El tema de la(s) violencia(s) contra las mujeres sigue siendo pertinente, en el hoy y en el ahora puertorriqueño, diríamos, más que nunca. Públicamente hay consenso de que no debe permitirse, que es un asunto intolerable, doloroso, vergonzoso para la sociedad. Hay legislación que lo atiende, pionera, por cierto, en América Latina; hay jurisprudencia sobre el tema; hay doctrinas en derecho penal; la prensa lo reseña en cada historia de mujeres que a diario sufre la violencia más extrema hasta la muerte. ¿Entonces? Las violencias se hacen más o menos evidentes, unas sustentan a otras y éstas nacen de las relaciones de poder de la cotidianidad, institucionales o no. Por eso, las fórmulas van, tienen que ir, en más de una dirección y aunque el tema de la violencia contra las mujeres se relaciona y debe relacionarse urgentemente a detener las muertes de las mujeres por violencia, hay violencias institucionales que alimentan las primeras. En esto hay consenso también, el asunto es complejo, arraizado en paradigmas difíciles de desarraizar y las estrategias son múltiples, desde las más urgentes hasta las más a largo plazo. También es necesario prestar la mirada atenta a visibilizar cómo otros temas, supuestamente generales y 'gender-neutral' que se tocan en la esfera pública, atañen a la larga al tema de las violencias contra las mujeres.
Pero lo que sí resulta imperdonable como sociedad es que echemos atrás lo que ha costado años en construir, políticas públicas que de a poquito han intentado atender el problema de la violencia contra las mujeres e instituciones que fueron creadas precisamente para atender estas problemáticas con una óptica expresamente dirigida al problema. Y eso es lo que está ocurriendo en Puerto Rico, directa e indirectamente, luego de logros vitoreados dentro y fuera del país respecto a instituciones y políticas públicas que intentan atender el asunto de género y violencia, mucho se viene al piso. Otro asunto son las relaciones de poder y estructurales que entroncan la violencia y el poder que la sustenta. Veamos el asunto institucional tomando como marco de referencia las tres ramas de gobierno, hacia donde se encaminan las instituciones en PR sobre este tema y algunos apuntes sencillos, aunque incompletos, a manera de señalamientos y lineamientos futuros.
Rama Legislativa
Sobre la Rama Legislativa podemos señalar lo que usualmente señalamos, la desproporción representativa entre hombres y mujeres en ese cuerpo que aunque pueda irse achicando la brecha, lo cierto es que sigue igual, aún con una mayoría femenina que va a las urnas. En la Cámara de Representantes hemos contado con Presidentas, pero como hemos señalado en otros momentos, no se trata solamente de un asunto numérico, si no otra vez de un asunto de poder y actitudes y no hay más que escuchar cualquier día al Presidente del Senado, los estilos de comunicación y las formas en que se conducen los trabajos legislativos. Se puede señalar también como ejemplo, la dirección y presidencia de comisiones importantes como la de nombramiento o la de 'lo jurídico', tradicionalmente en manos de hombres. Los asuntos discutidos y atendidos en la mayoría de las comisiones no se ven entonces como un asunto de implicaciones para las mujeres asumida tal identidad, sino que se descansa en que la comisión de las mujeres o el caucus de mujeres atiendan asuntos 'propios'. Pero nuevamente, el asunto de representación es importante, pero no el único.
Tomemos como ejemplo el tema de la aprobación de proyectos por descargue, la falta de discusión y debate en el pleno de ambos cuerpos legislativos, la privación de expresión de los opositores, de los insultos como el que el Presidente del Senado le hizo a la senadora González, ni hablar. A lo que me refiero es que el asunto de violencia directa y violencia estructural contra las mujeres se afecta por estos asuntos. El no contar con una democracia robusta, ni siquiera representativa, ni hablar de modelos de democracia deliberativa o participativa que es hacia donde deberíamos movernos, va en contra, en detrimento de las mujeres. Al ser de por sí entes que tradicionalmente se relegan a la esfera privada, si ya de por sí que esten en la vida de la 'polis' es dificil, mucho más dificil para las mujeres que participan y para las que no, pero sobre todo para las mujeres en general que dependemos de estos procesos para lograr política pública que atienda nuestros problemas. Los asuntos de falta de procesos adecuados, democráticos, prístinos cuando se adpota legislación, son asuntos también medulares y que atañen a las mujeres y al problema de la violencia. Así, somos víctimas de una doble exclusión. La aprobación de la Ley 7 y el nombramiento de la Procuradora de las Mujeres son dos ejemplos.
