5.3.11

Nueva publicación: Análisis y perfil adjudicativo Tribunal Supremo de PR


Celebramos la publicación del número 80 de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico que recoge varios artículos producto de un seminario de Teoría del Derecho y Adjudicación, titulado ANÁLISIS Y PERFIL ADJUDICATIVO DE LOS JUECES Y JUEZAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO. Como verán se publican varios artículos de la autoría de estudiantes de Derecho que como se explica más adelante, analizaron los perfiles adjudicativos de los jueces y juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Felicito a los y las estudiantes por un excelente trabajo en el seminario, durante su investigación y finalmente en la fase de publicación. Agradezco, además, a quienes apoyaron el proyecto y reconocieron su importancia.

A continuación presento un fragmento de la antesala que escribí para el número en la que explico el origen de la publicación y la metodología que utilizamos en el seminario. Más adelante se incluyen enlaces a las versiones electrónicas de algunos de los artículos ya publicados en el número 80. Les invitamos a leerlos, a compartirlos, a conversarlos y criticarlos, en fin, a continuar esta labor académica e intelectual que nutre la actividad del pensar el Derecho, y por ende, se dirige siempre a transformarlo..

Salud!.

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ANTESALA: OBSERVANDO A LOS JUECES Y JUEZAS COMO
OPERADORES DEL DERECHO
Érika Fontánez Torres

Las razones (expuestas en las opiniones de los jueces y juezas) a su vez, todas, sin excepción alguna, parten de entendidos teóricos que además se producen al interior del Derecho, entendidos que agrupamos bajo la disciplina de la Teoría del Derecho y que atienden las preguntas más básicas sobre el quehacer jurídico: (1) ¿Qué es el Derecho? ¿Es la norma? ¿Incluye los principios? ¿Es distinto o inseparable de la moral? ¿De la justicia? ¿Es el poder y la política o la ideología de quienes lo tienen? (2) ¿Cómo se insertan los jueces y juezas en la ecuación del Derecho? ¿Qué rol tienen? ¿Leer el texto de la ley y ceñirse a lo allí establecido? ¿Interpretar el Derecho en su mejor luz? ¿Adecuar un resultado conforme a principios o conforme al impacto de su decisión? ¿Resolver conforme a la decisión más justa? Con estas preguntas nos adentramos entonces al campo interno del Derecho y de la teoría jurídica, pero sin olvidar que la observación sobre cómo los jueces y juezas responden a estas interrogantes, aunque sea subyacentemente, persigue entender las dinámicas del Derecho como sistema social.

En este número encontrarán el resultado de esa observación. Nos propusimos la encomienda en principio simple: entender y develar los presupuestos que nuestros jueces y juezas tienen sobre dos preguntas principales: ¿qué es el Derecho? y ¿cuál debe ser el rol de un juez o una jueza y su metodología de adjudicación a la hora de atender controversias de diversa naturaleza? Lo publicado aquí recoge el fruto del seminario de Teoría del Derecho titulado Análisis y perfil adjudicativo de los Jueces y Juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En éste, quince estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, bajo la docencia de la profesora que suscribe, analizaron las concepciones sobre lo que es el Derecho, sus valoraciones y las metodologías jurídicas de cada uno de los jueces del actual Tribunal Supremo de Puerto Rico en un periodo de tiempo concreto. Desde un abordaje teórico del Derecho y mediante un análisis riguroso de las opiniones, los y las estudiantes analizaron la concepción de cada juez o jueza sobre el rol judicial, los valores que consideran que sus decisiones deben promover, su visión sobre el orden político y democrático, así como sus tendencias en diversas áreas del Derecho y las garantías constitucionales, como por ejemplo en los procesos penales y los derechos individuales, como el derecho a la intimidad.

