En los pasados meses hemos escuchado mucho de una iniciativa comunitaria de gran precedente para Puerto Rico. Se trata del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña y de uno de sus instrumentos principales, el Fideicomiso de la Tierra. En este proyecto -junto a las comunidades del Caño Martín Peña y con los principios de participación ciudadana siempre claros- un grupo de colaboradores provenientes de diversas áreas profesionales y con diferentes perspectivas se unieron al trabajo de las ocho comunidades del Caño para armar mecanismos comunitarios e institucionales que les permitieran mejorar su calidad de vida.
Entre los asesores de este proyecto hay planificadores ambientales, economistas, asesores financieros para pequeñas empresas, trabajadores sociales, arquitectos y abogados. Entre las abogadas y abogados algunos provienen de la práctica privada, otros colaboran desde clínicas de asistencia legal o programas pro-bono y otros son profesores universitarios. En este proceso, el saber ciudadano y comunitario y el saber jurídico, han sabido convivir y respetarse de manera excepcional. Mediante un proceso de retroalimentación, los líderes de las comunidades y ciudadanos han tenido acceso al saber jurídico, y los abogados y estudiantes de derecho que han participado, se han nutrido excepcionalmente del saber comunitario y ciudadano. En lo que sigue compartiré unas notas muy breves y preliminares sobre cómo la experiencia del Caño nos sirve para abordar algunos elementos que considero importantes para los abogados y abogadas, sobre todo para aquellos que ejercen el “public interest lawyering”.
El contexto del Caño
Las ocho comunidades alrededor del Caño, compuestas de aproximadamente 27,000 ciudadanos, armaron un proyecto sin precedente en el país para atender varios aspectos principales: 1) garantizar, mediante mecanismos de vanguardia, el derecho a la tierra; 2) asegurar la permanencia y cohesión de la comunidad; 3) viabilizar medidas concretas e innovadoras para superar la pobreza 4) garantizar la disponibilidad de vivienda asequible, y 5) hacer viable la implantación de un plan de desarrollo integral para contribuir a una mejor ciudad. Para esto crearon una organización, el G-8 (grupo de las ocho comunidades) y lograron la creación del Fideicomiso de la Tierra. El Fideicomiso fue la herramienta jurídica que seleccionaron luego de un proceso de participación ciudadana en que examinaron varios mecanismos propietarios que fueran viables y óptimos para legalizar su permanencia en el lugar, ser los beneficiarios directos de los proyectos de revitalización y evitar ser víctimas de la especulación de la tierra y las dinámicas del mercado. Este proceso comunitario ha sido intenso y amplio. Los protagonistas han sido, por supuesto, las comunidades. Desde el 2001, los vecinos y líderes del Caño han hecho más de 700 actividades de participación ciudadana en las que elaboraron el Plan de Desarrollo Integral para el Distrito Especial del Caño Martín Peña, redactaron y cabildearon su ley especial (Ley 489 de 2004) y crearon el Fideicomiso de la Tierra y su reglamento.
Luego de años de trabajo comunitario el proyecto está en un punto vulnerable pues la Legislatura enmendó la ley para quitarle las tierras que ya estaban en manos de este fideicomiso de tierras y con ello se ha detenido el procesos de implantación del Plan, el realojo de familias que están en las áreas más vulnerables y, como consecuencia, los trabajos para el dragado del Caño. No empece, las comunidades continúan defendiendo su trabajo y reclamando lo que les pertenece.
La ley que retroactivamente despojó a las comunidades de los terrenos, se impugna actualmente en los tribunales pero la presencia de abogados y abogadas no comenzó aquí sino que –aunque silentes y sin ser protagonistas- han colaborado con las comunidades en un proceso intenso de participación comunitaria. De este proceso de colaboración en el Caño destaco brevemente tres puntos claves sobre el Derecho, su uso como herramienta de cambio social y el rol de abogadas y abogados para este propósito.
Los conceptos jurídicos: al servicio de la comunidad
Si ha habido un elemento clave en el proceso del Caño Martín Peña ha sido que las comunidades optaron por ir contra la corriente y ser innovadoras en cuanto a los conceptos se refiere. En lugar de caer en la inercia de conceptos y mecanismos tradicionales -que han probado en muchos escenarios ir contra los propios intereses de las comunidades- en el Caño decidieron ser innovadores para viabilizar su permanencia y su relación con la tierra. Pero ir contra conceptos profundamente colectivamente arraigados no es fácil. Es importante, sin embargo, si se quiere trascender la fuerza de los conceptos que no le sirven a los más vulnerables. No hay mejor ejemplo del poder de los conceptos que el proveniente del derecho propietario, pues la propiedad tiene un elemento simbólico poderosísimo y emplazar las premisas del título individual es tarea titánica.