Con los procesos legislativos truncos como se esta llevando a cabo, lejos de buscar medidas para atender los problemas acuciantes para las mujeres, se permite y facilita la aprobación de medidas en detrimento de las mujeres, sin que siquiera podamos medir y atisbar el impacto y en exclusión nuestra como ciudadanas políticas. Se entronca, perpetúa e institucionaliza desde esta Rama las violencias contra las mujeres.
Exigimos verdaderos procesos democráticos en nuestra Asamblea Legislativa, verdadera representación como ciudadanas y sujetas de derecho, debates serios, robustos, respetuosos de la pluralidad de la sociedad puertorriqueña, participación en los procesos y marcos de discusión capaces de recoger las perspectivas de las mujeres y no bajo premisas exclusivamente masculinas de 'la sociedad puertorriqueña' bajo un manto ficticio de neutralidad pero que encierran exclusión de la mayoría de lxs electorxs puertorriqueñxs.
No más violencia institucional legislativa contra las mujeres.
-Rama Ejecutiva y organismos autónomos
Aquí hay un mundo por decir, desde la 'palabra de hombre' del gobernador Fortuño, hasta la caracterización que hizo la nueva Procuradora de las Mujeres sobre los problemas de las mujeres en el país. Para ella, su rol es 'concienciar' a todos sobre estos problemas, y atender también a los hombres, a los viejos, a los niños...y claro, según la política de La Fortaleza... (nooo, si precisamente de eso se trata!, de fiscalizar a La Fortaleza y al gobierno en el cumplimiento con los derechos de las mujeres!, caramba, pensamos que no hubiésemos tenido que regresar a tener que explicar este hecho básico) En fin, ahora la Procuraduría se ha convertido en un organismo administrativo autónomo 'que no discrimina'. De discriminar se trata, porque se trata de atender los problemas que confrontan las mujeres, bajo el entendido básico de que estas ciudadanas en el sentido político de la palabra han sido y continúan siendo discriminadas, violentadas, maltratadas y hay que poner recursos adicionales para intentar equipararlas como ciudadanas con el respeto que se merecen. Cuando el mundo va en otra dirección, nosotros en PR que una vez fuimos modelo para el mundo, acabamos de perder de facto a uno de los mecanismos institucionales de mayor vanguardia y más fuertes que tuvimos porque para eso precisamente se crearon en su día los organismos autónomos. A esta visión se añade el desmantelamiento institucional, presupuestario y laboral de esta oficina.
Esto se ha sustituido con una campaña que le dice a los hombres que 'den su palabra de hombre' para no maltratar a las mujeres. Así, nos apartamos de políticas públicas que atajan el asunto como un asunto de poder, complejo, discursivo, social para simplificarlo como un asunto de meros individuos que 'faltan a su promesa de hombre'. Mientras, aumenta la violencia contra las mujeres y disminuyen los mecanismos para atenderla con el rigor y atención que merece.
Exigimos el cese de las políticas del Ejecutivo que mantienen en desventaja a las mujeres y las hacen cada vez más vulnerables y sujetas a la violencia. Reclamamos una verdadera Procuraduría de las Mujeres, el cese del desmantelamiento de los servicios y derechos económicos y sociales, el cese de los desaolojos de comunidades y una atención directa y verdadera al tema de la violencia contra las mujeres.
No más violencia institucional ejecutiva contra las mujeres.
-Rama Judicial y sistema de justicia
En 1995, el sistema de tribunales emitió un ‘Informe sobre el Discrimen por razón de Género en los tribunales’. Este informe visibilizó los problemas de fondo en la implantación, por ejemplo, de la Ley contra la Violencia Doméstica. El informe reseñaba ejemplos de policías, fiscales y jueces que mediante comentarios machistas miraban con desdén o simplemente descartaban como poco importante el asunto de la violencia contra las mujeres. Los funcionarios entendían el asunto de la violencia contra las mujeres como una asunto privado, de familia, de ‘líos de faldas’ o meras peleas ‘propias’ de la relación íntima y por ende, desatendían la gravedad de los problemas y cerraban las puertas institucionales. De la misma forma, en el 2001, cuando se celebró el ‘Primer Congreso de Acceso a la Justicia’, se abordó el tema de género y el de violencia como un asunto primordial del tema del acceso a la Justicia. El informe resultado de este congreso produjo recomendaciones especializadas de los diversos grupos de trabajo y en el 2004, la Conferencia creó un Comité de Igualdad y Género para la implantación y seguimiento de recomendaciones.
Es importante, sin embargo, el seguimiento de estas iniciativas y el monitoreo que le pueda dar esta rama de gobierno al tema. Es evidente que para un verdadero acceso a la justicia el tema de género y de violencia contra las mujeres es parte protagónica para que esta rama tenga un ambiente hiper-sensible a los problemas directos y subyacentes en el tema de violencia contra las mujeres.