Los hallazgos tienen varios propósitos. Valga apuntar, en primer lugar, que el abordaje que utilizamos fue de carácter cualitativo y no cuantitativo- empiricista, por lo que no pretendemos hacer generalizaciones cientificistas con lo aquí expuesto.4 Más bien, el valor de este ejercicio y publicación surge de dos aspectos, uno teórico-académico y otro más de índole profesional. En cuanto al último, siempre es importante conocer desde el punto de vista analítico-normativo, el o los perfiles valorativos y adjudicativos de cada juez y jueza a largo plazo y conformar así un perfil adjudicativo de esta importante institución que es el Tribunal Supremo. Eso nos permite dar cuenta a la profesión del vínculo existente entre las premisas teóricas inarticuladas que los jueces y juezas tienen en el ejercicio de la adjudicación y el efecto o impacto real o práctico que pueda tener esto sobre la adjudicación de conflictos o controversias particulares.

Hay quienes podrían abogar por alguna especie de predicción sobre cómo los jueces y juezas adjudicarían determinadas controversias a base de este perfil. Por otra parte, el mapa adjudicativo trazado permite comenzar a mirar a esa institución y a sus componentes desde abordajes distintos y de esta forma contribuir al debate público sobre la naturaleza, alcance, poder y actuación del poder judicial en el País, sobre todo del Tribunal Supremo. Los jueces y juezas, desde el proceso de su nominación, confirmación y en su quehacer, deben mirarse de cerca, no con miras a que se vea afectada su independencia judicial, sino con el fin del mejoramiento de su desempeño y la legitimidad de sus actuaciones. Sin crítica, sin discusión sobre el rigor de sus razones, sin la exigencia de que se expliciten los fundamentos jurídicos ofrecidos, corremos el riesgo de que la rama judicial y su diseño institucional deje de ser efectivo como garante de derechos en nuestro sistema político. De ahí la importancia de una comunidad jurídica vigorosa en escudriñar, tanto desde una óptica normativa como teóricamente, la producción de sus pronunciamientos.

Pero el valor de este ejercicio está lejos de ser solamente práctico. Como bien dijo Derrida, el quehacer universitario debe ser un quehacer sin condición.5 Y es que nos corresponde desde la universidad promover el pensar y producir re flexión y conocimiento sobre estos asuntos. Pensar el Derecho es pensar su quehacer y develar sus premisas sin condiciones, visibilizar lo que subyace invisible a las razones y fundamentos de los jueces y juezas, esos que, al decir de Bourdieu, son actos performativos, pronunciamientos que configuran las realidades sociales.6 Entonces, nos corresponde desde aquí develar esas premisas teóricas de los operadores jurídicos, describirlas, en primer lugar, para luego invitar a la crítica y a, ¿por qué no?, la exigencia de un mejoramiento en la calidad de los argumentos y verdades que desde el Derecho se producen. Por eso, estos artículos tienen sobre todo que ver con el quehacer académico desde ese punto de vista, para insertarnos de manera más activa en el quehacer de la teoría analítica del Derecho e incentivar a una mayor producción en ese ámbito. Se trata de insertarnos más activamente en las discusiones globales de la teoría jurídica contemporánea.

¿Cómo lo hicimos? En primer lugar, los y las estudiantes estudiaron y discutieron a profundidad las diferentes corrientes teóricas del Derecho (iusnaturalistas, normativistas, transnormativistas, sociológicas, feministas, postestructuralistas) y las metodologías y teorías de adjudicación, a saber,el formalismo jurídico, y sus variables normativistas como la ex- puesta por RonaldDworkin,13 las corrientes antinormativas y sociológicas del Derecho como el realismo jurídico norteamericano y los diferentes instrumentalismos y corrientes pragmáticas y otros abordajes teóricos del Derecho como los estudios críticos del Derecho y el feminismo.  Para analizar las opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico se utilizó la metodología de análisis y matriz diseñada y aplicada por el doctor Efrén Rivera Ramos en su curso de Teoría del Derecho y aplicada en su libro THE LEGAL CONSTRUCTION OF IDENTITY: THE JUDICIAL AND SOCIAL LEGACY OF AMERICAN COLONIALISM IN PUERTO RICO.14   Esta metodología consiste en analizar las opiniones emitidas por los jueces y juezas según varios parámetros que consisten en: su concepción del Derecho, la validez o criterios para juzgar la validez de su decisión, la metodología de interpretación, los valores que consideran que la
decisión debe proveer y su concepción sobre la función de los tribunales. Se utilizó para esto una matriz en formato de tabla también diseñada por el doctor Rivera Ramos. 