Como sabemos, en Puerto Rico se ha asociado la entrega de títulos de propiedad como símbolo de libertad. Y no es para menos, el contar con propiedad (en su versión de vivienda), con un lugar único que garantice techo y privacidad y posibilite el desarrollo de vida plena, es algo que todos y todas ansiamos. Pero también es cierto que en este sistema económico el título de ‘X’ no garantiza mucho si no ponemos en contexto el valor en el mercado de X, es decir, a ‘X’ (en este caso el título de una casita en el Caño) hay que situarla en el ‘valor de mercado’. Esto es importante sobre todo para comunidades pobres cuyo valor del título bajo la clave del mercado en áreas deprimidas de la ciudad es prácticamente nulo. Pero las comunidades, además de valorar su casa en clave de mercado, la valoran en clave comunitaria, es decir, su casa tiene valor por su lugar y por la pertenencia a un espacio al que sienten que pertenecen. El asunto para esas comunidades pobres, aunque tengan título, se complica cuando el potencial de ‘desarrollo’ de ese espacio, según la clave del mercado compite con el valor en clave comunitaria.
La realidad es que ser ‘propietario’ no significa lo mismo en todos los contextos y mucho menos en los de pobreza extrema. Estamos en una sociedad profundamente desigual que protege a los propietarios con poder económico y castiga a los propietarios pobres. El concepto propietario bajo el título individual ha logrado invisibilizar esa desigualdad y se ha mantenido la apariencia de que un ‘título de propiedad’ de una estructura precaria, sin alcantarillado sanitario y encima de agua contaminada, es igual que el título de propiedad de las residencias en zonas privilegiadas. La consecuencia en las ciudades ya se ha hecho visible: el desplazamiento del propietario pobre cuando se enfrente a un futuro propietario con poder económico para construir ahí un desarrollo en el que el primero no podrá entrar jamás.
Por eso, si algo hicieron bien las comunidades del Caño fue no dejar de evaluar en todas sus dimensiones el concepto propietario y determinar cuál de sus acepciones les convenía más. Las comunidades del Caño examinaron a fondo el menú de conceptos propietarios sin ceñirse a las miradas tradicionales sobre la propiedad. Rompieron con la inercia conceptual. Escogieron una categoría propietaria con más poder: tienen un título sobre sus casas, el derecho a edificar y otro grupal sobre la tierra y así crearon el primer fideicomiso de tierras en Puerto Rico. Con eso añadieron nuevos conceptos y precedentes a nuestro Derecho.
Los mecanismos y conceptos jurídico-institucionales deben evaluarse a la luz de las necesidades de los grupos e individuos que van a hacer uso de ellos. Si se quiere avanzar en reivindicaciones a través de los conceptos y arreglos jurídicos no podemos renunciar a (re)evaluarlos todos, con miras a transformarlos si conviene o a crear nuevos, si es posible. Para el desarrollo y uso efectivo del Derecho es indispensable que recordemos que los conceptos jurídicos son socialmente construidos y que responden a un contexto histórico, político, económico y cultural. Mucho se ha teorizado sobre como el Derecho y como los conceptos jurídicos responden a los grupos de poder que los acuñan. No obstante, otras corrientes han llamado la atención sobre un uso contra hegemónico del Derecho, sobre como algunos grupos o individuos tradicionalmente sin poder también han utilizado el Derecho y sus conceptos para emplazar sus situaciones de injusticia.
Lo importante de esto, en tanto pensemos al Derecho como una de las alternativas para atajar injusticias, es que estemos hiperconscientes de que los conceptos no son inertes, que se pueden transformar, cambiar e incluso -aquellos más opresivos con resultados indignos y excluyentes- podemos dejar de usarlos. Como abogados y abogadas debemos buscar los intersticios y grietas de las paredes jurídicas que nos permitan transformar y utilizar nuevos conceptos para beneficio de nuestros clientes, sobre todo si se trata de los grupos más vulnerables a los cuales generalmente los conceptos jurídicos imperantes han servido mal.