Las mujeres somos ciudadanas políticas, sujetas de derecho, aunque el imaginario del sujeto de derecho sea masculino y el asunto de las mujeres se vea como una 'excepción', ya es hora que el tema de género y la violencia contra las mujeres se atienda como un tema medular del acceso a los tribunales y no como un asunto accesorio. Esto implica pensarlo e incluirlo en todas las decisiones administrativas transversalmente, no solo en la asignación de salas especializadas sino, además, en los horarios, la determinación de aranceles y la adopción de reglas, entre otras.
También, es importante que los jueces y juezas, en sus metodologías de adjudicación y al atender las controversias, se tomen en serio las desigualdades de poder y los problemas que confrontan las mujeres. El formalismo jurídico se plantea insuficiente para atender los problemas más acuciantes de sectores como las mujeres. Hace falta un acercamiento por parte de jueces y juezas que al atender las controversias asuman conscientemente las premisas de la igualdad plural, una igualdad de la diferencia que reconozca que las mujeres han pasado y todavía pasan por situaciones y circunstancias distintas y que como sujetas de derecho han estado en plena desventaja. Abordajes críticos y feministas del derecho abogan hace mucho por una adecuación metodológica en este sentido y no solo me refiero a los casos penales de violencia doméstica o a casos de familia, sino a mirar las controversias de derecho también desde una perspectiva de género, esto es, en casos laborales, de derechos de propiedad, constitucionales, electorales, todos, porque la violencia contra las mujeres es un asunto de poder, y el poder se encarna en todos los quehaceres.
En cuanto a la composición del Tribunal Supremo, no basta una cuota en la representación de género. Aunque ese asunto es importantísimo, valga resaltar otros asuntos que no se ven directamente relacionados con el tema pero que guardan una importantísima relación con los derechos de las mujeres. Como mínimo preocupan pronunciamientos emitidos por los jueces del actual Tribunal. Tómese por caso las expresiones del Juez asociado Kolthoff quien ha aludido a la importancia de proteger lo que las mayorías refrenden; o el notorio señalamiento del Juez asociado Martínez Torres respecto a la marea judicial. Aunque las mujeres somos una mayoría numérica, no lo somos si se toma en cuenta los discursos hegemónicos, las instituciones y valoraciones patriarcales y discriminatorias que algunos podrían bien levantar como bandera cultural o de tradición, para justificar negar derechos a las mujeres. No olvidemos, que los derechos fundamentales sirven como cartas de triunfo y garantías contra las imposiciones tradicionales o fundamentalistas de mayorías.
Entonces, ¿qué significa esta 'nueva' filosofía del nuestro Tribunal Supremo para fundamentar sus decisiones?. Significaría dejar desprovistas a las mujeres, a la diversidad de mujeres, de sus derechos individuales, sobre su cuerpo, su sexualidad, su derecho a la felicidad, a llevar un estilo de vida de acuerdo con su plena libertad y autonomía y a los valores y creencias que tengan, aún cuando éstos sean diferentes y no vayan con la marea mayoritaria. El discurso acuñado por la nueva mayoría del Tribunal significaría negarle la protección a su dignidad y a la de su cuerpo, o, por ejemplo, protección cuando se enfrenta a una situación de violencia de pareja y está en una relación homosexual, en otras palabras, la negación del reconocimiento de sus derechos fundamentales en situación de igualdad con el resto de los ciudadanos.
Otro tema sería la dinámica profesional de los abogados y abogadas, las faltas de respeto solapadas, la minimización y los estilos machistas en las relaciones entre colegas, tanto en los tribunales como fuera de ellos. Estos estilos y estas violencias también se entronizan en las escuelas de derecho, en la toma de decisiones respecto a la educación jurídica y en las dinámicas cotidianas en las facultades que pretenden imponer estilos masculinos a las académicas del derecho, en ocasiones penalizándolas o buscando su invisibilización por éstas no ajustarse a los parámetros y valoraciones masculinas del ‘profesor de derecho’ o el jurista.
Esto también es refrendar, avalar y perpetuar la violencia contra las mujeres por otros medios.
Exigimos mecanismos institucionales para atender la discriminación y un verdadero acceso a la justicia para las mujeres, además de perspectivas de género y miradas inclusivas, vanguardistas e igualitarias para las mujeres en la adjudicación de controversias y el respeto y vindicación de nuestros derechos fundamentales como individuas en esta sociedad, una visión adjudicativa y constitucional respetuosa de la dignidad de las mujeres como sujetas de derecho y el no menoscabo y sacrificio de nuestra dignidad y derechos bajo la premisa de protección de la tiranía de mayorías.