Para fines de la publicación y el análisis, seleccionamos el periodo de opiniones emitidas por el Tribunal Supremo desde el 2004 hasta el 2009. Los y las estudiantes trabajaron principalmente en pareja uno o más jueces y examinaron las opiniones de éstos durante este periodo, seleccionando las más relevantes de acuerdo con los temas de mayor interés público y tomando en cuenta las decisiones de mayor impacto jurídico en el desarrollo del Derecho durante ese pe riodo. Los análisis cubren opiniones emitidas por los jueces Francisco Rebollo López, Jaime B. Fuster, Federico Hernández Denton y Baltazar Corrada del Río, las juezas Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez y los recientemente nombrados Rafael L. Martínez Torres, Eric V. Kolthoff Caraballo y la jueza Mildred Pabón Charneco, conscientes del reducido número de opiniones que fueron emitidas por éstos al momento del cierre del seminario.15 Para diversificar la muestra, se seleccionaron opiniones en dos grandes áreas: Derecho Público y Derecho Privado, con una gama heterogénea entre éstas. Además, se tomaron en cuenta prioritariamente aquellas opiniones que generaron opiniones mayoritarias, junto a opiniones de conformidad y disidentes, en las que se podía apreciar claramente la diferencia entre los argumentos jurídicos y premisas teóricas de cada uno de los jueces y juezas. Los y las estudiantes, junto a la profesora, discutieron una preselección de las opiniones y las tabularon conforme a los criterios antes señalados. Una vez seleccionadas las opiniones finales, cada grupo comenzó el análisis y la aplicación de la tabla metodológica diseñada por el profesor Rivera Ramos. 

Uno de los objetivos siempre en mente fue la importancia de producir conocimiento sobre la aplicación de las teorías de la adjudicación y los perfiles adjudicativos de nuestros jueces y juezas. Se trató de un ejercicio de aplicación de teoría a las opiniones, por lo que ambas cosas están imbricadas, es decir, explicitar a manera de narración cómo las opiniones analizadas ilustran las premisas teóricas y ofrecerle así una especie de perfil de cada juez o jueza en las distintas
materias.

El resultado lo verán ustedes en cada uno de los artículos que este Número y el próximo recogen.16 En éstos, los y las estudiantes del seminario esbozaron con un gran rigor académico e intelectual la teoría que nutrió su análisis de los casos seleccionados, una reseña de cada caso de acuerdo con las áreas del Derecho escogidas, la discusión de las premisas sobre el Derecho y sobre la función judicial que podían develarse de las opiniones y los fundamentos explicitados por cada juez o jueza y finalmente un panorama o mapa cognitivo de los supuestos teóricos de éstos, a manera de conclusiones y hallazgos. La mayoría de los y las estudiantes pudo percatarse de una especie de eclecticismo en la adjudicación de los jueces y las juezas, aunque ciertamente, en cada uno de ellos sobresalían ciertas premisas sobre el Derecho y el ejercicio de la adjudicación.

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Artículos
ANÁLISIS Y PERFIL ADJUDICATIVO DE LOS JUECES Y JUEZAS DELTRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO








3.3.11

Noticias desde el Caño! (Programa ENLACE Caño Martin Peña)

-Presidente Obama incluye asignación de $100,000 para el Caño en su petición de presupuesto

El proyecto de rehabilitación ambiental del Caño Martín Peña es uno de los sólo cuatro proyectos de la categoría General Investigations que el Presidente de los EE.UU., Barack Obama, incluyó en su petición de presupuesto para el año fiscal 2012.   De aprobarse por el Congreso de los EE.UU., la asignación de $100,000 permitirá al Cuerpo de Ingenieros evaluar si el proyecto de rehabilitación ambiental del Caño es viable y si el estudio de viabilidad que prepara ENLACE cumple con los requerimientos federales.  De conformidad con la Ley Federal para el Desarrollo de Recursos de Agua, la viabilidad demostrada del proyecto es una condición esencial de la autorización de los $150M para el dragado del Caño. 

