17-AGOSTO-2009 | EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA
Rayo de esperanza para Martín Peña
Aunque temporal, el fallo del Primer Circuito de Apelaciones de Boston a favor del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña que concede un interdicto para que se deje sin efecto la decisión del Gobierno de quitarle las tierras a los residentes de este sector, es un paso alentador en la defensa de la autogestión y el apoderamiento comunitario.
Ha sido un acierto del Primer Circuito de Apelaciones de Boston la concesión de un interdicto preliminar que prohíbe al gobierno de Luis Fortuño y a la administración municipal de Jorge Santini que continúen implementando las disposiciones de la Ley 32 que detuvo la trasferencia voluntaria de los terrenos públicos aledaños al Caño al Fideicomiso.
Con el fallo, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston también emitió una orden para que se celebre una vista evidenciaria en septiembre, donde los demandantes podrán defender su planteamiento de que el Gobierno de Puerto Rico violó los derechos civiles del Fideicomiso de la Tierra al incurrir en una incautación arbitraria y unilateral, violentando la protección constitucional de sus derechos propietarios y contractuales y aplicando retroactivamente una ley en menoscabo de derechos adquiridos.
Oportunidad que fue negada por el juez Francisco Besosa, del Tribunal federal de Distrito en Puerto Rico, quien rehusó atender la solicitud de interdicto del Fideicomiso, el 29 de junio, razón por la cual los demandantes apelaron al circuito bostoniano.
Es claro que la celebración de una vista y el hecho de que se haya emitido el interdicto preliminar no es garantía de que el Fideicomiso ganará el caso. Empero, es la primera vez, desde que comenzó el proceso en que se aprobó la atropellante Ley 32, por el antidemocrático mecanismo de descargue y sin la celebración de vistas públicas, que a los 30,000 residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña, conocidas como G8, se les concede un foro para defender sus derechos. Albergamos la esperanza de que puedan hacerlo con éxito.
Desde que los senadores novoprogresistas Thomas Rivera Schatz y Kimmey Raschke radicaron el desgraciado proyecto que eventualmente terminó siendo la Ley 32, denunciamos en este foro que se trataba de un inconmensurable atropello contra estas comunidades que trabajan para proteger su permanencia, su derecho a superar la pobreza y a obtener una vivienda asequible.
Reiteramos que el fin ulterior de la Ley 32 no es el interés público. Al detener la transferencia de unas 200 cuerdas al Fideicomiso, se desestabiliza la principal herramienta que tienen estas comunidades, piezas vitales del tejido cultural, económico y social de San Juan y de toda la Isla, de ser desplazadas del lugar que han llamado hogar por más de medio siglo. La Ley 32 desprotege a estas comunidades y coarta uno de los esfuerzos de autogestión más importantes que se ha gestado en la Isla en tiempos modernos.
La titularidad colectiva de este terreno es vital para que el Fideicomiso evite el desplazamiento de la comunidad y pueda resolver el histórico problema de tenencia de la tierra mediante un derecho de superficie que puede hipotecarse, heredarse y venderse.
Ojalá el rayo de esperanza que se ha abierto en Boston permita que se detenga el atropello y el asalto a un sector guiado por principios comunitarios y que ha hecho una encomiable labor de promover la autogestión y el desarrollo socioeconómico con agilidad y transparencia.
