Hoy publicamos una columna en El Nuevo Día titulada ‘El Poder Desnudo’, en la que cuestionamos la legitimidad de la actuación de los componentes del poder legislativo que parece normalizarse y que nos deja con un cuerpo legislativo cada vez más arbitrario y deficiente en términos democráticos. La aprobación del P. del S. 365 y el maltrato que recibieron los residentes del Caño ejemplifica esta lamentable realidad.
26-MAYO-2009
ÉRIKA FONTÁNEZEl poder desnudo
El pasado jueves vi encarnado el poder desnudo. Es ese poder crudo, carente de legitimación, falto de las razones generalmente aceptadas que legitiman su uso. Irrumpe violentamente. Proviene de unos pocos sobre muchos otros que sufren su peso a través de la Ley. Pude presenciarlo en nuestra Legislatura.
Se trató de la aprobación de un proyecto de ley que busca desmantelar el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. El Fideicomiso de la Tierra es parte fundamental de una iniciativa comunitaria exitosa que ejemplifica los principios de democracia, autogestión económica, superación de la pobreza y un verdadero desarrollo.
Hace cuatro años las comunidades cuentan con este fideicomiso y sus terrenos. Sin embargo, en un proceso atropellado y falto de los más elementales principios de deliberación democrática, en cinco minutos, el Senado aprobó -mediante el abusivo mecanismo de descargue- un proyecto de ley que les quita los terrenos a las comunidades del Caño y echa por la borda años de esfuerzo.
Pero nada de esto se atendió en el hemiciclo del Senado. No hubo deliberación, debate o análisis; sólo arbitrariedad y desdén. En abierto menosprecio, los legisladores tertuliaban, paseaban, reían o dormitaban.
Atónitos, residentes y líderes comunitarios acudieron a la oficina del Presidente del Senado, quien en marzo pasado fue a la comunidad y les prometió a sus integrantes que el proyecto no se aprobaría sin antes garantizarles una reunión. No hubo reunión; ni vistas públicas. A la espe1ra del Presidente, dos de sus asesores salieron a “explicarles” a los ciudadanos que tenían “perfecto derecho a estar allí”, pero que no sería hasta la próxima semana cuando el Presidente les daría “la oportunidad de ser escuchados”.
Hay razones de gran peso para que este proyecto de ley no siga su curso, pero quisiera detenerme en el uso del poder desnudo por parte de nuestros legisladores.
Haber sido electos no hace del ejercicio de poder algo legítimo sin más. Si no hay explicaciones, si no hay deliberación, si se invisibiliza a los perjudicados, ese poder, así desnudo, es ilegítimo. Al usar así el poder, los legisladores actúan contrariamente a las premisas básicas en las que se fundamenta el funcionamiento de instituciones que dicen llamarse democráticas. El poder desnudo deshace la legitimidad de quienes ejercen el poder.
Habrá quien diga que esas acciones están justificadas por la legitimidad que les da el haber sido electos. No. No basta. Valga reiterarlo. Por el hecho de que ciertos hombres y mujeres hayan aceptado contractualmente representarnos, esa relación contractual no está libre de responsabilidades. Se trata de un contrato político que reiteradamente parece incumplirse, normalizándose una deficiencia constante del cuerpo legislativo y de los procesos deliberativos.
Se trastoca el pacto político cuando no hay debates reales y serios en que las partes estén receptivas a cambiar su opinión. Se laceran los principios más básicos de la democracia cuando se normaliza el intercambio de favores a cambio de votos; cuando se legisla a espaldas con abierto desdén a la ciudadanía; cuando no existe interés en escuchar la diversidad de voces; cuando se trata a los ciudadanos como si se les hiciera un favor o si bastara “la oportunidad” de escucharlos tardíamente; se derrumba el manto de legitimidad cuando se les trata como meros espectadores de un proceso que les pertenece de principio a fin. No pueden los legisladores usar el poder desnudo para desarticular las vidas de sus representados y justificar el peso de su poder sobre otros.
Los residentes del Caño se enfrentaron a ese poder, pero ellos saben bien que tienen el perfecto derecho -como lo tenemos todos los ciudadanos- a ser parte activa del proceso democrático. Ellos tienen derecho a que sus representantes cumplan con el pacto político, a que los representen verdaderamente, a que el poder desnudo no se les imponga.