-Jóvenes del Caño reciben reconocimiento por iniciativas de prevención de la violencia contra la mujer

L@s Lideres Jóvenes en Acción, Inc.  (LIJAC) recibieron el premio JUVENTUD 360 de Liderazgo Juvenil Comunitario por presentar una propuesta para la prevención de violencia en Puerto Rico.  La propuesta, que se destacó por su innovación, fue presentada y galardonada el pasado viernes 25 de febrero de 2011 durante la Convención Juventud 360,  auspiciada por el Boys & Girls Club of Puerto Rico.  La propuesta de LIJAC se titula: “Quileando la Violencia Machista: Promoviendo el pensamiento crítico hacia la prevención de la violencia contra la mujer, en las y los jóvenes participantes del II Torneo de Voleibol Comunitario de las comunidades del Caño Martín Peña.”  Felicitamos a l@s jóvenes de LIJAC, a su coordinadora, la trabajadora social comunitaria y voluntaria Lumary Soto Nieves, y al personal de la Oficina de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de ENLACE.

-CAUCE y The Big Think Group se unen al Programa de Alfabetización de Adultos

Durante el mes de enero de 2011, l@s voluntari@s del programa de alfabetización de adultos del Comité ENLACE Dominicano recibieron dos talleres sobre técnicas no tradicionales de educación a adultos.  Contamos la investigadora y experta en el tema Ana Luisa Baca, quien coordina un exitoso programa de alfabetización en Río Piedras desde el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial (CAUCE).   Asimismo, la empresa de relaciones públicas y mercadeo con sede en Santurce, The Big Think Group, donó $1,000 a nuestro programa de alfabetización, para adquirir materiales.  Con estos importantes aportes, CAUCE y The Big Think Group se unen al equipo de aliados que han hecho esta importante iniciativa una realidad, y que incluye al Consulado General de la República Dominicana en Puerto Rico, al G-8 y a la Junta de Residentes de Buena Vista Santurce.  

-Estudiantes de la ArqPoli presentan propuestas para el Caño

Dos grupos de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico realizaron propuestas de diseño vinculadas el Plan de Desarrollo Integral.  L@s estudiantes del Prof. Miguel Rodriguez Casellas propusieron alternativas para atender de forma creativa los espacios vacantes que están surgiendo en los márgenes del Caño, según se van realojando familias y mientras se concreta el dragado.  Por su parte, l@s estudiantes del Prof.  Oscar Oliver, desarrollaron conceptos de vivienda multifamiliar, instituciones educativas y espacios públicos, a partir de las disposiciones del Plan de Desarrollo Integral Los trabajos servirán de base para explorar estos temas con los residentes y líderes comunitarios.  ENLACE, el G-8 y la Universidad Politécnica tienen un acuerdo colaborativo desde 2009 y el Decano de la Escuela de Arquitectura, Carlos Betancourt, ha sido instrumental en asegurar la coordinación de nuevos proyectos bajo dicho acuerdo.

Creative Commons Salon: Puerto Rico (LiberARTE)


"Luego de la adaptación de licencias "genéricas" de Creative Commons al contexto legal de Puerto Rico y su lanzamiento en el 2008, CCPR se ha dedicado a integrar activamente el uso de licencias al quehacer cultural de la isla. Como parte de dicha iniciativa, hemos organizado un "CC Salon", un evento social en el cual diferentes comunidades creativaspodrán orientarse acerca de las ventajas de las licencias, así como su aplicación práctica, mientras comparten entre sí en un contexto de expresión artística diversa.

6:00pm Presentación de Elizabeth Stark, exponente del movimiento de cultura libre y profesora de derecho, tecnología y sociedad en la Universidad de Yale.