El Derecho no lo es todo
No parece haber duda de que uno de los grandes movimientos sociales en Puerto Rico fue aquel que logró que una gran diversidad de puertorriqueños se unieran para el objetivo común de detener las prácticas militares en Vieques. Uno de los factores de ese éxito se asocia con que fueron muchos los argumentos y las estrategias, y muy diversos los perfiles de los y las que se unieron a los viequenses. La estrategia legal (acudir a los tribunales, los argumento jurídicos y los talleres de capacitación en temas legales) fue una de tantas estrategias que se utilizaron, pero solo una de tantas. Los mecanismos legales no acapararon o colonizaron el todo del movimiento, fueron importantes pero no exclusivamente protagónicos.
En otras palabras, el Derecho no lo es todo, eso estuvo claro.
Y es que también mucho se ha escrito del uso del Derecho como herramienta de cambio social y de la importancia de que ese uso no controle y excluya otros saberes y otras racionalidades importantes en el proceso de organización social y comunitario. Así pues, conscientes de lo que tenemos que aportar, los abogados y abogadas necesitamos estar también alertas de que en estos procesos sociales complejos, el Derecho es solo una de las vías, importante sí, pero no la única.
En ese sentido es importante recordar -cuando estemos imbuidos en el proceso- que existen otras miradas ciudadanas y también otros profesionales que tienen que aportar con otras perspectivas. Esto no es solo para nosotros los abogados y abogadas sino que también es una actitud frecuente que muchos ciudadanos y otros profesionales ven al abogado como el ente con más que decir o con ‘la última palabra’. Hay que romper con ese mito que sirve para simplificar controversias muy complejas bajo la ecuación de si algo es legal o ilegal. En las controversias sociales hay mucho más que decir y lamentablemente la ecuación de la legalidad silencia otros temas.
En el Caño esto se ha hecho claro, los resultados son importantes, pero los procesos para llegar a los resultados también lo son. Los objetivos como el apoderamiento y la participación de jóvenes y adultos en la toma de decisiones han sentado la pauta. La innovación de mecanismos, las actividades para adolescentes dirigidas al manejo de la violencia y la sensibilidad hacia las diferencias políticas, religiosas y de origen también han sido factores que han pesado en la toma de decisiones. Se ha sabido aquilatar tomando en cuenta una serie de factores, incluyendo los legales, y los abogados y abogadas hemos estado ahí conscientes de nuestro rol y de que el Derecho no lo es todo en estos escenarios.
Los(as) abogados(as) somos colaboradores
Finalmente, conscientes de lo anterior, los abogados y abogadas colaboradores del Caño han sido cuidadosos de no servir para excluir otros análisis bajo una mirada simplificadora de si X legal o no. En las reuniones de las juntas asesoras, comités y reuniones comunitarias, diferentes ideas surgían provenientes de diferentes miradas, y la legal estaba ahí pero nunca reclamó ni ha reclamado un saber superior ni exclusivo. La perspectiva legal ha sabido convivir y aprender de los saberes y experiencias de los y las residentes del Caño y de otros profesionales.
Los(as) abogados(as) deben estar ahí para asesorar sobre el derecho aplicable, para sugerir nuevas miradas en que el Derecho puede servir, para advertir sobre las consecuencias legales de una u otra decisión, pero siempre claros de que nuestra mirada no es la única e incluso advirtiéndole a muchos -que creen que “lo legal” será lo que resolverá el asunto- que no necesariamente ese abordaje es el más importante, aunque en el algún momento puede que lleguemos a la conclusión de que deba adquirir más relevancia. En fin, el profesional del derecho en este proyecto ha aportado sin imponer sus perspectivas y a la vez se ha nutrido de las experiencias de otros y otras. Esto ha servido para apoderar a los líderes del Caño de conocimiento jurídico y para proveerles con herramientas para entender mejor el funcionamiento del sistema legal y ha permitido que las comunidades seleccionen cuándo los argumentos y herramientas legales deben utilizarse en mayor o menor grado para adelantar sus propósitos. Así, el Derecho es más efectivo como herramienta de cambio social y los abogados y abogadas somos más efectivos.
Estos son solo algunas de las dimensiones relacionadas al Derecho y a la profesión legal que valen destacarse de este ejemplo del Caño. Estoy segura que en otros contextos puertorriqueños hay miles de ejemplos que nos pueden llevar a reflexionar sobre el Derecho en nuestro país y sobre el perfil y ejercicio de nuestra profesión. Lo importante sería aprender de estos escenarios y reafirmar nuestro compromiso de poner nuestros saberes, experiencias y herramientas de manera efectiva para adelantar contextos más justos.
