Era un inmenso campamento al aire libre.
Los sueños se marchaban de viaje. Helena iba hasta la estación del ferrocarril. Desde el andén, les decía adiós con un pañuelo.
- de Eduardo Galeano, “El libro de los abrazos”.Los sueños se marchaban de viaje. Helena iba hasta la estación del ferrocarril. Desde el andén, les decía adiós con un pañuelo.
- de Eduardo Galeano, “El libro de los abrazos”.
En búsqueda de historias de vida de mujeres intersectadas por el Derecho de Propiedad, leímos en los pasados días parte del libro de John Brentlinger, Villa Sin Miedo ¡Presente! (Claves Latinoamericanas). El libro, que es una recopilación de entrevistas y fotos de la comunidad de rescatistas de principios de los ochenta, Villa Sin Miedo (como la llaman los miembros de la comunidad hoy día, "La Villa") tiene entrevistas extraordinarias, pero sobresale la de Ada Rivera. Ada, líder comunitaria -que también es entrevistada en el documental "A Desalambrar" en pleno rescate antes del terrible desahucio de la comunidad- contesta varias preguntas, como la pregunta sobre el qué significó la experiencia de Villa Sin Miedo para ella como mujer. Se aborda también su faena y la de su familia en un día cotidiano en una comunidad de rescatistas y la narración de Ada sobre el día que la arrestaron cuando las autoridades fueron a cortarle los servicios de agua y luz como una forma de desalentarlos previo a lo que sería uno de los desahucios más violentos y recordados de nuestra historia. Les dejo con parte de la entrevista:
(pág. 45)- "Le preguntamos qué significaba para ella, como mujer y madre, ser parte de Villa Sin Miedo:
(página 53)
(fotos Colección Claridad; Freddie Toledo, 1982)

La situación que ha reportado El Nuevo Día, acerca de las filas que se forman en la madrugada frente a los portones del Departamento de la Vivienda, refleja como ninguna otra imagen la extrema gravedad que reviste este asunto.
El hecho de que en las oficinas de la Administración de Vivienda Pública (AVP) haya un letrero donde se advierte que para las solicitudes nuevas sólo se atenderá a las diez primeras personas en la fila, añade tensión y obliga a algunas mujeres, jefas de familia, prácticamente a pernoctar con sus hijos en la calle, ante el temor de que, de no hacerlo de esta manera, no serán atendidas.
La demanda por vivienda pública o subsidiada ya es muy alta, y todo indica que se va a disparar en los próximos meses. De hecho, según los propios estimados del Departamento de la Vivienda, hay más de 7,000 personas en lista de espera para obtener un apartamento en un residencial público, y casi 14,000 tratando de acogerse a los beneficios del llamado Plan 8. El jueves pasado, Vivienda Pública admitía que, para enfrentar esa marejada de solicitudes, sólo tenía cinco apartamentos en residenciales públicos y 251 unidades para el Plan 8. Con esos números exiguos, ni un nuevo milagro de los panes y los peces podría proveer alivio.
En un país donde, tan pronto como el mes que viene, muchos padres de familia se verán desempleados, imposibilitados de cumplir con los plazos de una hipoteca o con el pago de la renta de la casa, es de suponer que las solicitudes se dupliquen o tripliquen.
Son poco más de 68,500 las unidades de vivienda comprendidas en los residenciales públicos del País, un número que, si se asume con realismo el empobrecimiento de la clase media y el reacomodo social que se vislumbra, queda muy por debajo de las expectativas.
Las familias necesitan techo. No queremos ni pensar que, a los graves trastornos sociales que acarrea el desempleo y la falta de oportunidades, puede sumarse un número indeterminado de personas que literalmente se verán viviendo en la calle.
Es una posibilidad que podría parecernos remota en el Puerto Rico moderno, pero que no podemos descartar.
En los paquetes de ayuda que ofrece el Gobierno a los empleados que son cesanteados, habría que añadir algún tipo de orientación y facilidades para que, llegado el momento, puedan ser atendidos en Vivienda. Es un departamento al que hay que ponerle las pilas de manera urgente.
Deben agilizarse los trámites en Vivienda Pública, pero también hay que repensar la construcción acelerada de hogares de bajo costo para suplir la avalancha de solicitudes.
No es algo que nos podamos permitir que se proyecte a largo plazo, pues es un problema que crece y del que quizás lo peor está a la vuelta de la esquina.
La orden de carácter militar del Departamento de Educación nos degrada a todos. Deprecia la obra de escritores consagrados, censura a un clásico como José Luis González, y pretende, con gran arrogancia, reducir la diversidad estética y cultural. Es significativo que los textos condenados, que de hecho representan poéticas muy diferentes, sean “terminantemente prohibidos” no por sus contenidos, de los que no se dice una palabra, sino por su lenguaje “extremadamente burdo y soez”. Es lo que ha ocurrido en el pasado con el Tuntún de Palés Matos, con La guaracha de Luis Rafael Sánchez, o con textos de Manuel Ramos Otero y Olga Nolla, obras que, con o sin censura explícita, han sido silenciadas en algunas escuelas.