7:00pm
-Music presentaciones de Los Niños Estelares y Norenid Feliciano
-Poetry Lectura de poesía, organizada por la escritora Yara Liceaga
-Arts creación in situ de obra de artes plásticas, organizado por el artista Nathan Budoff

Los estudiantes de la Clínica de Derecho Cibernético ofrecerán, además, orientaciones individualizadas en su exhibidor informativo con materiales educativos tales como folletos, presentaciones digitales, tutoriales y muestras de materiales bajo licencias CCPR."
Auspicia Microjuris

La actividad se llevará a cabo en el Centro para Puerto Rico (Fundación Sila M. Calderón) en Río Piedras, el 6 de marzo de 2011.

La Clínica de Derecho Cibernético está dirigida por la Profesora Chloé S. Georas

Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho UPR (787) 999-9579.

1.3.11

Entre lo común y lo público: las transformaciones en la Universidad (conversatorio)

El Proyecto Artístico, Cultural y Académico de Río Piedras

&

La Sala-Teatro Beckett

INVITAN AL CONVERSATORIO

Entre lo común y lo público: las transformaciones en la Universidad

En esta actividad damos inicio a una conversación sobre la defensa del conocimiento como bien común distinguible de lo público y la defensa de la Universidad pública desde bases renovadas.

El mismo estará a cargo de las profesoras

Madeline Román y Marlene Duprey

jueves 10 de marzo 2011 
7:00 p.m
Sala-Teatro Beckett
Ponce de León 1008 Altos

27.2.11

Habermas: sobre la regla de la mayoría y lo procesal en la democracia

Habermas nos explica lo siguiente sobre el entendido procesal de la democracia y sobre la regla de la mayoría:

"The point of [a genuinely proceduralist understanding] of democracy is this: the democratic procedure is institutionalized in discourses and bargaining processes by employing forms of communications that promise that all outcomes reached in conformity of the procedure are reasonable. No one has worked out this view more energetically than John Dewey: "Majority rule, just as majority rule, is as foolish  as its critics charge with being. But it never is merely majority rule... 'The means by which a majority comes to be a majority is the most important thing': antecedent debates, modifications of views to meet opinions of minorities. ...The essential need in other words, is the improvement of the methods and conditions of debate, discussion and persuasion."

Deliberative politics acquires its legitimation force from the discursive structure of an opinion- and will-formation that can fulfill its socially integrative function only because citizens  expects its results to have a reasonable quality. Hence the discursive level of public debates constitutes the most important variable. It must not be hidden away in the black box of an operationalization satisfied with crude indicators."

En Between facts and norms, pág. 304, Ch. 7 (Deliberative politics).

24.2.11

Las protestas en el contexto universitario (Judith Butler, UC Berkeley)

Transcribo en su totalidad el testimonio de Judith Butler ante las vistas disciplinarias contra estudiantes de la Universidad de Berkeley que ocuparon un edificio en noviembre de 2009. La reconocida académica explica cómo deben verse las protestas en el contexto universitario. Publicado originalmente en Reclamations

Altamente recomendado. (Gracias a Rígel Lugo por encontrarlo y compartirlo en FB).