No más violencia institucional en el sistema de justicia contra las mujeres.
-Otros asuntos estructurales
Si bien no cesamos de escuchar de los casos de violencia contra las mujeres y hay que atenderlos con urgencia, con medidas urgentes, cautelares, pragmáticas y preventivas a corto y largo plazo, a la vez hay que verlo y atenderlo como un asunto serio de poder, del poder visto en las prácticas cotidianas e institucionales que manifestado en lo que parecería inofensivo, es el motor de la violencia más cruda en esos casos de violencia que Verónica y la prensa reseña. Corto y largo plazo, asuntos instuticionales y asuntos de poder, es necesario y urgente atender el asunto.
-Desigualdad y Pobreza, Desempleo, Participación democrática
Tres temas estructurales para el tema de las violencias contra las mujeres. Ya también se conoce que las mujeres son las más pobres, las más desiguales, y a las que más dificil se les hace la vida participativa en términos políticos amplios. Las políticas actuales del gobierno que visualizan al gobierno con manos afuera de estos temas, tienen la consecuencia de incrementar estos problemas para las mujeres y por ende, ponerlas en situaciones de mayor vulnerabilidad y más sujetas a situaciones de violencia y falta de seguridad, en su casa, en la relación de pareja, con su patrimonio (o sin él), en el trabajo, en la calle, más sujetas a vandalismos, etc... Ya antes en una entrada en este blog cuestionamos la falta de discusión sobre el impacto de la famosa Ley 7 para las mujeres. Estos temas como la Ley 7, la Ley de Cierre, la reforma legislativa, la restructuración de las agencias del Ejecutivo, la política del Departamento de la Vivienda, el desplazamiento comunitario, el presupuesto son asuntos de las mujeres!.
Estos asuntos simplemente no se discuten o debaten en la Asamblea Legislativa o por Ejecutivo y muy poco o nada leemos de la pluma de los y las juezas sobre los temas. Al menos en el tema medular para el país en el último año, la implantación de la Ley 7 y la reforma gubernamental y legislativa, no parece habersele dado la atención que merece y ciertamente estan fuera del debate público en momentos de la aprobación de leyes o acciones del Ejecutivo. De hecho, en cuanto a los despidos y la Ley 7 tomo tiempo para que surgiera como una preocupación o tema que ni siquiera hubiera surgido si el Movimiento Amplio de Mujeres no alerta. ¿qué pasó con los y las repsentantes del pueblo cuya mayoría son mujeres? ¿y los caucus de mujeres? ¿partido de oposición? ¿sectores 'progres'? ¿la prensa? Es más complicado, la representación no basta, son necesarios nuevos marcos de referencia, nuevas relaciones de poder. Mientras las relaciones de poder continúen como están, el binomio violencia-poder juega el juego protagónico contra las mujeres.
Estas circunstancias y la política del gobierno de desmantelar los mecanismos institucionales que intentan salvaguardar los derechos económicos y sociales agravan la situación de violencia contra las mujeres. Vaticino: un aumento en la violencia contra las mujeres, las mismas que por las políticas públicas actuales se quedaron sin empleo, sin vivienda, sin el servicio de trabajadores sociales, con una escuela pública cada vez más detrimente, ahora sin la Oficina de comunidades especiales, sin una Procuradora de las Mujeres que vele por sus derechos y proponga medidas que otros no propondran, sin la oportunidad de acudir al cabildeo legislativo, sin un debate legislativo robusto, sin vistas públicas a las cuales acudir para expresarse y exponer sus perspectivas, sin participación ciudadana, bajo ataque del mismo gobierno contra sus proyectos comunitarios, sin la protección contra la violencia doméstica o los delitos sexuales por parte de policías, fiscales y jueces, sin un abordaje judicial sensible a sus problemas y sujeta, según algunos miembros del Tribunal Supremo, a lo que venga de las mayorías aún cuando sus derechos fundamentales estén en juego. Esto es también violencia contra las mujeres, violencia que sustenta y refrenda la violencia del revolver, del tiro, que permite y se hace cómplice de las historias de mujeres que añaden un número a la cifra.
Exigimos que se atienda la violencia, las violencias todas, las violencias de esta sociedad directas e indirectas, las obvias y las estructurales, contra las mujeres. Exigimos el cese de políticas excluyentes que tienen el impacto de fomentar nuestra exclusión y perpetuar la violencia, las violencias. No bastan las 'palabras de hombre', no las queremos, queremos el reconocimiento en igualdad de condiciones y en igualdad de poder.
Exijamos nuevas relaciones de poder en todas las cotidianidades que rompan con los ciclos de las violencias.
No más violencia institucional ni de ningún tipo contra las mujeres.