En lugar de convocar a los escritores y a los maestros a un debate profundo sobre la compleja práctica de la lectura y sobre el canon literario escolar, el Departamento apunta sus armas contra libros y antologías recomendados durante el gobierno anterior. El amo decreta y los súbditos deben obedecer. Pero no ha ocurrido así. En medio de este escándalo, resultan admirables las elocuentes protestas de escritores, lectores y maestros en declaraciones y artículos que se han difundido en la prensa y por Internet. Los sujetos no son súbditos: han impugnado la anacrónica orden con energía, e incluso han convocado a leer en voz alta y en público los textos censurados.
Todo esto demuestra una vez más el poder de la literatura. Por un lado, en el discurso institucional se observa nítidamente el miedo que las posibilidades críticas de la literatura provocan en un gobierno autoritario. Por otro lado, la fuerza de la gran tradición literaria se hace visible en la solidaridad con que escritores y lectores han defendido la libertad que permite contar el mundo. Libertad para contar los sueños, el deseo, los enfrentamientos políticos, la muerte y la sexualidad.
Las cuestiones que suscita este decreto de “descontinuación” son múltiples. Como señala Chartier, la literatura y la historia se parecen porque el pasado está siempre presente. La censura ha sido constitutiva de la sociedad puertorriqueña, desde la prohibición de la imprenta en los primeros siglos hasta la expulsión de liberales, separatistas y abolicionistas, y la prisión de los nacionalistas. El espionaje macartista a lo largo del siglo XX ya no es secreto para nadie. El resultado fue un clima de censura y autocensura, lleno de verdades indecibles, como lo fue, por ejemplo, la crítica a la participación puertorriqueña en la guerra de Corea. Hoy nos encontramos en pleno retroceso.
En ese sentido, no me parece casual que el decreto quiera silenciar la voz de un autor ya clásico como José Luis González, quien encabeza la lista. Es como un destino, al igual que el de sus admirados Hostos y Betances. González es hoy una referencia ineludible cuando se habla de literatura caribeña y latinoamericana. Pero recordemos que su obra fue durante años censurada por comunista e independentista. Sólo la valentía intelectual de figuras como Nilita Vientós Gastón y René Marqués rompió en aquella época el silencio en torno a los textos del escritor exiliado en México.
En la Antología personal de González, prohibida hoy, se encuentran joyas de la literatura puertorriqueña, entre otras su cuento “Una caja de plomo que no se podía abrir”, que hoy puede ser leído como un relato sobre la represión: el plomo como la opacidad de una caja que la literatura puede empezar a abrir. Es el texto que me gustaría leer en voz alta para sumarme a la protesta. Lo leería junto al magnífico “Hacia una poética de lo soez” de Luis Rafael Sánchez.

‘There is no space to which legal claims of ownership cannot be made: all of the state’s territory is property. Indeed, modern government under law’s rule comes to be seen as another owner of property. It is often the first property owner –the originator of a particular claims to property –and the last owner—the owner by default when other property claims fail. In between, it appears as a property owner like everyone else, owning discrete parcels of property ownership, it must pay for its acquisitions the same as anyone else. There is no power of eminent domain apart from “just compensation”.
Spatial relations under law appear, therefore, as relations among property holders. This is a relationship that makes no appearance to those outsiders of the state’s law. They see only the political territory of the nation, not an aggregation of particular property interests. Under law, however, the question of where is always a predicate to the question of who: who owns it?. Property claims need not to be absolute; there may be multiple claims of ownership centered on the same subject or place. Other legal relationships to property are built out of this conception of ownership –e.g., questions of responsibility and use.
The metaphor of a grid suggests the mappable character of property. All property can be located in relationship to all other property. This is not however, a relationship of one geographic space to another. Law’s space is not discoverable in the world; it is rather a particular form of discourse among those who share a common set of relieves relating space to persons. Property claims rest on a historical narrative that traces ownership. Thus, to describe space under law we trace title. Titles move simultaneously across a horizontal and vertical dimension. The deed describes one property in terms of its relationship to surrounding properties. The transfer of title sets this synchronous narrative of place in relationship to a diachronic narrative of personal succession.
As with law’s time, these share beliefs about property can support competing and contradictory claims. Just as there is always more than one available precedent, there are often multiple stories of ownership. Any particular narrative is always exhausted before it reaches an incontrovertible foundation. It simply recedes into the past where, eventually, explanations fail. Law’s space is not just a distribution from first principles. A property regime is an ongoing project in which the distribution has always already occurred. The cultural approach to law seeks to expose the structures of thought that make this project possible. It is not concerned with the justice or injustice of property, nor with correct beliefs about particular property claims.’
-Paul W. Kahn, The Cultural Study of Law: reconstructing legal scholarship, págs. 64-65 (University Chicago Press, 1999).