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On the Rights of Protest (1)
Judith Butler 
Judith Butler: I am here to remind us that disciplinary hearings such as these need to take into account the rights of protesters and the important academic freedoms that are honored by protecting protests. Last spring, many of us saw that rights of protest were granted on some occasions through some channels, and then rescinded through other channels. There was a lot of confusion about whether rights of protest were protected or unprotected, and under what conditions. I also want to point out that student protests on this campus served a very important function in marshaling public opinion, and in rallying forces in Sacramento to pay special attention to the crisis of public education here and throughout the UC system. I was surprised to learn, in my travels to England and to Greece last year, that the Berkeley protests were quite inspirational in galvanizing a movement to protect public education there.  
I do have some questions, as do my colleagues, about the consistency of these processes conducted by the Office of Student Conduct. It seems to many of us that charges have been formulated and communicated, then dropped or reformulated, and then new charges have been added in an arbitrary fashion with the result that the charges explicitly discussed in informal resolution hearings are not the same charges that are considered here and now. There is also some question about what the jurisdiction of this committee is, whether it is advisory or judicial. It comes up with a decision, but apparently its decisions are revocable at another level. It seems to me that this process has not been fully outlined or communicated. Because there is inconsistency over time about what precisely the charges are, as well as a lack of clear communication about what the decision-making process is, and where final authority resides, there are many faculty who believe that due process is not being afforded to the subjects here. I worry personally, and I know that at least three legal organizations have weighed in on this issue as well, that due process of law has not been afforded, and evidentiary standards have not been explicitly communicated in advance or adhered to in a consistent manner. 
Last year there was confusion on the part of faculty and students concerning what was legally appropriate protest, what ought to be regarded as civil disobedience, and what would be treated as criminal action or contrary to university policy. Let us remember that civil disobedience has an important history in the Civil Rights Movement, that we would not have seen the elimination of segregation without it, and that it is considered nationally and internationally a moral right under conditions when legal and police regimes are used for arbitrary and illegitimate purposes. It seemed and seems to me and to many of my colleagues that these events emerged from a true frustration and a sense of injustice in the face of sudden and exorbitant fee hikes for students, the fact that we were and are losing affordable public education, and that the right to public education in this state was being vanquished before our eyes. Many people acted quickly and understandably, translating their sense of injustice into rights of protest under these conditions. We should indeed be thanking our students for bringing public attention to the radical changes in higher education and the differential burdens that are now put on students to try to find a way to pay for a public education that used to be both affordable and excellent. The loss of that ideal has been heartbreaking for many of us, and we should not blame students for protesting its demise. 
Laura Zelko: How do you see the three-day strike of November 18-20 playing into this context, the rights of protest, and the frustration with the state of education? 
Judith Butler: I see those events as an exercise of the rights of protest. The rights of protest are of course protected under US law, they are part of the freedom of expression, they also have a more provisional protection in the academy under academic freedom. It is important that students have a vehicle to express their point of view. This view needed to be heard, needed to be publicized, and needed to make its way into the media where public claims can be heard. It was successful at doing so, it drew attention to a situation that was disproportionately affecting staff and students in differential ways, producing extreme economic hardship and forcing students to leave the university, and forcing staff off the payroll. It seems to me that the protests had as their core a question of social and economic justice. I believe that protests of these kinds have actually changed policy, and very often allowed the public to wake up to issues of injustice that they otherwise cannot see or be made aware of. 
Laura Zelko: Can you expand upon the following quote from the faculty petition: "The university's discipline [...] is better described as inculcation, and does not respect [...] the fundaments of a liberal education."(2) 
Judith Butler: I was aware, and some of my colleagues were aware, that some members of the Office of Student Conduct were meting out rehabilitative punishment, asking students to write essays or take certain political viewpoints about the right to free speech and the right to protest. Those forms of punishment, rehabilitative in nature, are generally discredited—and should be—since they serve no legitimate educational purpose and they are arbitrarily imposed forms of punishment that seek to regulate thought itself.  Indeed, these forms of punishment were effectively prescribing points of view, and this educational institution—which has a great tradition of freedom of speech—is committed to being a place where various points of view are entertained and debated openly. Even if those methods have ceased, as I believe they have, we continue to question what place such hearings have as part of an educational process. If harsh punishments are meted out, what is the point of such punishments? Are they supposed to set an example for other students and so to stand as a threat? Or are they increasing student skepticism about the arbitrary and harsh policies of the administration toward its own student body? Is there anything educational in their purpose, or is a message being communicated about what appropriate behavior is and how the rights of protest will be met on this campus? It would be better to have such policies formulated by students, faculty, staff, and administration, and for them to be clearly communicated in advance.  
