17 Noviembre 2010
Poder sin legitimidad
Efrén Rivera Ramos
http://www.elnuevodia.com/columna-podersinlegitimidad-819625.html
Más de cincuenta profesores de Derecho del País han expresado públicamente sus reservas o su rechazo a la decisión de una mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico de solicitar un aumento en el número de jueces de esa institución.
Más de cincuenta profesores de Derecho del País han expresado públicamente sus reservas o su rechazo a la decisión de una mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico de solicitar un aumento en el número de jueces de esa institución.
El dato es importante. No debe pasarse por alto.
Se trata de personas dedicadas al análisis constante de las decisiones de ese alto foro y al estudio de su comportamiento.
Le siguen sistemáticamente el rastro al desarrollo del derecho puertorriqueño en sus diversas dimensiones. Formulan juicios informados de la labor judicial y tratan de explicarles a sus estudiantes y al resto de la comunidad jurídica la pertinencia de las actuaciones judiciales para el desenvolvimiento de la sociedad.
Han hablado, pues, con conocimiento de causa.
El grupo se ha unido al coro de voces del resto de la profesión jurídica y de otros sectores del pueblo que han criticado el proceder en este asunto de una parte del Tribunal Supremo, así como el modo en que se ha tramitado la cuestión en la Asamblea Legislativa. Ambos, la mayoría judicial y la Legislatura, han optado por cambiar la composición del Tribunal sin discusión. Sin la deliberación propia de un sistema democrático.
El Gobernador ha avalado esa actuación con su firma.
Todo ello apunta a una consecuencia. Si bien el partido de gobierno se ha movido con celeridad y contundencia a controlar el máximo organismo del Poder Judicial, corre el riesgo de lograrlo a cambio de la pérdida de legitimidad del Tribunal.
Desde el punto de vista normativo, la legitimidad se deriva de los principios morales, filosóficos, políticos y jurídicos que fundamentan una determinada autoridad, institución, norma o decisión gubernamental.
Desde el punto de vista sociológico, el concepto alude a la aceptación que pueda generar esa autoridad, institución, norma o decisión en el seno de la comunidad de sus destinatarios.
En uno y otro sentido, la decisión reciente del Gobernador, la Legislatura y la mayoría del Tribunal ha puesto en entredicho la legitimidad del Tribunal Supremo. Los fundamentos ofrecidos en apoyo de la solicitud son endebles. No aguantan agua. Suenan a racionalización, más que a justificación genuina. Por otro lado, su aceptación en la comunidad jurídica y en amplios sectores de la población es, cuando menos, precaria.
El Tribunal Supremo depende para su legitimidad de la fuerza de sus argumentos, del respeto que susciten sus decisiones, de la acogida que logre, en su conjunto, tanto en la comunidad jurídica como entre la población general. Si ese respeto se desvanece, sufre su legitimidad. Ese respeto, sin embargo, no puede simplemente exigirse, sin más. Se lo tienen que ganar los miembros del alto foro con su proceder.
La pregunta que tienen que hacerse quienes gobiernan es de qué vale el control sin legitimidad. Podrá dejar beneficios inmediatos, pero pronto comenzará a perder terreno político y moral.
Cuando lo que importa es el poder por el poder mismo, eventualmente se tendrá que recurrir a la coacción para conservarlo. Y la coacción cruda a la larga genera mayor erosión de la legitimidad. Ello conduce inevitablemente a una gran soledad. La soledad del poder a secas.
