lo que sería el proyecto turístico-hotelero
más grande del país. En 1990, Doña Demetria logró el pronunciamiento oficial
que la mantuvo en el lugar: el tiempo la hizo propietaria de ese pedazo de
tierra. Pero el señor Katz mantuvo el resto de las tierras y en el 2006 logró
que el gobierno le aprobara el proyecto hotelero, aún con las restricciones
legales de protección medioambiental. Yolanda, nieta de Doña Demetria, pese a ser
propietaria heredera, estaba en riesgo de que una carretera para viabilizar el
hotel la desplazara. La prerrogativa propietaria de Katz, a su vez, significaría
el desplazamiento del resto de la comunidad centenaria de Piñones. La cultura afro- puertorriqueña quedaría desplazada para
dar paso al hotel cinco estrellas, y a su vez, el bosque de mangle más
importante de Puerto Rico sería sólo un recuerdo. Los piñoneros exigieron del
gobierno la revocación del proyecto y la expropiación de las tierras de Katz,
lo que al día de hoy se discute con timidez gubernamental. Hay quienes señalan
que si el área es ecológicamente importante, ni Katz ni los piñoneros deberían
permanecer ahí.
-2-
cangrejos
A
pocos kilómetros, el gobierno implanta la “revitalización” del barrio
Cangrejos, conocido también por Santurce. Para revitalizar la ciudad, dice el
Departamento de Vivienda, hay que expropiar a los residentes de barrios
populares legendarios como el de “Alto del Cabro”. Las costosas modificaciones
y las nuevas viviendas millonarias que se planifican requieren que los
propietarios actuales cedan su interés propietario a favor del “interés público”.
Así, Mary Ann perdió su casita en el barrio Cangrejos. Lo compensado no le permitió un espacio
en la ciudad. A pocas calles hay otros propietarios, éstos con residencias de
millones de dólares que colindan con la playa, pero el bullicio y el paso de otros
para acceder a la playa, los motivaron a poner portones para cerrar su
urbanización. La Coalición Playas Pal
Pueblo denunció el cierre y reclama el acceso a la playa. Los propietarios
aluden a su derecho a salvaguardar su propiedad.
-3-
san isidro
Janet,
residente del barrio San Isidro en el municipio de Canóvanas, recibió una carta
de la agencia federal de protección ambiental indicándole que sería multada por
haber rellenado un humedal sin permiso. La ley federal protege los humedales.
Janet y los residentes de San Isidro están ahí pese a que es una zona inundable
pues no tenían otro lugar para hacer sus viviendas. Ahora, por violación a
leyes ambientales están en riesgo de ser multados y desalojados. A pasos de San
Isidro, otro propietario, esta vez Walmart, solicita permisos para rellenar
parte del mismo humedal para construir la famosa megatienda. Walmart consiguió
los permisos para el proyecto. Janet busca asesoría.
-4-
adjuntas
En
1942, mientras se llevaba a cabo la reforma agraria y se repartían parcelas a
los campesinos agregados, se designaban ciertas tierras en el centro de la isla
como reserva forestal: esto pasó a ser el Bosque Guilarte. La designación no
tomó en cuenta a las familias de agregados que vivían en esas tierras. A 2008,
Don Adrián, descendiente de los campesinos agregados recibió una carta para que
en seis meses desalojara el pedazo de tierra donde vive. El gobierno reclama
hacer valer la Ley de Bosques. Don Adrián se aferra a su tierra y dice que
lleva casi medio siglo cultivándola. El bosque, dice, no le arrebatará lo único
que tiene.
***
Estas historias ilustran el escenario y la complejidad de controversias
en Puerto Rico que tienen elementos de justicia social, propietarios, y
medioambientales. En cada controversia, estos tres conceptos se escenifican de
diversas formas, es decir, contingentemente. No es lo mismo el bosque de mangle que está bajo acecho de
un propietario millonario en Piñones, que el bosque que justifica el desalojo de Don Adrián en Adjuntas. Tampoco
es lo mismo el propietario Katz al
que no se le quiere expropiar, que
la propietaria Mary Ann que
vivía en Santurce pero fue expropiada. La contingencia de estos conceptos hace
necesario analizar las políticas y sus presupuestos teóricos para buscar
respuestas y remedios.
Todas estas historias tienen como antecedentes -directos y fácilmente
palpables- las políticas públicas adoptadas en Puerto Rico en momentos clave
de nuestra historia. Sus protagonistas también parecen ser los mismos a través
de décadas. También, las historias están hilvanadas, de manera diversa y
contingente por concepciones particulares sobre la justicia, la propiedad y el
medioambiente. En la mayoría de los casos sobresalen políticas utilitaristas o
liberales conservadoras, en lo que a los elementos de justicia y propiedad se
refiere, y una noción conservacionista o ecologista en lo que a lo
medioambiental concierne. Tampoco las alternativas parecen integrar estos
elementos. De manera que, urge develar los supuestos teóricos de lo que
antecede y analizarlos a la luz de cada uno de estos conceptos en el contexto
puertorriqueño, para de esta forma, atajar mejor estos problemas.
En
tanto la mayoría de las controversias medioambientales, como las ejemplificadas
en las historias introductorias, tienen como protagonistas más afectados a
quienes ya tienen serias desventajas socio-económicas, ya es muy difícil
cuestionar que las controversias de política medioambiental están vinculadas
con las de justicia social. Se habla de la posibilidad de aludir a derechos
medioambientales para atender a las inequidades en la distribución de los
recursos, pero a su vez, cualquier propuesta en esta dirección tendrá además
que enfrentarse a la teoría y la aplicación de la justicia en relación con los
derechos propietarios. Por lo tanto, la atención sobre los asuntos
medioambientales tiene que incluir el tema y el debate de la distribución de los
recursos y el tema de la propiedad.[2]
Las
premisas y los abordajes filosóficos sobre las cuales analizaré críticamente
estos temas en el contexto puertorriqueño son: (1) la convicción de que para
que estas controversias encuentren remedios cónsonos con la justicia sólo
pueden ser atendidas mediante supuestos igualitarios; (2) las políticas de
justicia distributiva del igualitarismo rawlsiano deben ser capaces de
incorporar los elementos medioambientales en los valores de distribución; (3)
los reclamos a favor del medioambiente deben inexorablemente incluir los
elementos de justicia social y el respeto a las comunidades como parte intrínseca
del medioambiente (de lo contrario están abocados al fracaso); (4) las normas y
concepciones propietarias deben reflejar una función social y no deben concebir
derechos propietarios originales que se interpreten de formas tan amplias y
abarcadoras como lo plantea el liberalismo conservador (5) las medidas de
justicia distributiva no deben circunscribirse a remediar la falta de acceso a
los recursos materiales y naturales sino que deben ser capaces de propiciar
nuevas relaciones sociales de poder.
[1] Las historias que aquí se reseñan son
casos atendidos por la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de
la Universidad de Puerto Rico, secciones de Derecho ambiental y Desarrollo
comunitario y el Programa Pro-Bono de la Escuela.
[2] Justice, Property and the Environment:
Social and Legal Perspectives (Tim
Hayward & John O’Neill eds., 1997).