As it is, these hearings ought to be debated.  I am quite sure that educators do not agree that punitive mechanisms such as these are effectively educative.
I do think that, of course, it is understandable that a university has a policy about how protests can happen and how it can defend its property, how it can try to secure the rights of education for other students who are non-participating. But if so, such a policy needs to be clearly communicated, and it needs to be balanced against a policy that protects the right to peaceful protest. We cannot justify a policy that takes a punitive or restrictive attitude toward the expression of viewpoints, especially when those viewpoints pertain to the value of a public and affordable education. It has to be clear that the university defends peaceful protest, that is what it has always done and what it is required to do. It is a sad fact that many people no longer know whether the University of California stands for this most basic principle. 
Laura Zelko: Was Wheeler Hall a peaceful protest? 
Judith ButlerI understood that it was clearly designed to do harm to no human being, and to minimally affect the property of Wheeler Hall itself. I understood that the students were sequestering themselves in order to object, in graphic and clear ways, to the very harsh decisions that were being made to ask students and staff to suffer the consequences of the university’s fiscal crisis, and that this was done in a unilateral way. I understand what happened at Wheeler as part of the tradition of nonviolent protest. I know that there are debates that can be had about what is nonviolent, I am not naive about that. But the stated aim—to seize the building and to sequester themselves there—was a way to gain a platform.  Such actions do not take place when effective platforms are already available. They were acting on themselves, seizing this building to communicate that these buildings are part of public education, showing that they belong to the public. That doesn't mean that every time these buildings are seized it is OK, but let us be alert to what is at stake here: the symbolic meaning of seizing these buildings is that these buildings belong to the public, to public education; it is precisely the access to public education which is being undermined; we should not be surprised that the protest took the form of seizing the buildings, to make the point of guaranteeing access to public education. 
Laura Zelko: No more questions. 
Office of Student Conduct: No more questions. 
Faculty Panel Member: I appreciate your description of views on the protest. Is your answer, "Yes it was a peaceful protest?" 
Judith ButlerI was certainly there, and I saw much of what happened, and there were, as I am sure you know, some extraordinary provocations on the part of the police: the ways in which barriers were erected and the ways in which students were treated, struck by batons, and physically injured. If you want to say... if you are asking me, "was there no violent exchange during that period," the answer would be no, there was violent exchange. If you are asking me, "was the design and purpose of this protest to cause a violent set of clashes," I respond: no, I do not believe that was a part of the design. Let us remember that these students who took it upon themselves to enter the building were not the same as the students and others who were outside, engaging in other types of activities. We need to bear in mind the course of events, which included police provocations that I witnessed with my own eyes, indeed, which many of us witnessed. Where are the hearings for those police, we might ask. 
Undergraduate Student Panel Member: Do you see the time, place, and manner regulations on campus as stifling free speech? 
Judith Butler: No, but I do not believe that they have been clearly communicated, I do not believe that they were clearly communicated in advance of these events, and I do not believe that they have been consistently applied in the adjudication of these actions. As you know, there are several legal organizations that have made that very clear with extensive documentation and argument. 
Panel ChairYou haven't said anything about the fact that classes were unable to be held during the occupation. 
Judith Butler: It's a problem. Those students and faculty who wanted to get on with their education clearly have a right to do so. But sometimes, you know, seizure or strike is a way of stopping ordinary life so that we might reflect for a moment on what the conditions are that make education possible, what makes the classroom possible. Among the conditions that make education possible are salaried professors and salaried staff and fee-paying students who are given the educational and economic opportunity to pursue their education. These seizures were meant to draw attention to the fact that we can no longer take for granted that all the students who go to classes here and now are going to be able to continue to afford to go to classes here. We can't continue to rely on the staffing and maintenance of buildings. When essential staff are cut back and the infrastructure of the university can no longer operate, the quality and efficacy of education is compromised. These are long-term ways of undermining the classroom, so to undermine for a day in order to call attention to this long-term devastation has a significance that we are called upon to understand. 
