28-AGOSTO-2009 | EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA
Alto a la afrenta contra el colegio
Ninguna contribución mejor haría a Puerto Rico el Senado que impedir que sea consumada la embestida de un sector de la Cámara de Representantes contra una institución nacida hace cerca de 170 años al calor de la defensa de los sin voz y como centinela del Derecho, la justicia y la igualdad.
Una embestida basada en la sinrazón, porque a la autora de la medida -irónicamente abogada-, la representante Liza Fernández, y a algunos de sus colegas y correligionarios no les gusta que sus asociados elijan presidentes de una ideología que no es la suya. Que la institución alce su voz en defensa de causas minoritarias. Que sea firme y constante en la denuncia de atropellos por parte del Estado –bajo todos los gobiernos, por cierto- y que preste o alquile sus salones para la celebración de actividades con las que los pretendidos censores de turno en la Cámara no comulgan.
Permitir el Senado que ese plan desarticulador prevalezca sería ayudar a que se profundice el estado de crispación que padece el País, a reforzar un ambiente oficial de confrontación y a radicalizar el deplorable patrón de conducta del PNP de incautarse o de eliminar toda entidad o actividad que considere “disidente”.
Ese peligro de tan insospechadas consecuencias puede ser detenido por el Senado una vez concluidas las audiencias, las cuales, de paso, constituyen un desagravio al atropello en que se desarrollaron las celebradas en marzo pasado por la Comisión de lo Jurídico y Ética de la Cámara de Representantes.
El oprobio que resulta de ese empeño de eliminar el mensajero porque no gusta el mensaje, es una crasa negación de la esencia misma de la democracia, de la que tanto gustan alardear precisamente quienes con esa legislación pretenden aniquilarla, silenciando una institución que desde 1840 -con éxito para el País en general, no para intereses particulares- ha levantado una voz crítica, tan asentada en el Derecho que ha sobrevivido a gobernadores y mayorías legislativas de distintas ideologías.
En el virulento ejercicio legislativo para acabar con el Colegio de Abogados no se ha presentado hasta ahora un solo exhibit -para utilizar una palabra propia de abogados- que evidencie violación alguna por parte de los oficiales de la institución de los articulados, reglamentos y disposiciones que rigen al Colegio. Todo ha sido una repetición molesta e importuna sobre supuestos desvaríos ideológicos de los dirigentes de la institución.
Por lo demás, hace más de tres lustros que el Tribunal federal en San Juan emitió, luego de varios años de litigio, el procedimiento a seguir para el cobro de las cuotas de los colegiados, que garantiza los derechos de quienes disienten de las actividades del colegio que impugnan.
Y esto es importante, como también lo sería que el Colegio modernice electrónicamente su sistema de votación interna, lo que significaría una aportación más al ejercicio efectivo de ese derecho por parte de sus miembros.
El Colegio de Abogados no será, y no lo es, una institución perfecta. Pero lanzarla al camino de la destrucción mediante un acto de “fiat” legislativo constituiría un precedente nefasto para la diversidad de estilo, de pensamiento y de opinión en que necesita reafirmarse cada día la democracia puertorriqueña.
