GUSTAVO GARCÍA LÓPEZ
CANDIDATO DOCTORAL EN POLÍTICA AMBIENTAL Y ALUMNO DE LA DOCTORA ELINOR OSTROM
Desde el anuncio, en días recientes, de la otorgación del Premio Nobel de Economía del 2009 a la doctora Elinor Ostrom, se han publicado en la prensa del país diversos artículos sobre sus teorías y sobre la relevancia de éstas para enfrentar la actual crisis económica.
Hay quien ha llegado a argumentar que los trabajos de Ostrom apoyan la idea, propulsada por nuestro gobierno actual, de que la empresa privada, y no el gobierno, debe constituir el ‘actor principal’ de la economía.
Nada más alejado de la verdad. Las teorías de Ostrom representan una crítica fundamental a la economía ortodoxa neoliberal, particularmente a la noción de que la privatización es la mejor forma de organizar la gestión económica. Para la investigadora, es necesario superar la dicotomía estado-mercado; más aún, no es posible sostener que la empresa privada es más eficiente que el gobierno.
El éxito de cualquier gestión depende de los arreglos institucionales. Aunque la empresa privada puede funcionar en ciertos contextos, cuando se conduce de manera poco transparente y sin reglas claras resulta ineficiente y desemboca en la inequidad y la corrupción. Esto es precisamente lo que pasó con la privatización del sistema de salud en Puerto Rico y con la desregulación financiera en Estados Unidos.
Ostrom incluso ha demostrado que en muchísimas ocasiones la autogestión de grupos comunitarios puede manejar ciertos recursos con mayor efectividad que la empresa privada o el gobierno, proveyendo protección ambiental y desarrollo social y económico a la comunidad.
Esto pone en tela de juicio otro de los componentes de la política pública del Gobierno: el desmantelamiento de las iniciativas de autogestión comunitaria, en particular el Programa de Comunidades Especiales y el Fideicomiso del Caño Martín Peña.
Por otro lado, Ostrom sostiene que las políticas públicas necesitan un proceso de toma de decisiones transparente, con participación y deliberación de todas las partes, que adjudique responsabilidades, y que distribuya los beneficios equitativamente.
Al contrario de esto, el Gobierno crea comités con representación exclusiva del sector empresarial; ignora los llamados al diálogo por parte de otros sectores; aprueba leyes sin debate público y promueve proyectos que limitan la participación ciudadana en la toma de decisiones, como la propuesta Ley de Permisos.
En fin, de las teorías de la doctora Ostrom podemos concluir que la crisis económica del país se debe a un problema institucional: corrupción generalizada, falta de transparencia e inclusividad en la toma de decisiones, pobre implementación de leyes vigentes, politización del sistema judicial, falta de coordinación interagencial, destrucción de lazos comunitarios y fomento del mantengo.
Y suma y sigue.
