17.3.10

columna: La UPR y el Tribunal Supremo

17-MARZO-2010 | EFRÉN RIVERA RAMOS

CATEDRÁTICO DE DERECHO

La UPR y el Tribunal Supremo

Dos instituciones del pueblo puertorriqueño enfrentan una seria situación que amerita la más cuidadosa atención de la ciudadanía. Son ellas el Tribunal Supremo y la Universidad de Puerto Rico.


No me refiero al ominoso menoscabo fiscal de la UPR, que, de no subsanarse pronto, podría conducir a un deterioro en sus operaciones académicas difícil de remediar en los años venideros. Ni tampoco a los problemas de acceso a los tribunales de personas y grupos en desventaja que todavía subsisten en nuestro país y que el Tribunal Supremo tiene una especial responsabilidad de atender. Ambos asuntos, de por sí, requieren remedios impostergables de corto y largo plazo.


Aludo ahora, más bien, a la intervención descarnada del partidismo político en el manejo de ambas instituciones.


Se dirá inmediatamante que esto no es nuevo. Que ha ocurrido frecuentemente en el pasado. Eso es cierto. Pero no es argumento que justifique que tal proceder se agudice. Después de todo nuestro pueblo no debe aspirar a recrear incesantemente las prácticas más detrimentales de nuestra cultura política, sino a superarlas y dirigirse por caminos más enaltecedores.


En el caso de la Universidad, basta con referirse al proceso de consulta recién concluido para elegir al presidente de la institución. La intervención de funcionarios de La Fortaleza, según fue informada por la prensa, y la suposición de que sólo podría aspirar al puesto quien gozara del respaldo del partido de gobierno son los botones que prueban que el control político-partidista de la Universidad no es una mera alegación inventada por estudiantes revoltosos o profesores desafectos. Se trata de una realidad palpable.


Para un universitario de muchos años, como el que escribe estas líneas, lo más doloroso ha sido que sectores sustanciales de la comunidad universitaria se prestaran a reproducir la lógica perniciosa de que sólo merecía la pena apoyar a los candidatos “nombrables”, es decir, a los bendecidos políticamente. Con esos truenos, quién sabe qué tempestades se desatarán en torno a los procesos de consulta que acaban de iniciarse para los cargos de rectores de las once unidades del sistema.


En cuanto al Tribunal, lo que hiere al instante la sensibilidad cívica es la aparente lucha que se ha desatado en su seno entre una “mayoría penepé” y una “minoría popular”.


Por supuesto que los jueces, todos, han sido nombrados por su afinidad, de una forma u otra, con el gobernador o gobernadora a quien le tocó llenar las vacantes correspondientes. De eso no cabe duda. Pero siempre se ha supuesto que, una vez nombrados, el origen del nombramiento no debía influir indebidamente en el proceso decisional, en cuanto jueces, de cada uno y cada una de los integrantes de ese cuerpo.


En un tribunal que opere como se espera, las mayorías y minorías deberían estar conformadas en primer lugar por las opiniones de los jueces en cuanto a los méritos de cada caso.


En segundo lugar, por sus actitudes respectivas sobre las doctrinas jurídicas o las metodologías de interpretación aplicables. O por sus posiciones en cuanto a las diversas teorías sobre la justicia o el derecho, sobre las cuales puede haber y, de hecho, hay divergencias razonables entre juristas serios y responsables.


Pero que el tenor de la discusión, la naturaleza de los argumentos y el tono de los planteamientos sean de carácter tan estridentemente partidista como demuestran algunas opiniones publicadas recientemente me parece francamente desastroso. Desastroso para la institución del Tribunal Supremo, para la administración de la justicia y para el país.


Hay que pensar que en ambas instituciones estamos a tiempo para que se corrija el rumbo. Después de todo entre sus integrantes debe existir la reserva cívica suficiente para entender que los desvaríos y desenfoques de un momento no tienen por qué determinar el futuro de las instituciones que tienen en sus manos. Esperemos que así sea.


En todo caso corresponde a la ciudadanía exigir las correcciones necesarias en dos instituciones tan importantes para nuestro pueblo.

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