Yes, of course, there are rights of faculty and staff to convene classes—just today, I had a threat to my own class by a rogue individual; I had to call around, figure out how I was going to teach my class—I understand that, and I was justifiably concerned. But with mass, collective actions such as these, it is not a matter of individual pathology or idiosyncratic behavior—and it is not motivated by criminal aims. It is a way to try and stop business as usual, so we can reflect on what makes education possible, who does the work that keeps the departments and the buildings running, who can afford to pay the tuition and get into the building, and who cannot. When those questions are so dire, and those issues are so fundamental, we do stop. We go on strike. We call a halt to business as usual, because the conditions under which education is made possible are being threatened by policies that we object to. There are longstanding traditions of civil disobedience such as these. We might think back to the early twentieth century. Why did railway workers stop working? Because they were not being paid a wage, and people said, "I have a right to take this train and go where I am going." Yes, but that right can only be exercised when the material, institutional, and economic conditions to make that train ride possible arethere, secured by contracts that respect and sustain workers. If education is made financially inaccessible to students who have dreamt of going into that classroom their whole lives, and that dream is suddenly extinguished, what response do we expect? Do we go on with business as usual, or do we call attention to an emergency situation? I think we all understand this. 
Laura Zelko: There's been a lot of emphasis on the negative community impact of November 20. Do you believe that there was a positive community impact? 
Judith Butler: I will say this: Those protests were part of a series of events that have formed very extraordinary alliances among students, faculty, and staff who are now actively involved in trying to think about the fiscal crisis at the university, and to participate in how best to address this, and how to include students, staff, and faculty in the decision-making processes. In that sense, I think these events were extremely important. And I would also say that in addition to producing new forms of alliance and communication between groups that are generally very separate, it brought the attention of the state government to the problem of public education, and even Governor Schwarzenegger, who is no great idol of mine, commended the exercise of free speech and the enormous power of the social movement on campus. So, we can talk about the events of November and the particulars of what happened, but what we really saw was the beginnings of a strong social movement which ended up on the steps of Sacramento and which is now linked with the movement for public education throughout Europe, North Africa, and throughout South America. Not everything happened in the most ideal ways, but let's not forget that this is now part of a large international network to save public education, which is clearly a worthy value and goal. None of us would be here if it weren't a value for which we live and work. It is important to keep that goal in perspective.  
Judith Butler is the Maxine Elliot Professor of Rhetoric and Comparative Literature at UC Berkeley.
________________________
1. This is the full transcript of Judith Butler's testimony for Laura Zelko's public hearing from November 9, 2010 at UC Berkeley. Together with more than seventy other students, Zelko faced disciplinary charges for engaging in building takeovers on campus in Fall 2009. R e c l a m a t i o n s would like to thank Neil Satterlund for his accurate transcription of the testimony. 
2. See "Faculty Petition on Student Protestors: An Open Letter to Chancellor Birgeneau" from 10 April 2010, http://budgetcrisis.berkeley.edu/?p=2387. In the Spring of 2010, OSC’s procedural violations sparked widespread outrage at UC Berkeley, as evidenced, in part, by the release of an open letter, written by Judith Butler, that was signed by approximately 150 members of the faculty, as well as by AFSCME's adoption of students' demand that all charges against student protesters be dropped. The campaign against the OSC helped forge limited cross-sectoral bonds, which have been at least partially maintained through the present and which were made manifest in the first public conduct hearing, held in the fall of 2010, as both Judith Butler and Liz Perlman, an organizer with AFSCME, testified in defense of Laura Zelko. 

23.2.11

Conferencia: La criminalización de la protesta (en Derecho UPR)


El curso Derecho y democracia  
(Derecho UPR)  y
el Centro de Periodismo Investigativo

te invitan a la 
conferencia: 

La criminalización de la protesta 

Eduardo Bertoni 
Centro de Estudios en Libertad de Expresión y 
Acceso a la Información de la Universidad de 
Palermo de Buenos Aires 

Viernes 24 febrero, 
3pm
L-2  
Escuela de Derecho UPR

Agradecemos al  por la coordinación.

La criminalización de la protesta (foro)

-Eduardo Bertoni, 
director del Centro de Estudios 
en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) 
de la Universidad de Palermo de Buenos Aires, Argentina. 

-Stanley Nelson, 
cineasta estadounidense, autor del documental “Freedom Riders” 
sobre las luchas por los derechos civiles en EEUU en los años 60. 

-Jorge Benítez, 
profesor de la Universidad de Puerto Rico, 
autor del libro Ciudadanía y Exclusión en Puerto Rico. 

-Moderador 
Lcdo. Osvaldo Burgos, 
ex director de la Comisión de Derechos Civiles. 

Teatro de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Interamericana 
Jueves 24 de febrero 5:30 PM. 

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